¿Defender o impedir que Cabo Rojo avance? - OPINIÓN

Toda comunidad tiene derecho a cuestionar un proyecto de gran escala. En Puerto Rico, donde demasiadas decisiones se han tomado históricamente sin suficiente transparencia, la vigilancia ciudadana no solo es legítima, sino necesaria. El ambiente, el acceso al agua, la infraestructura, la protección de especies y el uso de incentivos contributivos merecen un examen riguroso. Sin embargo, fiscalizar el desarrollo no puede convertirse en una presunción permanente de que todo proyecto es dañino, toda inversión es sospechosa y cualquier persona que favorezca una oportunidad económica ha traicionado a su pueblo.

La controversia sobre el proyecto Esencia obliga a plantear una pregunta incómoda, ¿estamos ante una causa ambiental concentrada genuinamente en corregir los riesgos de un proyecto específico o ante una movilización ideológica más amplia cuya conclusión estaba predeterminada desde antes de examinar los méritos, condiciones y posibles beneficios del desarrollo?

La diferencia es fundamental. Una causa ambiental responsable estudia, propone correcciones, exige mitigaciones, fiscaliza el cumplimiento y reconoce que un proyecto puede modificarse. Una campaña ideológica, por el contrario, comienza con un “no” absoluto y acomoda posteriormente sus argumentos para justificarlo. La primera procura mejorar el desarrollo, la segunda parece considerar el desarrollo mismo como enemigo.

Esencia no debe recibir un cheque en blanco. Su magnitud exige escrutinio. La determinación ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos reconoce que se trata de un proyecto turístico y residencial de gran escala y establece condiciones que deberán ser rigurosamente fiscalizadas. Las interrogantes sobre el agua, los ecosistemas, la infraestructura, los incentivos contributivos y los beneficios que verdaderamente llegarían a Cabo Rojo no deben minimizarse. Pero tampoco debe ignorarse que sus proponentes anuncian inversión, empleos, actividad económica, infraestructura propia y conservación de una parte sustancial de los terrenos. Esas promesas tienen que convertirse en compromisos medibles, exigibles y auditables, no ser descartadas automáticamente como si crear empleos y ampliar oportunidades fueran objetivos moralmente cuestionables.

Resulta igualmente legítimo examinar quiénes organizan y financian las campañas de oposición. HASER, siglas de Haciendo Acciones Socio-Ecológicas Resilientes, es una organización sin fines de lucro que opera como plataforma administrativa y auspiciadora fiscal de distintos proyectos comunitarios. Sus documentos públicos demuestran que recibe aportaciones significativas de fundaciones y entidades filantrópicas externas a Puerto Rico.

Esto no convierte a HASER ni a sus organizaciones relacionadas en entidades ilegítimas. Recibir fondos filantrópicos es una práctica legal y común en el sector sin fines de lucro. Pero sí derrumba la narrativa romántica de que toda esta movilización surge espontáneamente, sin estructura institucional, recursos económicos ni conexiones nacionales. Cuando una campaña pretende influir sobre una decisión de política pública de enorme trascendencia, la transparencia debe aplicarse a todos, al desarrollador, al Gobierno y también a quienes organizan la oposición.

El Formulario 990 de HASER correspondiente a 2023 identifica aportaciones de $40,103 a Brigada Solidaria del Oeste. El mismo documento describe mecanismos de evaluación, aprobación y seguimiento de las organizaciones receptoras. HASER explica que solicita documentos de gobernanza, narrativas y presupuestos, monitorea el uso de los fondos y conserva facultades administrativas sobre estos. No se trata, por tanto, de una relación accidental o de una coincidencia en las redes sociales, sino de un vínculo institucional públicamente reconocido.

Brigada Solidaria del Oeste, a su vez, participa en el ecosistema de organizaciones que se opone a Esencia. La propia Coalición Defiende a Cabo Rojo se presenta como una agrupación de decenas de organizaciones comunitarias, científicas y culturales. Además, la campaña ya trascendió el ámbito municipal y se ha extendido a ciudades estadounidenses mediante protestas, actividades y una gira denominada Defend Puerto Rico Solidarity Tour.

