Politank habría recibido fondos federales que HUD prohibió para cabilderos
Según el reportaje investigativo de otro medio, la empresa obtuvo $141,771 tras identificarse como asesora tecnológica obviando así las reglas de HUD
Por Redacción InDiario|Política|
Politank Corp., empresa fundada por el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, recibió $141,771.02 mediante un programa federal que excluye a las firmas dedicadas al cabildeo, según una investigación de la periodista Gelmary Rivera para el programa Directo y Sin Filtro, de ABC Puerto Rico.
Según el reportaje, los fondos fueron concedidos mediante dos desembolsos del Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas, conocido como SBF por sus siglas en inglés, financiado con fondos CDBG-DR y administrado por el Departamento de la Vivienda.
De acuerdo al reportaje, el primer desembolso ocurrió en 2021. El segundo se realizó a finales de diciembre de 2024, a pocos días de que Jenniffer González Colón juramentara como gobernadora de Puerto Rico, con Domenech como uno de sus principales asesores.
Reglamento excluye a firmas de cabildeo
La sección 8.2 de las guías del Programa SBF establece que las firmas de cabildeo no son elegibles para recibir estos fondos.
Politank, sin embargo, alegadamente no se identificó en su solicitud como una empresa dedicada al cabildeo, pese a figurar registrada como tal ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
De acuerdo con los documentos reseñados por ABC Puerto Rico, la compañía se presentó como una firma de asesoramiento tecnológico. Durante el proceso de evaluación, Vivienda habría utilizado una clasificación correspondiente a “Oficinas de Abogados”, en lugar de evaluarla como una firma de cabildeo o de asuntos gubernamentales.
De haberse clasificado como firma de cabildeo, Politank presuntamente habría quedado comprendida dentro de la exclusión establecida en la sección 8.2 del programa.
Más de mil solicitudes fueron rechazadas
Las estadísticas del Programa SBF reflejan que el Departamento de la Vivienda recibió 7,315 solicitudes.
De ese total, 1,083 fueron declaradas no elegibles. Politank, en cambio, superó el proceso de evaluación y recibió dos desembolsos que, en conjunto, ascendieron a $141,771.02.
El dato plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados por Vivienda para verificar la actividad comercial de los solicitantes y si la agencia contrastó la información incluida en la solicitud con el registro de Politank ante el Departamento de Justicia.
Vivienda conocía sus servicios gubernamentales
Según la investigación, Vivienda confirmó que Politank le informó que ofrecía servicios de “consultoría y asuntos gubernamentales”.
A pesar de tener esa información, la agencia determinó que no procedía exigirle el formulario federal relacionado con actividades de cabildeo, debido a la clasificación comercial utilizada para evaluar la solicitud.
En su respuesta escrita, Vivienda sostuvo que el formulario “no procedía requerir […] en este caso particular”.
La determinación cobra relevancia ante el lenguaje de la sección 8.2, que excluye a las firmas de cabildeo del programa. Queda por determinar si la prestación simultánea de servicios legales, tecnológicos o de consultoría alteraba la aplicación de esa prohibición en el caso particular de Politank.
Vivienda reclamó $50,000 y luego cerró el caso
La investigación reveló, además, que el 3 de julio de 2024 Vivienda solicitó a Politank la devolución de $50,000.
Un mes después, el 2 de agosto, la agencia cerró el caso como cumplido sin que la empresa tuviera que devolver el dinero reclamado.
Vivienda explicó que el requerimiento fue dejado sin efecto como resultado del proceso reglamentario de reconsideración contemplado en el programa. La agencia sostiene que se trató del trámite ordinario aplicable a estos casos.
Según los documentos reseñados, ese mismo 2 de agosto Domenech —quien todavía mantenía participación en Politank— envió un correo electrónico a miembros de su equipo instruyéndoles guardar la notificación en el expediente de la compañía. Funcionarios de Vivienda aparecían copiados en la comunicación.
Versión de Domenech no coincide con la cronología
Al ser cuestionado sobre la decisión de Vivienda de dejar sin efecto la devolución de los $50,000, Domenech indicó que desconocía el asunto porque, según afirmó, ocurrió después de que se desvinculara de la empresa el 31 de diciembre de 2024.
Sin embargo, los documentos reseñados por ABC Puerto Rico sitúan la reconsideración y el cierre del caso el 2 de agosto de 2024, aproximadamente cinco meses antes de la fecha mencionada por el funcionario.
El alegado correo electrónico enviado ese mismo día también reflejaría que Domenech tuvo conocimiento de la notificación mientras todavía mantenía participación en la compañía.
Segundo desembolso llegó antes del cambio de gobierno
El segundo desembolso otorgado a Politank se produjo a pocos días de que González Colón tomara posesión como gobernadora, el 2 de enero de 2025, con Domenech como uno de sus principales asesores.
El pago formó parte de una secuencia de acontecimientos ocurridos entre el 19 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025.
Durante esos catorce días se registraron la transferencia de la empresa a un nuevo propietario, el segundo desembolso del Programa SBF, la salida de Domenech como accionista, el alegado pago de $4 millones por sus acciones y la juramentación de la nueva gobernadora.
La secuencia aumenta el interés público sobre el proceso mediante el cual se evaluó la solicitud y se realizaron los desembolsos.
Sobran interrogantes
Son múltiples las contradicciones y las preguntas que surgen de los documentos reseñados.
La principal interrogante es cómo una empresa registrada ante el Departamento de Justicia como firma de cabildeo logró cualificar para un programa que excluye a ese tipo de negocio. Según la investigación, Politank se presentó como una firma de asesoramiento tecnológico y Vivienda la clasificó como oficina de abogados, aunque la compañía informó que ofrecía servicios de “consultoría y asuntos gubernamentales”.
También queda pendiente una explicación más detallada sobre por qué Vivienda determinó que no procedía exigir el formulario federal de cabildeo, pese a conocer la naturaleza de esos servicios. La pregunta adquiere mayor relevancia al compararse con las 1,083 solicitudes declaradas no elegibles entre las 7,315 recibidas por el programa.
A ello se suma la decisión de dejar sin efecto la devolución de $50,000 que Vivienda había reclamado un mes antes. La agencia sostiene que se trató de una reconsideración ordinaria, pero todavía queda por explicar qué información justificó revocar el reclamo y cuáles criterios se aplicaron para cerrar el caso como cumplido.
La versión ofrecida por Domenech también deja una aparente contradicción. El funcionario afirmó desconocer la reversión porque supuestamente ocurrió después de su salida de la empresa. Los documentos reseñados, sin embargo, ubican la decisión el 2 de agosto de 2024 y alegadamente muestran que ese mismo día instruyó a su equipo a guardar la notificación en el expediente.
Las preguntas no son menores: ¿quién verificó la actividad comercial de Politank? ¿Por qué prevaleció la descripción incluida en la solicitud sobre su registro como firma de cabildeo? ¿Qué fundamento justificó la reconsideración de los $50,000? ¿Se aplicaron los mismos criterios a los demás solicitantes?
Son interrogantes que podrían ameritar respuestas documentadas de Vivienda, una vista de supervisión legislativa sobre el Programa SBF y una evaluación de la Oficina de Ética Gubernamental. El uso de fondos públicos exige transparencia, consistencia y rendición de cuentas..
Este reportaje utiliza información y documentos revelados originalmente por la periodista Gelmary Rivera en el programa Directo y Sin Filtro, de ABC Puerto Rico.
