Proyecto Dignidad condiciona su respaldo a Esencia
La colectividad apoya la inversión privada, pero exige evaluaciones independientes, transparencia y protección de los recursos naturales.
Por Redacción InDiario|Política|
Proyecto Dignidad expresó su respaldo a la inversión privada y al desarrollo económico de Puerto Rico, pero reclamó una fiscalización rigurosa del proyecto turístico y residencial Esencia, propuesto para Cabo Rojo, ante las preocupaciones sobre su posible impacto ambiental y sobre la infraestructura pública de la región.
La presidenta de la colectividad, Nilda Pérez Martínez, sostuvo que los propietarios de los terrenos tienen derecho a desarrollar sus inversiones conforme a la legislación vigente. No obstante, indicó que el Gobierno debe garantizar que cualquier proyecto de gran escala proteja los recursos naturales, el acceso público a las playas y los servicios esenciales utilizados por las comunidades.
“Cuando un desarrollo requiere acceso a infraestructura pública o puede impactar recursos que pertenecen a todos los puertorriqueños, el Gobierno tiene el deber de garantizar que ese desarrollo sea verdaderamente responsable, transparente y sostenible”, expresó Pérez Martínez.
La dirigente política afirmó que la postura del partido no busca detener el proyecto, sino procurar que su evaluación se realice con evidencia científica, transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El proyecto Esencia ha generado cuestionamientos de organizaciones ambientales, residentes y otros sectores por sus posibles efectos sobre acuíferos, humedales, especies protegidas, carreteras y el acceso a la costa de Cabo Rojo.
Proyecto Dignidad reconoció que los desarrolladores han anunciado la construcción de infraestructura propia para atender parte de sus necesidades de agua y energía, así como medidas para preservar áreas ecológicas y mitigar el impacto ambiental.
Sin embargo, la colectividad planteó que corresponde a las agencias reguladoras verificar de forma independiente si esas iniciativas son suficientes y si cumplen con las leyes y reglamentos aplicables.
Entre sus propuestas, el partido reclamó que los permisos, estudios técnicos y condiciones impuestas al proyecto sean divulgados públicamente. También pidió evaluaciones científicas independientes sobre los posibles impactos en los acuíferos, humedales, ecosistemas sensibles y especies en peligro de extinción.
Además, solicitó que se garantice el acceso público a las playas y que el desarrollo no imponga cargas indebidas sobre los sistemas públicos de agua, energía, transportación y carreteras.
Proyecto Dignidad advirtió que cualquier obra pública requerida para viabilizar el proyecto debe responder al interés general y no convertirse en un costo injustificado para los contribuyentes.
La organización política también reclamó una participación activa de las comunidades de Cabo Rojo durante todas las etapas del proceso de evaluación, permisos y construcción.
De igual forma, propuso que cualquier incentivo o beneficio contributivo concedido a los desarrolladores esté debidamente justificado y sujeto a controles estrictos de fiscalización.
“Puerto Rico no tiene que escoger entre desarrollo económico y conservación ambiental. Puede y debe alcanzar ambos objetivos mediante proyectos bien planificados, transparentes y responsables”, puntualizó la colectividad.
Proyecto Dignidad aseguró que continuará respaldando un modelo económico basado en la inversión privada, la creación de empleos y el crecimiento sostenible, pero insistió en que el Estado debe cumplir su responsabilidad de proteger los recursos naturales y los derechos colectivos de los puertorriqueños.
