Lisie Burgos radica medidas de salud y pesquisa en PRITS

La representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisie Burgos Muñiz, abrió la nueva sesión legislativa con tres medidas que apuntan a dos frentes distintos: investigar el manejo de fondos y proyectos tecnológicos en el Gobierno y establecer nuevas protecciones relacionadas con vacunas, tecnología de ARN mensajero y trasplantes de órganos.

Las iniciativas incluyen una resolución para investigar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)por el pago de $130,000 relacionado con una plataforma digital que, según un informe de la Oficina de la Contralora, nunca entró en funcionamiento, además de dos proyectos sobre tecnología de ARN mensajero y derechos de pacientes que necesitan trasplantes.

Investigarían $130,000 pagados por sistema que no operó

Mediante la Resolución de la Cámara 770, Burgos propone ordenar a la Comisión de Gobierno una investigación sobre el desempeño de PRITS y varios señalamientos incluidos en el Informe de Auditoría OC-27-04 de la Oficina de la Contralora.

Según la información incluida en la medida, PRITS otorgó el 11 de agosto de 2022 un contrato de $232,000 a una empresa privada para diseñar, desarrollar e implementar el Electronic Eligibility Engine (E3).

La plataforma tenía como objetivo permitir que distintas agencias gubernamentales verificaran conjuntamente si un ciudadano cumplía con los requisitos para recibir diversos programas de asistencia económica.

El contratista notificó la entrega de una versión funcional el 26 de junio de 2023 y PRITS desembolsó $130,000 entre mayo y agosto de ese año. Sin embargo, según el informe citado por la legisladora, la plataforma no había sido puesta en funcionamiento ni se había provisto acceso a las agencias.

Entre las deficiencias señaladas figuran la falta de mecanismos de seguimiento y divulgación del proyecto y el desconocimiento, entre personal de la propia Directoría de Innovación y Desarrollo Digital, sobre el estado y funcionalidad del sistema.

La resolución también pretende investigar por qué PRITS no había preparado el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología requerido por la Ley 75-2019.

De acuerdo con el comunicado de Burgos, para octubre de 2025 la agencia no contaba con un plan, borrador, calendario de trabajo ni procedimiento formal para prepararlo. También se cuestiona el cumplimiento de PRITS con responsabilidades relacionadas con los programas de ciberseguridad de las agencias bajo la Ley 40-2024.

“Aquí no hablamos de una falla técnica menor: hablamos de $130,000 en fondos públicos pagados por una plataforma que nunca se implementó, de un plan estratégico que nunca se escribió y de estándares de ciberseguridad que nunca se exigieron”, sostuvo Burgos.

De aprobarse la resolución, la Comisión de Gobierno tendría que citar funcionarios, examinar documentación y presentar un informe con sus conclusiones y recomendaciones en un término de 60 días.

Busca prohibir tecnología ARNm en Puerto Rico

En otro frente, Burgos presentó el Proyecto de la Cámara 1357, que propone crear la Ley para la Protección de la Integridad Biológica y la Supervisión de las Tecnologías de ARN Mensajero (ARNm) en Puerto Rico.

La propuesta busca clasificar bajo la legislación de Puerto Rico las tecnologías biomédicas basadas en ARN mensajero como armas de destrucción masiva y, a partir de esa clasificación, prohibir su distribución y administración en la Isla.

Se trata de una clasificación propuesta por el proyecto legislativo.

La exposición de motivos utiliza el denominado principio de precaución y cita hallazgos de la Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA) relacionados con casos de miocarditis y pericarditis en determinados grupos poblacionales después de recibir vacunas desarrolladas con tecnología ARNm.

A partir de esos señalamientos, la legislación plantea establecer un marco mucho más restrictivo para esa tecnología en Puerto Rico.

El proyecto también establecería mecanismos de fiscalización, investigaciones sobre posibles violaciones, remedios civiles y administrativos y penalidades para quienes incumplan con la prohibición propuesta.

Protección para pacientes que buscan un trasplante

La tercera medida es el Proyecto de la Cámara 1360, que propone enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para evitar que una persona sea eliminada de consideración para un trasplante de órgano vital únicamente por su estatus de vacunación.

La propuesta requiere que las evaluaciones sean individualizadas y plantea que una exigencia de vacunación no pueda utilizarse automáticamente como requisito absoluto para acceder al proceso de trasplante.

También reconoce el derecho del paciente a solicitar una segunda opinión médica antes de que se adopte una determinación final y establece mecanismos para reclamar el cumplimiento de esas protecciones.

La medida menciona, entre otros, trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas.

“La vida y la dignidad humana son derechos fundamentales que el Estado tiene el deber de proteger. Ningún paciente debe enfrentar barreras arbitrarias para acceder a un tratamiento que puede salvarle la vida”, expresó Burgos.

Las tres medidas fueron radicadas el 14 de agosto y, según los comunicados emitidos por la oficina de la legisladora, todavía no habían sido referidas a comisión para comenzar formalmente su evaluación legislativa.Con las iniciativas, la portavoz de Proyecto Dignidad coloca sobre la mesa asuntos que podrían generar debates muy distintos durante la sesión: desde rendición de cuentas y manejo de proyectos tecnológicos gubernamentales, hasta la regulación de nuevas tecnologías médicas y los derechos de pacientes frente a requisitos de vacunación.