Puerto Rico: la inversión necesita certeza - OPINIÓN

Por años, los puertorriqueños hemos escuchado hablar de resiliencia. Durante la última década, el sector privado de Puerto Rico ha enfrentado una sucesión de eventos extraordinarios: el huracán María, los terremotos de 2020, la pandemia del COVID‑19, la guerra en Ucrania, el aumento en los costos de materias primas, las nuevas políticas arancelarias y la incertidumbre derivada de los conflictos en el Medio Oriente. A ello se suman retos internos como las interrupciones recurrentes del servicio eléctrico y la reciente crisis en el suministro de agua potable.

Cada uno de estos acontecimientos ha impuesto costos adicionales a quienes generan actividad económica. Sin embargo, el sector privado ha continuado invirtiendo, creando empleos, sosteniendo nóminas y aportando significativamente al desarrollo económico de la Isla. Resulta difícil identificar otro sector de nuestra sociedad que haya absorbido una cantidad comparable de riesgos durante la última década y que, aun así, haya continuado generando oportunidades y actividad económica.

Los datos económicos reflejan una realidad que, con frecuencia, pasa inadvertida. Puerto Rico mantiene una tasa de desempleo cercana a mínimos históricos, situándose alrededor de 5.3% a 5.6% durante 2026, muy por debajo de los niveles de dos dígitos que caracterizaron gran parte de nuestra historia económica reciente. A su vez, la fuerza laboral supera los 1.23 millones de personas. Sin embargo, la tasa de participación laboral continúa rondando apenas el 44.5%, una de las más bajas entre las jurisdicciones estadounidenses. Ese dato revela una verdad incómoda: todavía existe un enorme potencial de crecimiento económico y de incorporación de personas al mercado laboral. La mejor herramienta para lograrlo no es una mayor dependencia gubernamental, sino la creación sostenida de empleos productivos y bien remunerados. 

Precisamente por ello, Puerto Rico debe ser particularmente cuidadoso con las señales que proyecta a quienes invierten, operan o evalúan establecer operaciones en nuestra jurisdicción. 

En semanas recientes han surgido expresiones públicas relacionadas con la evaluación de ciertos decretos contributivos, incentivos y programas de desarrollo económico. La revisión y fiscalización de los programas públicos forma parte de las responsabilidades legítimas de toda administración. Sin embargo, en momentos en que Puerto Rico compite agresivamente por atraer inversión y retener operaciones existentes, resulta igualmente importante proyectar estabilidad, consistencia y certeza sobre las reglas que rigen nuestra economía.La seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier economía competitiva. Los actos oficiales del gobierno, incluyendo decretos, permisos y determinaciones administrativas, deben inspirar confianza y previsibilidad. Si existe incumplimiento, corresponde investigarlo y actuar conforme a derecho. Pero cuando no existe evidencia de incumplimiento, resulta igualmente importante preservar la confianza institucional que sirve de base para la inversión.

La realidad es que la competencia económica actual es global. Puerto Rico compite por inversión con estados de la Unión como Florida y Texas, así como con jurisdicciones que han desarrollado estrategias agresivas para atraer capital internacional, incluyendo Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. Cada señal de estabilidad fortalece nuestra posición. Cada señal de incertidumbre la debilita.También debemos reconocer desafíos históricos que continúan afectando nuestra competitividad. La lentitud en los procesos de permisos, la complejidad regulatoria y la falta de confiabilidad de servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua potable representan obstáculos que ningún inversionista ignora al momento de tomar decisiones.

Un inversionista puede comprender que un huracán constituye un evento extraordinario. Puede entender que una guerra en Europa o un conflicto en el Medio Oriente escapan al control de Puerto Rico. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es la incertidumbre asociada con la disponibilidad de servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua potable. Ninguna jurisdicción puede aspirar a convertirse en un centro regional de negocios si las empresas tienen que diseñar planes de contingencia permanentes para suplir servicios que deberían estar razonablemente garantizados.

Sin embargo, sería un error concentrarnos únicamente en los problemas. Puerto Rico posee ventajas extraordinarias. Somos una jurisdicción de los Estados Unidos. Aquí aplican las leyes federales, existe acceso al sistema financiero estadounidense, operan protecciones constitucionales sólidas y se observan estándares regulatorios reconocidos internacionalmente.

