Los últimos diez convictos por corrupción en Puerto Rico
Exalcaldes del PNP y el PPD, legisladores, empresarios y una exgobernadora integran la lista de culpables por soborno, extorsión y malversación de fondos
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La corrupción pública en Puerto Rico ha dejado una larga estela de funcionarios y figuras públicas procesadas y sentenciadas por los tribunales federales. A continuación, los diez casos más recientes y significativos, en orden cronológico por fecha de sentencia.
Luis Arroyo Chiqués (PPD). El exalcalde de Aguas Buenas negoció cobrar 50 centavos mensuales por cada una de las 10,000 residencias a las que la empresa Waste Collection le recogía la basura bajo un contrato municipal — un esquema de $5,000 mensuales en efectivo que continuó aún después de que dejara el cargo en 2016. Se declaró culpable ante el tribunal federal.
Javier García Pérez (PNP). El sucesor de Arroyo Chiqués en Aguas Buenas fue sentenciado el 21 de junio de 2023 a 37 meses de prisión por recibir pagos en efectivo a cambio de contratos municipales de asfalto, disposición de residuos y remoción de escombros. Completó su condena en mayo de 2025 y cumple libertad supervisada.
Sixto George (miembro de la prensa). El productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón fue sentenciado en agosto de 2023 a cuatro años y tres meses de prisión por extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. El caso surgió del escándalo del chat de Telegram del Verano del 19, cuando Díaz Colón intentó obtener $300,000 del entonces secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira Zayas a cambio de evitar que se divulgaran más conversaciones comprometedoras del chat. Maceira, en coordinación con el entonces gobernador Ricardo Rosselló — su jefe en aquel momento — acudió al FBI a querellar la extorsión, siendo este el único caso procesado con un testigo que hizo una denuncia, con manos limpias. Un jurado declaró a Díaz Colón culpable por unanimidad en febrero de 2023. En diciembre de 2025, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó el veredicto de culpabilidad.
Reinaldo "Rey" Vargas Rodríguez (PNP). El exalcalde de Humacao y exrepresentante fue sentenciado el 22 de agosto de 2023 a 37 meses de prisión por sobornos y kickbacks vinculados a las empresas JR Asphalt y Waste Collection, recibiendo $15,000 en efectivo a cambio de contratos. Completó su condena en julio de 2025 y cumple libertad supervisada.
Félix "El Cano" Delgado Montalvo (PNP). El exalcalde de Cataño fue sentenciado el 13 de marzo de 2024 a un año de prisión, tres años de libertad supervisada, 150 horas de trabajo comunitario y una multa de $20,000 por conspiración para cometer sobornos y kickbacks. Recibía $2,000 semanales de Oscar Santamaría a cambio de contratos millonarios, y aceptó relojes Rolex y Vacheron Constantin de parte del contratista Mario Villegas, quien le pagó sobre $125,000 en sobornos. Con el dinero ilegal, Delgado y su entonces esposa, Roxanna Sifre, ostentaban públicamente un estilo de vida de lujo con vestimentas, calzados y carteras de diseñador. Sifre, quien ocupaba un puesto en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fue mencionada entre los investigados y admitió en tribunal que supo del esquema entre 2019 y 2020, aunque dijo que "lo sospechaba" de antes. Nunca fue acusada. La pareja se divorció durante el proceso judicial. Al percatarse de que el FBI los investigaba, Delgado acudió a las autoridades por medio de su abogado y negoció un acuerdo de cooperación que le permitió obtener una sentencia considerablemente reducida a cambio de información que resultó en la convicción de más de una decena de políticos y empresarios, entre ellos los exalcaldes de Guaynabo, Trujillo Alto, Guayama, Humacao y Aguas Buenas. Fue liberado el 28 de enero de 2025 y actualmente cumple libertad supervisada.
Ángel Pérez Otero (PNP). El exalcalde de Guaynabo fue hallado culpable en marzo de 2023 tras optar por ir a juicio, y sentenciado el 12 de febrero de 2024 a cinco años y tres meses de prisión por conspiración, soborno de programas federales y extorsión. Recibía pagos de $5,000 mensuales en efectivo del empresario Oscar Santamaría a cambio de contratos municipales. Ingresó a prisión en marzo de 2024 en un campamento federal en Montgomery, Alabama.
Oscar Santamaría Torres (buscón bipartita). El exabogado licenciado, ex asesor legislativo en la Cámara de Representantes y ex asesor municipal fue sentenciado el 2 de abril de 2024 a 30 meses de prisión por conspiración para cometer sobornos y kickbacks con varios alcaldes de ambos partidos principales. El arquitecto del esquema de corrupción más grande que ha visto Puerto Rico, pagaba $2,000 semanales a Delgado Montalvo y $5,000 mensuales a Ángel Pérez Otero, entre otros, a cambio de contratos millonarios para sus empresas Waste Collection, Island Builders y VIP Healthcare. Los contratos que obtuvo en municipios y agencias del ejecutivo sumaron unos $117 millones. Al verse acorralado por las investigaciones federales, negoció un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitió obtener una sentencia reducida — la fiscalía había solicitado 18 meses y el juez le impuso 30 — a cambio de información sobre los esquemas en los que participó. Deberá pagar una multa de $100,000, completar 150 horas de labor comunitaria y devolver $6 millones al gobierno federal. Salió de prisión antes de Navidad de 2025 y cumple tres años de libertad supervisada.
María Milagros "Tata" Charbonier (PNP). La exrepresentante fue condenada en mayo de 2024 a ocho años de prisión por liderar un esquema en el que infló el salario de su empleada legislativa Frances Acevedo Ceballos para que le devolviera entre $1,000 y $1,500 bisemanales. Bajo ese esquema recibió sobre $100,000 en fondos públicos entre 2017 y 2020. El tribunal ordenó restitución de $136,500 en conjunto con su esposo Orlando Montes Rivera, sentenciado a cuatro años y nueve meses. Cumple su condena en FPC Bryan, Texas, y se espera que salga el 18 de enero de 2031. Tiene una apelación pendiente ante el Primer Circuito de Boston.
Luis Irizarry Pabón (PPD). El exalcalde de Ponce llegó en febrero de 2025 a un acuerdo con la Oficina del Panel Especial Independiente por enriquecimiento injustificado y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, reducidos a delitos menores de negligencia en el cumplimiento del deber. No ingresó a prisión.
Wanda Vázquez Garced (PNP). La exgobernadora se convirtió en agosto de 2025 en la primera persona en haber ocupado la gobernación bajo el Estado Libre Asociado en declararse culpable de un delito federal, al admitir una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales relacionada con donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini a su campaña primarista de 2020. El presidente Donald Trump la indultó en enero de 2026. En marzo de 2026, el Tribunal Supremo de Puerto Rico la suspendió indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó civilmente en junio de 2024 a más de 36 convictos por corrupción para recobrar fondos malversados por una cuantía que supera los $30 millones, bajo el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que permite reclamar el triple del daño económico causado al gobierno.
