Justicia niega que haya 229 casos de corrupción sin investigar
Gómez Torres afirma que la cifra responde a casos resueltos por la DIPAC
Por Redacción InDiario|Política|
La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, negó este miércoles que existan 229 casos de corrupción archivados sin investigar, en medio de la controversia pública y legislativa por expedientes cerrados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.
La funcionaria sostuvo que la cifra corresponde a casos resueltos por la agencia luego de la implantación de un protocolo interno para revisar investigaciones con más de dos años en etapa investigativa.
Gómez Torres rechazó que Justicia haya cerrado alrededor de 200 casos de corrupción sin realizar las gestiones correspondientes. Según explicó, el Departamento solicitó por primera vez que los fiscales rindieran informes detallados sobre las gestiones realizadas en investigaciones que se habían extendido por más de dos años.
De acuerdo con la secretaria, el protocolo responde a señalamientos hechos en 2024 por la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre investigaciones en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que, en algunos casos, se habían prolongado hasta por 10 años.
La controversia surgió luego de una petición de información del senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, quien ha reclamado acceso a información sobre 229 casos archivados por Justicia.
Hernández Ortiz presentó esta semana una demanda contra el Departamento de Justicia para exigir la entrega de documentos relacionados con investigaciones cerradas en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor.
Gómez Torres sostuvo que la estadística de 229 casos no se refiere únicamente a casos de corrupción ni a expedientes que hayan quedado sin atender. Según Justicia, algunos casos fueron referidos a otras agencias o entidades investigativas para continuar los procesos correspondientes.
Entre los asuntos resueltos, la agencia mencionó expedientes enviados a otras fiscalías para evaluar delitos fuera de la jurisdicción de la División de Integridad Pública, casos referidos al área civil para posible recobro de dinero y otros procesados criminalmente ante los tribunales.
La secretaria explicó además que, en algunos expedientes, los fiscales recomendaron cierres administrativos porque al momento de la evaluación no existían elementos suficientes de delito o prueba necesaria para sostener una acusación en corte.
Aun así, Gómez Torres afirmó que esos cierres no necesariamente son finales, ya que una investigación puede reactivarse si posteriormente surge la evidencia requerida para probar un caso más allá de duda razonable.
La titular de Justicia sostuvo que la agencia reconoce las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa y que ha colaborado con requerimientos de información, investigaciones legislativas y solicitudes relacionadas con proyectos de ley.
No obstante, defendió la negativa de entregar información amplia sobre los expedientes al señalar que divulgar esos datos podría afectar procesos investigativos actuales y futuros, la cooperación de testigos, los derechos de personas vinculadas a investigaciones y las estrategias utilizadas por los fiscales.
Gómez Torres también advirtió que la divulgación de cierta información podría poner en riesgo la seguridad de informantes y de personas que colaboran con investigaciones criminales.
La secretaria aseguró que al senador Hernández Ortiz se le entregó la información que la ley permite divulgar en esta etapa, sin comprometer procesos investigativos ni derechos protegidos por ley.
La controversia mantiene enfrentados al Departamento de Justicia y a sectores legislativos que reclaman mayor transparencia sobre el cierre de investigaciones vinculadas a funcionarios o exfuncionarios públicos.
Mientras Justicia insiste en que no se trata de casos abandonados ni cerrados sin investigación, Hernández Ortiz sostiene que el Senado tiene autoridad para fiscalizar a la agencia y conocer los fundamentos utilizados para archivar dichos expedientes.
