Junta impone presupuesto a la UPR bajo nuevas reglas
El ente federal rechazó la propuesta del Gobierno y ordenó financiar por completo el sistema de pensiones.
Por Redacción InDiario|Historia|
La Junta de Supervisión Fiscal volvió a intervenir directamente en las finanzas de la Universidad de Puerto Rico al rechazar el presupuesto sometido por el Gobierno y la institución para el año fiscal 2027, y certificar una versión propia que entrará en vigor este miércoles, 1 de julio de 2026.
La determinación representa otro golpe a la autonomía operacional de la UPR, pero también expone un problema que la Universidad arrastra desde hace años: el financiamiento incompleto de su sistema de retiro. Según la Junta, la propuesta sometida por la administración universitaria y el Gobierno no cumplía con PROMESA ni con el Plan Fiscal vigente, particularmente porque no demostraba cómo se cubrirían adecuadamente las obligaciones pensionarias.
Pensiones en el centro de la controversia
El presupuesto certificado por la Junta asciende a $1,254.9 millones e incluye $177.1 millones para el pago de pensiones. Esa partida fue el punto neurálgico del choque entre la Universidad y el ente federal, luego de que la UPR expresara que no implementaría medidas adicionales de reforma al retiro durante el próximo año fiscal.
Para la Junta, esa postura no era fiscalmente responsable porque contribuía a mantener la insuficiencia de fondos del plan de pensiones universitario. Por eso, el organismo ordenó incluir la totalidad de la aportación patronal actuarial determinada mediante un análisis independiente.
En términos prácticos, la Junta no solo corrigió el presupuesto: lo reescribió. Y lo hizo moviendo recursos de la partida de “Otros Gastos Operacionales” para cubrir la aportación requerida al sistema de retiro, asegurando que el pago de pensiones quede financiado antes que otras prioridades administrativas.
Gobierno y UPR no convencieron a la Junta
El proceso presupuestario comenzó con una propuesta sometida el 10 de junio por el Gobierno y la Universidad. Ocho días después, la Junta notificó que el documento incumplía con el marco fiscal aplicable y concedió una oportunidad para corregir las deficiencias.
La versión revisada fue presentada el 23 de junio, pero tampoco convenció al organismo federal. La Junta concluyó que ni la gobernadora Jenniffer González Colón ni la UPR sometieron un presupuesto conforme a PROMESA, por lo que procedió a certificar uno propio.
La resolución dispone que el presupuesto certificado se considerará aprobado por la gobernadora, conforme al mecanismo establecido en la ley federal, y comenzará a regir con el inicio del nuevo año fiscal.
Un presupuesto bajo vigilancia estricta
El presupuesto certificado proyecta $566 millones en asignaciones del Gobierno central y $515.7 millones en ingresos operacionales, incluyendo matrícula, fondos de tragamonedas y otros recaudos propios de la institución.
Pero el dinero no llegará sin condiciones. La Junta mantuvo controles estrictos sobre la UPR, incluyendo la prohibición de reprogramar partidas sin autorización previa, revisiones trimestrales de ingresos, certificaciones de cumplimiento presupuestario y revisión previa de contratos de alto valor.
Además, el organismo recordó que quedan aproximadamente $170 millones en fondos adicionales disponibles para la Universidad, pero su desembolso dependerá de que la UPR cumpla con metas específicas y obtenga aprobación previa.
La autonomía frente a la realidad fiscal
La decisión coloca nuevamente sobre la mesa la tensión entre la autonomía universitaria y la supervisión fiscal impuesta por PROMESA. Para sectores universitarios, cada intervención de la Junta representa una reducción del margen decisional de la institución. Para el ente federal, en cambio, el problema es que la UPR no puede seguir operando con presupuestos que lucen balanceados en el papel, pero no atienden obligaciones recurrentes como las pensiones.
El resultado es un presupuesto que llega impuesto, condicionado y bajo fiscalización continua. La Universidad tendrá recursos para operar, pero con menos espacio para decidir cómo usarlos. Y el Gobierno, aunque sometió su propuesta, terminó viendo cómo la Junta tomó el control de una de las partidas más sensibles del sistema público universitario.
