LUMA acusa al Gobierno de dejarlo en “estado de indefensión”

La tensión entre LUMA Energy y la administración de la gobernadora Jenniffer González subió de tono este lunes durante una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo.

Durante su comparecencia, Michael Juarbe, vicepresidente de Asuntos Públicos de LUMA, alegó que desde el Gobierno se estaría interviniendo de manera indebida en procesos que afectan directamente a la empresa y que esas actuaciones los estarían colocando en un “estado de indefensión”.

Las expresiones cobran especial relevancia por el contexto político que rodea la relación entre LUMA y la actual administración. Durante la campaña electoral, Jenniffer González prometió impulsar la cancelación del contrato de LUMA, uno de los compromisos más contundentes de su plataforma energética.

Vea las expresiones en la Vista Púbica

Ahora, la empresa plantea que desde "arriba" se estaría ejerciendo presión o interviniendo en procesos de forma que perjudique su posición.

El señalamiento de Juarbe puede interpretarse como una acusación seria: que el Ejecutivo no solo estaría fiscalizando el desempeño de LUMA, sino que podría estar actuando para debilitar a la compañía de cara a una eventual cancelación contractual.

Y ahí está el punto más delicado.

Para cancelar un contrato de esta magnitud, el Gobierno tendría que sostener su posición con incumplimientos, deficiencias o bases contractuales suficientemente fuertes. Por eso, la alegación de LUMA sugiere que la administración de González estaría creando o reforzando un escenario adverso para la empresa con el fin de justificar esa salida.

Eso no significa que esa versión haya sido probada. Hasta el momento, se trata de la postura expresada por LUMA en una vista pública. Pero sí añade una nueva capa a la controversia.

Ya no se trata solamente de apagones, métricas de desempeño, servicio al cliente o responsabilidades contractuales. Ahora LUMA está diciendo públicamente que el propio Gobierno podría estar interfiriendo de manera que les impida defenderse adecuadamente.

La expresión de Juarbe también deja otra pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno que públicamente prometió cancelar un contrato mientras, al mismo tiempo, interviene en procesos que podrían terminar justificando esa misma cancelación?

El choque entre LUMA y La Fortaleza parece entrar así en una etapa más agresiva, con acusaciones que ya no son meramente administrativas, sino también políticas