Gobierno federal apuesta por estrategia RICO
Autoridades buscan procesar pandillas como estructuras completas de crimen organizado
Por Francisco Rodríguez-Burns|Policía y Tribunales|
Las autoridades federales están intensificando el uso de acusaciones bajo la ley federal RICO contra organizaciones criminales en Puerto Rico como parte de una estrategia que busca procesar estructuras completas de narcotráfico y violencia organizada, en lugar de atender delitos aislados relacionados con drogas, armas o asesinatos.
La tendencia quedó reflejada recientemente en dos acusaciones federales radicadas en el Distrito de Puerto Rico contra presuntas organizaciones vinculadas a asesinatos, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, incluyendo grupos que operaban en residenciales públicos y organizaciones con presuntos vínculos internacionales.
Uno de los casos más amplios involucra a 23 presuntos integrantes de la organización conocida como “La Familia Nunca Muere” (LFNM), acusados por cargos de asesinato, narcotráfico y violaciones de armas de fuego bajo estatutos de conspiración y crimen organizado. Según la acusación federal, la organización operaba en sectores de San Juan, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto y Comerío, incluyendo múltiples residenciales públicos.
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, describió el uso de cargos RICO como parte de una estrategia dirigida a desmantelar organizaciones violentas completas y no únicamente procesar a individuos por delitos específicos.
“Esta empresa criminal utilizó la violencia armada y el asesinato como simples herramientas de negocio para mantener poder y control. La radicación de cargos RICO nos da la capacidad de desmantelar sistemáticamente las pandillas violentas que alimentan el derramamiento de sangre y mantienen a las familias viviendo con miedo”, expresó Muldrow en declaraciones escritas divulgadas junto a la acusación federal.
El funcionario añadió que este tipo de acusaciones permite a los fiscales presentar patrones coordinados de asesinatos, narcotráfico e intimidación como parte de una sola estructura criminal.
“A través de los cargos RICO, los fiscales pueden acusar y llevar ante la justicia a toda la empresa criminal como una sola organización. Podemos alcanzar a todos los participantes, desde el liderato hasta los gatilleros en la calle, y demostrar un patrón de crimen coordinado entre pandillas, en lugar de presentar cada caso como un delito aislado”, sostuvo el fiscal federal.
De acuerdo con la acusación, LFNM estaba compuesta por varias pandillas y estructuras criminales asociadas, incluyendo Las FARC y Cantera Nueva Generación, y alegadamente distribuía heroína, cocaína, crack, marihuana, fentanilo, Percocet y Xanax en distintos complejos de vivienda pública.
La acusación también alega que miembros de la organización participaron en secuestros, torturas y asesinatos como parte de represalias internas y disputas territoriales.
En un caso separado, fiscales federales acusaron a seis presuntos integrantes de una organización criminal transnacional con base en Añasco por cargos de asesinato, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones de armas bajo el estatuto RICO.
Según la acusación, la organización utilizaba embarcaciones para importar cargamentos multi-kilo de cocaína desde Colombia, Venezuela y República Dominicana hacia Puerto Rico y posteriormente hacia Estados Unidos continentales. Las autoridades alegan además que utilizaban ganancias del narcotráfico para adquirir propiedades, armas, vehículos y embarcaciones.
El documento federal también describe alegados asesinatos, represalias contra testigos y disputas internas vinculadas al control de operaciones de narcotráfico.
Ambos casos forman parte de la iniciativa federal Homeland Security Task Force (HSTF), una alianza entre agencias federales, estatales y municipales enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales y estructuras violentas vinculadas al narcotráfico.
Las acusaciones aparentemente reflejan un nuevo giro en la manera en que el gobierno federal está abordando el crimen organizado en Puerto Rico, utilizando herramientas legales tradicionalmente asociadas con procesamientos contra la mafia y organizaciones criminales estructuradas para alegar patrones coordinados de violencia, narcotráfico y lavado de dinero.
“La violencia de esta magnitud no se convertirá en la norma en Puerto Rico, y la DEA, junto a nuestros socios de las agencias de ley y orden, está comprometida a enfrentarla de frente”, expresó Michael Mayer, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA.