Nada de ello prueba, por sí solo, que exista una conspiración ni que las preocupaciones ambientales sean falsas. Sería irresponsable afirmarlo. Pero permite preguntar si estamos exclusivamente ante vecinos defendiendo sus recursos o si también existe una infraestructura política y filantrópica que utiliza controversias locales para adelantar una visión ideológica determinada sobre la propiedad, la inversión privada, los incentivos y el desarrollo económico.

La pregunta se hace todavía más necesaria cuando algunas expresiones públicas dejan de cuestionar al proyecto y comienzan a amenazar con señalar comerciantes, promover boicots o exigir que negocios locales rompan toda relación con Esencia. Una publicación en redes sociales alegó que ciertos comerciantes estaban recibiendo dinero para reparaciones y utilidades, y anunció la existencia de una supuesta “lista”. Esa alegación no debe tratarse como un hecho sin evidencia. Sin embargo, el lenguaje utilizado revela una tendencia preocupante, convertir una discrepancia legítima en motivo para señalar o descalificar públicamente a quien piensa distinto.

¿Desde cuándo aceptar ayuda para reparar un establecimiento o pagar servicios esenciales convierte a un pequeño comerciante en enemigo de su comunidad? ¿Qué justicia social se defiende cuando se intimida precisamente a quienes sostienen empleos, pagan patentes y luchan diariamente por mantener abiertas sus empresas? ¿Cómo puede una campaña denunciar el desplazamiento económico mientras pretende castigar a comerciantes locales por relacionarse con una fuente de inversión?

El desarrollo verdaderamente responsable no consiste en construir a cualquier costo. Debe proteger los recursos naturales, respetar las comunidades, fortalecer la infraestructura y producir beneficios que permanezcan en la región. Pero tampoco puede definirse la justicia social como la preservación indefinida de la pobreza, la falta de oportunidades y la emigración de nuestros jóvenes.

Cabo Rojo y todo el suroeste necesitan empleos, infraestructura, actividad comercial, oportunidades empresariales y una base económica capaz de sostener servicios públicos. El reto no es escoger ciegamente entre cemento y conservación. El reto es negociar un modelo en el cual la inversión transforme vidas sin destruir aquello que hace valiosa a la región.

Por eso, la discusión debería concentrarse en condiciones concretas, infraestructura de agua y energía que no agrave las deficiencias existentes, protección verificable de humedales, hábitats y zonas sensitivas, empleos con salarios dignos, oportunidades reales para contratistas y comerciantes del suroeste, acceso público protegido, inversión permanente en las comunidades y mecanismos independientes de fiscalización. Si el proyecto no puede satisfacer esas exigencias, deberá responder por ello. Si puede satisfacerlas, o puede modificarse para hacerlo, la oposición absoluta tendría que explicar por qué ninguna concesión sería suficiente.

Puerto Rico no puede permitir que los intereses económicos impongan proyectos sin controles. Pero tampoco debe permitir que grupos ideológicos, independientemente de dónde reciban sus fondos, reclamen para sí el derecho de decidir qué desarrollo puede ocurrir, quién puede apoyarlo y qué comerciantes merecen ser señalados.

La verdadera defensa de Cabo Rojo no consiste en detenerlo todo. Consiste en lograr que aquello que se construya mejore la vida de quienes ya viven allí. La conservación y el progreso no tienen que ser enemigos. La transparencia tampoco puede exigirse en una sola dirección. Quien reclama conocer los intereses y el financiamiento detrás del desarrollador debe estar dispuesto a revelar con igual claridad los intereses, alianzas y recursos que sostienen la oposición.

Al final, la pregunta no es si debemos proteger el ambiente o favorecer el desarrollo. Debemos hacer ambas cosas. La pregunta es si estamos dispuestos a dialogar sobre cómo conseguirlo o si algunos han convertido el “no” en una identidad política, el desarrollo en un pecado y la pobreza en una condición que otros deben soportar para preservar la pureza ideológica de una causa.

Obed Rojas Hoffmann es abogado y consultor en el sector privado, con experiencia en gobierno, asuntos legislativos, política pública y estrategia. Ha trabajado en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y se desempeña además como profesor universitario. Su análisis se enfoca en política, gobierno, desarrollo económico y temas de actualidad.