A pocos días de que se hiciera público que el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD) Pablo José Hernández había solicitado escoltas al Departamento de Seguridad Pública (DSP), varios vídeos han trascendido junto con información para cuestionar la necesidad de este servicio pagado con fondos públicos.
Durante el fin de semana, varias fuentes de InDiario enviaron vía correo electrónico varias grabaciones para intentar poner en entredicho las razones detrás del uso de escoltas asignadas al político. Este medio confirmó con la portavoz del DSP que la solicitud del candidato fue aprobada al igual que la realizada por el representante y candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, pues supuestamente ambos tienen ese derecho por disposición de ley.
Según testimonios de varias personas presentes en un evento benéfico de la Asociación Americana contra el Cáncer, celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Hernández fue visto acompañado por al menos dos escoltas, uno al frente y otro detrás, lo que ha generado cuestionamientos sobre si este uso de recursos públicos está debidamente justificado. El Centro de Convenciones cuenta con detectores de metales en la entrada, cámaras de vigilancia y con seguridad privada.
"Yo te puedo hablar de eso con mucho gusto. La ley le da escolta a los candidatos a gobernador y comisionados. Yo dije que no porque me la ofrecieron en enero. Ahora para los últimos tres meses (de campaña) dije que sí, pero fui bien exigente en que fuera lo más limitado posible, lo menos llamativo posible", indicó el candidato a los periodistas Rafael Lenín López y Denisse Pérez durante el programa Primer Round que transmite Magic 97.3FM. Acto seguido, confirmó que sí había acudido a la emisora radial con escoltas, sin precisar la cantidad de efectivos asignados para protegerlo.
La Ley 20-2017 que creó la agencia sombrilla DSP y bajo la cual se aprueban las escoltas para funcionarios públicos, no especifica claramente si un candidato político que nunca ha ocupado un puesto público es elegible para recibir escoltas pagadas con fondos públicos. Esto ha suscitado dudas entre las fuentes consultadas sobre la legitimidad de la asignación de escoltas a Hernández, quien, aunque es nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón, no ha desempeñado ningún cargo oficial en el gobierno de Puerto Rico.
InDiario cursó una solicitud de información al DSP para que aclare cuál fue el análisis detrás de la asignación de escoltas a pesar de que la ley que lo permite no hace mención a que candidatos a puestos electivos puedan tenerlas. Este medio también solicitó detalles sobre el costo de estas escoltas en año electoral y un listado de las personas que las han solicitado en 2024. Hasta el cierre de este escrito, no se ha recibido una respuesta oficial.
Fuentes cercanas al evento afirman que la presencia de escoltas ocurrió en un contexto que no implicaba riesgo inmediato para la seguridad del candidato, lo cual catalogaron como un uso indebido de los recursos públicos. En una búsqueda del Registro de Reglamentos en el Departamento de Estado, InDiario no encontró en ninguno de los 11 reglamentos aprobados por la agencia desde 2017 hasta hoy que exista un proceso creado para fiscalizar el uso de dicho beneficio.
El tema de la asignación de escoltas tanto a Hernández como a otros candidatos siempre ha sido uno complejo y duramente criticado, especialmente en un contexto político donde la transparencia y la gestión adecuada de los recursos públicos son exigencias crecientes de la ciudadanía y en el marco de la crisis económica actual.