Con frecuencia se habla de incentivos contributivos como si fueran el principal atractivo de Puerto Rico. La realidad es más compleja. Nuestro activo más importante no es un decreto ni una tasa contributiva preferencial. Nuestro mayor activo es la confianza que genera pertenecer al sistema económico, financiero y jurídico de Estados Unidos.

Ello no significa que los incentivos carezcan de importancia. El Código de Incentivos de Puerto Rico, consolidado mediante la Ley 60-2019, fue diseñado precisamente para promover inversión, innovación y creación de empleos. Su propósito no es regalar beneficios, sino utilizar herramientas de política pública para atraer capital, estimular actividad económica y ampliar la base contributiva mediante el crecimiento económico.

Muy pocas jurisdicciones pueden ofrecer simultáneamente acceso al mercado estadounidense, una fuerza laboral bilingüe, una ubicación estratégica en el Caribe y la capacidad de servir como puente entre Norteamérica, América Latina y el resto del hemisferio. Lejos de ser una limitación, esa realidad debe convertirse en la piedra angular de nuestra estrategia económica.

Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en el principal hub económico, empresarial y de servicios de las Américas. Podemos ser una plataforma para que empresas estadounidenses accedan a mercados latinoamericanos y para que empresas latinoamericanas accedan al mercado estadounidense. Podemos atraer manufactura avanzada, tecnología, servicios profesionales, centros de distribución, industrias creativas y nuevas oportunidades de exportación.

La creación de empleos debe ocupar un lugar central en esa estrategia. No existe mejor política social que un empleo digno y bien remunerado. Cuando una persona tiene acceso a oportunidades reales de desarrollo profesional y económico, aumenta su independencia, fortalece su capacidad de tomar decisiones y reduce su dependencia de programas gubernamentales. Una sociedad con más personas trabajando, emprendiendo y prosperando es una sociedad más libre, más productiva y fuerte.

No existen empleos sostenibles sin inversión. No existen recaudos sostenibles sin actividad económica. No existe prosperidad colectiva sin un sector productivo saludable. El fortalecimiento del sector privado no es incompatible con el bienestar social; por el contrario, constituye una de las herramientas más efectivas para sostenerlo.

La discusión económica de Puerto Rico no puede limitarse a administrar problemas. Debe enfocarse en construir oportunidades. Después de María, los terremotos, la pandemia, las interrupciones energéticas, las crisis de agua y los desafíos económicos globales, el sector privado ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse, innovar y continuar apostando por Puerto Rico.

Ahora le corresponde a Puerto Rico hacer lo propio.

La Isla no necesita convertirse en la jurisdicción con más incentivos. Necesita convertirse en la jurisdicción más confiable, más predecible, más eficiente y competitiva.Porque cuando existe confianza, llega la inversión. Cuando llega la inversión, se crean empleos. Cuando se crean empleos, disminuye la dependencia gubernamental. Cuando disminuye la dependencia gubernamental, aumenta la libertad económica de los ciudadanos. Y cuando aumenta la libertad económica, se fortalece toda la sociedad.

Si logramos hacerlo, Puerto Rico puede dejar atrás la percepción de ser una economía limitada por sus desafíos y proyectarse como lo que realmente puede llegar a ser: la Perla del Caribe, la jurisdicción estadounidense más competitiva de la región y la puerta de entrada económica de las Américas.

La pregunta no es si podemos lograrlo. La pregunta es si tendremos la voluntad de actuar con la visión y la consistencia que esa meta exige.

Janille Rodríguez Beamud es abogada, notaria y asesora estratégica con cerca de dos décadas de experiencia en derecho corporativo, transacciones comerciales, relaciones laborales, cumplimiento regulatorio, derecho administrativo y planificación estratégica. A lo largo de su carrera, ha asesorado a empresas, organizaciones profesionales, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en asuntos legales, regulatorios, legislativos y de política pública, incluidos temas relacionados con el desarrollo económico, las relaciones gubernamentales y los asuntos federales. Participa activamente en el análisis de temas legales, económicos, regulatorios y de política pública que inciden en la competitividad, la inversión y el desarrollo de Puerto Rico.