OPINIÓN: La verdad sobre el salario mínimo en Puerto Rico

Cuando hablamos de salario mínimo, nos referimos a la cantidad mínima que un patrono está obligado a pagarle a un empleado por hora trabajada. Es decir, el salario mínimo no es un salario máximo ni necesariamente representa el salario que todo patrono debe pagar en todos los casos. Es un punto de partida dentro del mercado laboral, no un sustituto del análisis más amplio que debe hacerse sobre productividad, experiencia, preparación, retención, costo de vida, capacidad económica del patrono y condiciones reales de cada industria.

Por eso, cualquier discusión seria sobre el salario mínimo en Puerto Rico debe hacerse con responsabilidad. No puede limitarse a consignas políticas ni a planteamientos emocionales. El salario mínimo impacta directamente al trabajador, pero también al pequeño y mediano comerciante, a los municipios, a las organizaciones sin fines de lucro, al sector agrícola, al sector de servicios, al consumidor y al desarrollo económico de Puerto Rico. Subirlo sin análisis puede sonar atractivo en el discurso público, pero si se hace sin medir sus consecuencias, puede terminar afectando precisamente a quienes se pretende beneficiar.

En el pasado, Puerto Rico contó con una Junta de Salario Mínimo que operó por muchos años. Sin embargo, ese modelo fue eventualmente descartado, entre otras razones, por cuestionamientos sobre su efectividad y capacidad para atender de forma ágil y responsable las realidades económicas de la Isla. Esa experiencia histórica debe servirnos de advertencia: las decisiones sobre salario mínimo no deben descansar en estructuras burocráticas desconectadas de una discusión pública amplia ni de los datos económicos necesarios.

En el año 2021, bajo un gobierno compartido entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la discusión sobre el salario mínimo fue uno de los asuntos centrales de política pública. Como parte de ese proceso, se creó mediante la Orden Ejecutiva OE-2021-035 el Grupo Asesor del Gobernador sobre el Salario Mínimo, compuesto por representantes de distintos sectores, incluyendo economistas, representantes sindicales, asociaciones empresariales y funcionarios gubernamentales. Ese grupo tuvo la encomienda de evaluar el tema y formular recomendaciones dirigidas a aumentar el salario mínimo sin poner en riesgo la estabilidad económica de Puerto Rico.

El resultado de ese proceso fue la presentación de una medida legislativa que culminó con la aprobación de la Ley Núm. 47-2021, conocida como la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico. Esa ley estableció un aumento escalonado del salario mínimo: $8.50 la hora a partir del 1 de enero de 2022; $9.50 la hora a partir del 1 de julio de 2023; y $10.50 la hora a partir del 1 de julio de 2024, salvo que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo emitiera un decreto mandatorio variando dicho aumento. Como la Comisión no detuvo ni varió el aumento de $10.50, este entró en vigor conforme a lo legislado.

Esa realidad es importante. El salario mínimo de $10.50 que hoy está vigente en Puerto Rico no fue producto de una decisión aislada de una Comisión de Salario Mínimo. Fue el resultado de un proceso público, legislativo y ejecutivo, con participación de diversos sectores, análisis económico y discusión democrática. En otras palabras, el aumento que hoy existe surgió de la combinación entre evaluación técnica, consenso político y aprobación legislativa.

Ese punto no es menor. La Asamblea Legislativa ofrece un foro público donde las medidas pueden ser discutidas, enmendadas, evaluadas y fiscalizadas. Permite la participación de empleados, patronos, economistas, agencias gubernamentales, organizaciones privadas, sindicatos, comerciantes y ciudadanos. Además, cuenta con herramientas institucionales como la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, conocida como OPAL, que puede realizar análisis sobre impacto fiscal y cumplimiento con la Ley PROMESA cuando corresponda.

Una Comisión de Salario Mínimo, por el contrario, concentra una decisión de enorme impacto económico y social en un grupo limitado de personas. Aunque puede tener valor como cuerpo asesor o técnico, no necesariamente sustituye el debate amplio, transparente y participativo que debe darse cuando se pretende alterar una política pública que afecta a prácticamente todos los sectores de la economía en Puerto Rico.

Eliminar una Comisión de Salario Mínimo no significa eliminar derechos adquiridos de los trabajadores ni reducir el salario mínimo actualmente vigente. El salario mínimo de $10.50 ya está establecido por ley. Lo que se evalúa es cuál debe ser el mecanismo adecuado para establecer futuros aumentos: si mediante una comisión de composición limitada o mediante el proceso legislativo ordinario, abierto a todos los sectores y sujeto al escrutinio público.

La experiencia reciente demuestra que el proceso legislativo funciona. En el 2021 se logró un aumento escalonado, responsable y producto de un amplio proceso de discusión. Se tomaron en consideración las necesidades de los trabajadores, pero también las realidades económicas de Puerto Rico. Ese modelo produjo el salario mínimo que hoy está vigente.

Por eso, la verdadera discusión no debe ser si Puerto Rico favorece o no mejores salarios. Todos debemos aspirar a que los trabajadores ganen más y a que existan mejores oportunidades de empleo. La verdadera discusión es cómo logramos eso sin afectar la creación de empleos, sin castigar al pequeño comerciante, sin aumentar la economía informal y sin tomar decisiones económicas desde la improvisación.

Puerto Rico necesita mejores salarios, pero también necesita más empleos, más inversión, más productividad y mayor estabilidad económica. Un aumento al salario mínimo debe analizarse con seriedad, transparencia y responsabilidad. Debe hacerse escuchando a todos los sectores, no mediante una decisión concentrada en un grupo limitado que, por más técnico que sea, no sustituye la amplitud del proceso legislativo y la participación ciudadana. Si en el futuro se pretende volver a revisar el salario mínimo, debe hacerse siguiendo esa misma ruta: con apertura, datos, participación ciudadana, responsabilidad fiscal y respeto a la realidad económica de Puerto Rico.