PPD busca preservar exoneración del CRIM a adultos mayores

Medida del PPD busca impedir que adultos mayores pierdan la exoneración de sus viviendas al ingresar a centros de cuidado prolongado.

Por Francisco Rodríguez-BurnsPolítica|

El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, y la senadora Ada Álvarez Conde (Suministrada)
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Los adultos mayores que necesitan trasladarse a centros de cuidado prolongado podrían contar con una protección adicional para conservar la exoneración contributiva de sus viviendas, de aprobarse una medida presentada este lunes por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado.

El Proyecto del Senado 1543 propone prohibir que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) revoque o deniegue la exoneración residencial de una propiedad principal por el hecho de que su propietario se encuentre ingresado en un centro de cuidado prolongado.

La iniciativa busca atender una situación que puede surgir cuando una persona, particularmente de edad avanzada, deja de residir físicamente en su vivienda porque necesita asistencia continua o servicios especializados de cuidado.

Bajo las disposiciones actuales del Código Municipal de Puerto Rico, la exoneración residencial constituye uno de los mecanismos mediante los cuales determinados propietarios pueden recibir alivio en el pago de contribuciones sobre bienes inmuebles.

Sin embargo, el requisito de residencia principal plantea interrogantes sobre el tratamiento contributivo de una vivienda cuando su propietario debe trasladarse a una institución por razones relacionadas con sus necesidades de cuidado.

La propuesta legislativa busca establecer expresamente que esa circunstancia no sea, por sí sola, motivo para perder el beneficio.

Para ello, la medida enmendaría el Artículo 7.035 de la Ley 107-2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, mediante cambios al inciso (d) y la incorporación de un nuevo inciso (h).

La legislación tendría particular relevancia para personas que mantienen la titularidad de sus residencias, pero que por sus circunstancias personales ya no pueden habitarlas permanentemente.

El asunto también plantea interrogantes sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar una persona mayor si, además de asumir los gastos asociados con su cuidado, tuviera que responder por nuevas obligaciones contributivas relacionadas con su vivienda.

La propuesta fue anunciada durante una conferencia de prensa en la que el portavoz popular, Luis Javier Hernández Ortiz, y otros integrantes de la delegación presentaron iniciativas dirigidas a atender necesidades de la población de mayor edad.

El anuncio ocurre en un contexto de transformación demográfica, marcado por el aumento de la proporción de adultos mayores en Puerto Rico.

Según el Instituto de Estadísticas, en 2025 había aproximadamente 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, una relación que refleja el creciente peso de esta población en la estructura demográfica del país.

La iniciativa también abre una discusión sobre la necesidad de adaptar las disposiciones contributivas a circunstancias relacionadas con el envejecimiento, la dependencia y el cuidado prolongado.