Fortaleza acusa a LUMA de violar privilegio abogado-cliente
Jean Peña Payano cuestiona los alegatos de LUMA ante el Supremo y acusa al operador de desinformar sobre la demanda del Gobierno
Por Redacción InDiario|Energía|
La Fortaleza elevó este martes el tono de su enfrentamiento con LUMA Energy, luego de que el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, acusara a la empresa de violar el privilegio abogado-cliente y desinformar sobre los argumentos legales que se discuten ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para determinar la validez de la extensión de su contrato.
Las expresiones del funcionario surgen después de que LUMA presentara su alegato en oposición a la demanda del Gobierno, en el que defendió la legalidad de la extensión contractual aprobada en noviembre de 2022 y advirtió sobre las consecuencias económicas y operacionales que, según la compañía, tendría su anulación.
Peña Payano cuestionó la manera en que representantes del operador privado han presentado públicamente determinados argumentos del litigio y los acusó de desinformar sobre la controversia judicial.
El señalamiento relacionado con el privilegio abogado-cliente constituye, hasta el momento, una acusación del portavoz gubernamental y no una determinación del Tribunal Supremo sobre una violación de confidencialidad.
La disputa por la legalidad de la extensión
El Gobierno de Jenniffer González Colón sostiene que la extensión del contrato suplementario de LUMA fue aprobada sin cumplir con determinados requisitos legales y regulatorios, por lo que solicita al Tribunal Supremo que declare su nulidad.
La controversia se concentra en la carta firmada en noviembre de 2022, que permitió prolongar el periodo interino del contrato mientras continuaba el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Según el Gobierno, el mecanismo utilizado para extender esa etapa modificó sustancialmente las condiciones del acuerdo original y requería las autorizaciones correspondientes.
LUMA, por su parte, argumenta que la extensión estaba contemplada en el contrato original y que fue aprobada mediante un procedimiento legalmente válido.
En su alegato presentado el 5 de octubre, la empresa también rechazó lo que describió como intentos de convertir una controversia contractual en un asunto de motivaciones políticas.
La compañía sostiene que el Tribunal Supremo debe evaluar la legalidad del acuerdo y las consecuencias de una eventual anulación, independientemente de las diferencias entre la administración gubernamental y el operador privado.
Gobierno rechaza advertencia de costos por $1,300 millones
El enfrentamiento también incluye una disputa económica por los costos que tendría la eventual salida de LUMA.
La empresa aseguró ante el Tribunal Supremo que invalidar la extensión contractual podría representar un impacto económico superior a $1,300 millones, además de poner en riesgo proyectos financiados con fondos federales y afectar la continuidad del servicio eléctrico.
Sin embargo, el Gobierno rechazó esa estimación y sostuvo que aproximadamente el 70% de la cantidad presentada por LUMA corresponde a balances operacionales, cuentas pendientes con suplidores y otras obligaciones financieras que no surgirían exclusivamente por un cambio de operador.
La administración González Colón entiende que esas partidas no deben presentarse como costos directamente atribuibles a la anulación de la extensión contractual.
LUMA ha defendido sus cálculos y sostiene que incluyen obligaciones económicas y contractuales que deben considerarse ante una posible transición.
Supremo decidirá el futuro de la extensión contractual
El Tribunal Supremo acogió y consolidó el pasado 5 de agosto los recursos presentados por el Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la AEE para cuestionar la validez de la extensión contractual.
La determinación permitió que el máximo foro judicial examinara directamente la controversia, pero no resolvió entonces si la extensión era legal o nula.
El Tribunal también requirió a las partes explicar qué mecanismos se utilizarían para garantizar la continuidad de las operaciones si prevaleciera la solicitud de anulación.
La gobernadora ha reiterado su intención de sustituir a LUMA por otro operador privado, mientras que la empresa sostiene que su contrato continúa vigente y que una cancelación sin una transición adecuada podría afectar la estabilidad del sistema.
Con los nuevos señalamientos de La Fortaleza sobre el privilegio abogado-cliente y la supuesta desinformación, el enfrentamiento entre ambas partes trasciende los aspectos operacionales y económicos para incorporar cuestionamientos sobre el manejo de información durante el litigio.
La última palabra sobre la validez de la extensión contractual y sus consecuencias corresponderá al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
