Senado aprueba medida para la reforma del Poder Judicial
La medida reorganiza la Rama Judicial, elimina prospectivamente la figura de juez municipal y pasa ahora a la Cámara.
Por Redacción InDiario|Política|
n el último día de aprobación de medidas antes del cierre de sesión, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1096, una amplia reforma dirigida a crear una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico y derogar la Ley de la Judicatura de 2003.
La medida, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, propone reorganizar la estructura administrativa de la Rama Judicial, actualizar disposiciones sobre el funcionamiento de los tribunales y establecer nuevos mecanismos para atender asuntos de infraestructura, acceso a la justicia, traducciones oficiales, administración judicial y procesos notariales.
Entre los cambios principales, el proyecto elimina de manera prospectiva la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia, fortalece las funciones de la Academia Judicial, promueve métodos alternos para la solución de conflictos y crea el Patronato del Poder Judicial como mecanismo para allegar recursos destinados a la conservación, restauración y modernización de la infraestructura judicial.
La legislación también incorpora un crédito contributivo por donativos al Patronato del Poder Judicial, con el objetivo de incentivar aportaciones privadas dirigidas al fortalecimiento institucional de la Rama Judicial.
Rivera Schatz defendió la medida y rechazó los señalamientos de que el proyecto le reste facultades a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez. “Decir que este proyecto quiere quitarle poderes a la presidenta del Tribunal Supremo es mentir. En ninguna de las disposiciones del proyecto se le quita la autoridad para designar al administrador o para ejercer las funciones que le corresponden conforme a la Constitución”, sostuvo el presidente senatorial.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Ángel Toledo López, también defendió la propuesta al señalar que la legislación recoge en ley prácticas administrativas que, según indicó, ya existen dentro de la Rama Judicial. Toledo sostuvo que el proyecto incorpora procesos relacionados con reglas de administración judicial, reglamentos de personal, cánones de ética, sistemas de evaluación judicial y otros asuntos vinculados al funcionamiento administrativo de los tribunales.
La senadora Roxanna Soto Aguilú, por su parte, argumentó que el proyecto busca aclarar el alcance de la administración del Tribunal Supremo conforme al Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico.
Sin embargo, la aprobación de la reforma no ocurrió sin controversia. Sectores de oposición legislativa, estructuras judiciales y expertos en Derecho Constitucional han cuestionado la medida bajo el argumento de que podría alterar el balance interno de la Rama Judicial y trastocar la separación de poderes entre las funciones reglamentarias del Tribunal Supremo y las facultades administrativas de la jueza presidenta.
Durante el debate legislativo, senadores de minoría advirtieron que el proyecto representa una intervención indebida con la administración de los tribunales. También se levantaron cuestionamientos sobre el efecto que tendría la eliminación de los jueces municipales en el acceso directo a servicios judiciales en las comunidades, especialmente en asuntos urgentes como órdenes de protección, casos de salud mental y controversias de primera respuesta judicial.
El proyecto fue aprobado en el Senado en el contexto del cierre de sesión legislativa, lo que añade presión al trámite de la medida. Aunque el Alto Cuerpo le dio paso, la reforma no queda convertida en ley de inmediato, ya que ahora debe ser atendida por la Cámara de Representantes. Al no haber sido considerada allí antes del cierre de los trabajos legislativos, quedaría pendiente para el próximo ciclo.
La aprobación del Proyecto del Senado 1096 coloca sobre la mesa una de las discusiones institucionales más importantes del cuatrienio: hasta dónde puede llegar la Asamblea Legislativa al reorganizar el Poder Judicial y dónde comienza la autonomía administrativa de la Rama Judicial.
La mayoría senatorial insiste en que se trata de una modernización necesaria para actualizar un marco legal con más de dos décadas de vigencia. Sus críticos, en cambio, advierten que bajo el lenguaje de reforma podría estar abriéndose una disputa mayor por el control administrativo de los tribunales.
