Tras la publicación de la investigación de InDiario sobre la notable disparidad entre los salarios por hora que LUMA acordó pagar a cuatro compañías por el proyecto de despeje de vegetación, la indignación fue parte de lo que sintieron algunos conocedores del proceso que ahora maneja la privatizadora.
“Es la muestra de un robo legalizado. Es robarnos las medias sin quitarnos los zapatos”, fue la reacción inmediata del expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo a lo que catalogó como exorbitantes salarios que LUMA pagaría por hora a las empresas contratadas para el despeje de la vegetación de las líneas eléctricas.
Figueroa Jaramillo cuestionó “cómo la Junta de Control Fiscal se hace de oídos sordos, ciega, muda, frente a unos contratos de los que no hay comparables en Puerto Rico que se hayan otorgado por compañías locales”.
“Es la forma de cómo hacer sal y agua los fondos federales (asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico tras diversos desastres). Le toca a FEMA demostrar si va a ser cómplice de este esquema de altos costos y despilfarro de dinero”, añadió a InDiario.
El líder sindical recordó que, por ejemplo, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) todavía no estaba privatizada, “un compañero podador cobraba, máximo, $37 por hora, con beneficios marginales, vacaciones, retiro y todo incluido”.
En los contratos de las cuatro empresas esa posición se identifica como “Groundsman”, y LUMA acordó pagar $107 la hora a una de las compañías por esa posición.
Por su parte, Juan Rosario, exrepresentante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, dijo a InDiario estar “escandalizado” con los altos costos reportados.
“Nadie sabe cuánto va a cobrar el trabajador. Por lo tanto, no sabemos la ganancia (de las empresas). Es un esquema de saqueo de fondos, de una cantidad sin precedente en la historia del país para remover vegetación”, comentó.
Cuestionó si realmente se dio a conocer la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para que las compañías locales pudieran participar de la subasta. “He estado llamando a empresas que se dedican a esto. Estoy casi seguro de que ninguno se enteró de que había una posibilidad para ese tipo de trabajo (de despeje de vegetación). ¿Cuál competencia?”.
“No hay manera de justificar esos salarios. No fue un proceso transparente, ni el documento (RFP) está disponible para verlo. Es una burla a todos. No hay pudor ni decencia con estos fondos públicos. Que el Gobierno de Puerto Rico, LUMA y, sobre todo, que la Junta (de Supervisión Fiscal), que se creó para proteger el país en un momento de quiebra, permita usar estos fondos para enriquecer unas compañías, es totalmente inaceptable”, afirmó Rosario.
“Da la impresión de que aquí hay colusión, poniéndose de acuerdo unos con otros. Viajan en primera clase los jefes de agencias (federales) para venir a asignar fondos, y en la otra fila vienen los contratistas. Aterrizan y ya tienen los contratos firmados. El país se queda con el 15 o el 30 por ciento de los fondos, y el 70 termina en manos de las compañías”, sostuvo.
InDiario solicitó, nuevamente, una reacción a LUMA a través de su oficina de Comunicaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido. De igual forma, el consorcio pospuso en varias ocasiones entrevistas prometidas previo a la publicación del reportaje.
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