Senado aprueba Ley para el Rescate de una Generación

Ante el aumento en la demanda de servicios de apoyo emocional en la población, el Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz una medida que crearía el Programa de Ayuda al Estudiante, adscrito al Departamento de Educación. El propósito principal de la medida es atender con urgencia las necesidades emocionales y de salud mental de la juventud puertorriqueña.

De ser firmada por la gobernadora Jenniffer González, la ley establecería un acceso integral a servicios de salud mental dentro del sistema educativo, ampliando el alcance de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en las escuelas. El proyecto, titulado Ley para el Rescate de una Generación, es una iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y propone una estructura de consejería estudiantil, al tiempo que facilita la contratación de proveedores especializados.

En su informe positivo, el Departamento de Educación reconoció la necesidad de reforzar su equipo interdisciplinario, que ya cuenta con trabajadores sociales escolares y psicólogos. Además, recalcó que la creación de un sistema “sólido y transparente de medición de resultados” será esencial para reflejar el impacto real del programa en los estudiantes.

“(La agencia) menciona que es importante que se considere que para implementar de forma efectiva el programa, dependerá de la contratación adecuada de profesionales de salud mental y de que se consignen los fondos necesarios en el presupuesto del DEPR (Educación)”, se desprende del informe positivo de la medida.

Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) recomendó que se utilice su División de Niños, Jóvenes y sus Familias (DNJF) como proveedor de estos servicios dentro de las escuelas, a fin de evitar la duplicación de funciones y maximizar la eficiencia económica.

Otras organizaciones, como la Asociación de Psicología de Puerto Rico y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, respaldaron la intención del proyecto, aunque advirtieron sobre la necesidad de integrar los nuevos servicios a las estructuras existentes para evitar redundancias y sobrecostos. Entre los argumentos, se recomendó establecer acuerdos colaborativos con otras agencias públicas para reducir la dependencia de contratistas privados.

El proyecto establece que todos los estudiantes deberán tener acceso a servicios de salud mental con el fin de mejorar la retención escolar y facilitar la reincorporación de jóvenes desertores. Además, contempla servicios educativos internos para fortalecer el conocimiento sobre detección temprana de condiciones emocionales, un sistema de seguimiento a egresados, la identificación de centros de tratamiento y hospitalización aguda, y el fortalecimiento de los servicios dirigidos a estudiantes de Educación Especial.

Sin embargo, durante el debate legislativo, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, expresó preocupaciones sobre la viabilidad del programa. Cuestionó la ausencia de una fuente de financiamiento, así como la capacidad del Departamento de Educación para administrar de manera exclusiva los servicios de salud mental. También planteó dudas sobre el impacto que esta medida podría tener en los servicios dirigidos a estudiantes de Educación Especial.

En respuesta, Rivera Schatz defendió la iniciativa, destacando que recibió un respaldo contundente por parte de expertos y agencias, quienes reconocen al sistema educativo como la primera línea de defensa para la detección de condiciones emocionales en la niñez y la juventud.

“El informe tiene los datos y las recomendaciones y atiende de manera correcta un tema que requería acción. Alguna gente se distrae con el análisis y las recomendaciones, pero tiene que haber un punto final. Surge claramente en el informe que no se está promoviendo una afrenta contra cualquier sector de la población o llevar a menos. Se trata de caminar hacia al frente”, indicó Rivera Schatz.

La aprobación de esta medida se suma a otra legislación de corte conservador también impulsada por Rivera Schatz: el Proyecto del Senado 1, ya aprobado por Cámara y Senado, que busca fortalecer la protección de la libertad religiosa y limitar la intervención del Estado en su ejercicio.