ACLU exige vistas por medidas que ampliarían vigilancia

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico reclamó a la Asamblea Legislativa la celebración de vistas públicas antes de continuar el trámite de tres medidas relacionadas con sistemas de videovigilancia, delitos cibernéticos y lectores automáticos de tablillas, al plantear que sus disposiciones podrían tener consecuencias sobre derechos constitucionales como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión y el debido proceso de ley. 

La organización presentó memoriales explicativos sobre la Resolución Conjunta del Senado 198, el Proyecto del Senado 974 y el Proyecto de la Cámara 897, y pidió que sus implicaciones sean discutidas públicamente antes de que avance su consideración legislativa. 

“Al presentar nuestro análisis sobre estas medidas, reiteramos nuestro llamado a los legisladores a convocar vistas públicas y permitir la discusión amplia y transparente sobre las implicaciones que proyectos como estos tienen o pueden tener sobre los derechos de las personas”, expresó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona. La organización sostiene que la seguridad pública constituye un objetivo legítimo, pero cuestiona que se recurra a mecanismos que describe como de “hipervigilancia” sin mayores salvaguardas. 

Cámaras obligatorias para negocios que vendan alcohol

La Resolución Conjunta del Senado 198, presentada por el senador Carmelo Ríos Santiago el 14 de julio, ordenaría al Departamento de Hacienda exigir la instalación y operación de cámaras de seguridad en establecimientos que soliciten o renueven licencias para la venta al detal de bebidas alcohólicas. 

La propuesta contempla cámaras de alta resolución en áreas como entradas y salidas, puntos de venta, áreas principales de servicio y espacios exteriores inmediatos de los establecimientos. Ríos ha defendido la propuesta como una herramienta para prevenir delitos y facilitar investigaciones criminales, particularmente en negocios donde se congregan numerosas personas. 

La ACLU, sin embargo, sostiene que la redacción de la medida no establece suficientemente qué información podría solicitar el Gobierno, bajo qué circunstancias tendría acceso a las grabaciones ni qué controles existirían sobre el material recopilado.

“De la redacción del proyecto no surge con claridad cuáles serían las limitaciones sobre la información que podría ser requerida o entregada al Estado, de ser solicitada, ni qué salvaguardas se establecerían para proteger la intimidad, la libertad de expresión y el debido proceso de ley de las personas”, planteó Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU. 

La Resolución Conjunta permanecía en comisión luego de ser referida el pasado 17 de agosto. 

Delitos cibernéticos bajo escrutinio

La organización también objetó disposiciones del Proyecto del Senado 974, medida de Ríos Santiago que persigue crear nuevos delitos cibernéticos y modificar disposiciones del Código Penal.

La ACLU sostiene que algunas de las definiciones utilizadas son suficientemente amplias como para potencialmente abarcar actividades protegidas por la Constitución, particularmente en asuntos relacionados con divulgación de información y expresión en plataformas digitales. 

Uno de sus señalamientos se concentra en la propuesta relacionada con la violación a la intimidad. Según la organización, dependiendo de cómo se aplique, la disposición podría alcanzar actuaciones de periodistas, investigadores o activistas que publiquen información relacionada con funcionarios o actuaciones gubernamentales.

“Definiciones imprecisas pueden ser instrumentalizadas para fiscalizar o criminalizar el discurso público, la protesta en línea o la crítica hacia funcionarios públicos en redes sociales”, sostuvo Escudero Rodríguez. 

La ACLU aclara que reconoce la necesidad de combatir delitos cometidos mediante sistemas informáticos, pero argumenta que la legislación debe precisar las conductas prohibidas para evitar alcanzar expresiones constitucionalmente protegidas. En su registro legislativo, la organización identifica el P. del S. 974 como pendiente y mantiene formalmente su oposición. 

Lectores automáticos de tablillas

El tercer proyecto cuestionado es el Proyecto de la Cámara 897, dirigido a modificar la Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run y la Ley de la Policía para agilizar la localización de vehículos involucrados en accidentes donde un conductor abandona la escena.

La medida establece, entre otras cosas, un término máximo de 30 minutos para activar la alerta e incorpora expresamente tecnologías para identificar vehículos, incluyendo lectores automáticos de tablillas. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa concluyó previamente que el proyecto no generaría impacto fiscal adicional porque utilizaría recursos tecnológicos y presupuestarios existentes. 

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 17 de agosto de 2026, con 48 votos a favor, tres en contra y una abstención, y posteriormente fue referido al Senado. 

La ACLU ya había objetado que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara emitiera un informe positivo sin celebrar vistas públicas. La organización concentra sus preocupaciones en los llamados ALPR, sistemas que utilizan cámaras para capturar automáticamente imágenes de vehículos y registrar sus tablillas junto con información como ubicación, fecha y hora. 

Aunque esa tecnología puede utilizarse para localizar vehículos vinculados a investigaciones criminales, la ACLU advierte que el almacenamiento acumulativo de esos registros podría permitir reconstruir desplazamientos de personas que no están bajo investigación ni son sospechosas de delito alguno. Esa es la interpretación y preocupación planteada por la organización; el propósito declarado de la medida es acelerar la respuesta ante accidentes de hit and run. 

Seguridad pública versus privacidad

El debate coloca nuevamente frente a frente dos intereses públicos: ampliar las herramientas tecnológicas disponibles para investigar delitos y establecer límites sobre la recopilación y utilización de datos de ciudadanos.

Los autores y defensores de las medidas han fundamentado las propuestas en objetivos de seguridad pública, prevención del crimen y mayor capacidad de respuesta de las autoridades. En el caso del P. de la C. 897, por ejemplo, la legislación busca acelerar la activación de la Alerta Mayra Elías y facilitar la identificación de vehículos vinculados con accidentes con fuga. 

La ACLU no plantea que esas tecnologías deban quedar necesariamente fuera del alcance del Estado, sino que exige que cualquier expansión incluya parámetros sobre acceso a los datos, conservación de información, usos permitidos y mecanismos de fiscalización.

Por ello, su reclamo inmediato a la Legislatura es procesal: que las tres medidas sean discutidas en vistas públicas antes de continuar avanzando, con participación de organizaciones civiles, expertos en tecnología, agencias gubernamentales y ciudadanos que puedan evaluar tanto sus posibles beneficios para la seguridad como sus implicaciones sobre derechos constitucionales.