Quiebra de la AEE se aleja de una salida este año

La salida de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la quiebra volvió a quedar en el aire. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, anticipó que es poco probable que el proceso de reestructuración de la corporación pública se resuelva durante este año, ante la ofensiva judicial de bonistas que reclaman alrededor de $12,000 millones. 

Durante la reunión pública del ente federal, Mujica sostuvo que la Junta continúa en conversaciones con el equipo de mediación y que todavía ve posible una resolución consensuada de las disputas pendientes bajo el Título III de PROMESA. Sin embargo, advirtió que la insistencia de ciertos acreedores en litigar por la recuperación total de la deuda ha complicado cualquier desenlace en el corto plazo. 

“Es poco probable que la quiebra de la AEE se resuelva este año”, expresó Mujica, al señalar que los bonistas mantienen activa la ruta judicial sin presentar, según la Junta, una alternativa viable más allá del litigio. El comentario marca un cambio de expectativa para un caso que ya se ha convertido en el último gran capítulo pendiente de la reestructuración fiscal de Puerto Rico. 

La controversia central sigue siendo cuánto pueden recuperar los bonistas sin imponer una carga adicional sobre un sistema eléctrico frágil, costoso y con necesidades urgentes de inversión. La Junta ha defendido un plan que reduciría la deuda de la AEE en cerca de 80%, al equivalente de $2,600 millones en efectivo o bonos, excluyendo los pasivos por pensiones. 

Ese plan, presentado como el Quinto Plan de Ajuste Enmendado, elimina el llamado cargo heredado que se había contemplado en versiones previas para pagar deuda reducida, e incluye un fondo de reducción de tarifas vinculado al tema de las pensiones de la AEE. La Junta también ha indicado que el plan honra acuerdos con acreedores que poseen aproximadamente el 44% de la deuda de la corporación pública. 

El tranque, sin embargo, está lejos de resolverse. Mujica indicó que la próxima etapa más eficiente sería un litigio para determinar el valor de la garantía de los bonistas y, por consiguiente, el monto permitido de su reclamación asegurada. Esa determinación podría ser clave para definir cuánto dinero realmente tienen derecho a recuperar los acreedores dentro del caso. 

La Junta también reclamó una victoria reciente en el Tribunal Federal de Distrito sobre la reclamación de gastos administrativos, aunque algunos bonistas ya apelaron esa decisión. Además, Mujica sostuvo que el tribunal limitó parte de las solicitudes de descubrimiento de prueba presentadas por acreedores, quienes habían solicitado registros contables históricos de la AEE, documentos sobre fondos de reembolso federal y otros materiales. 

El nuevo escenario contrasta con proyecciones anteriores del propio Mujica. En diciembre de 2024, el funcionario había estimado que la quiebra de la AEE podría quedar encaminada o finiquitada en 2025, aunque entonces ya reconocía que la mediación con los bonistas no había tenido éxito y que las diferencias entre las partes eran profundas. 

La AEE permanece bajo el proceso de quiebra desde 2017, arrastrando una deuda multimillonaria, obligaciones de pensiones y una red eléctrica que requiere inversión sustancial. La Junta ha sostenido que el sistema no tiene capacidad para asumir aumentos adicionales destinados al pago de deuda, mientras organizaciones como el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) han advertido que cualquier estructura que termine presionando la tarifa podría agravar la crisis de los abonados. 

Para los consumidores, el desenlace no es un tecnicismo financiero. Lo que se decida en el tribunal podría tener impacto directo sobre la tarifa eléctrica, la capacidad de inversión en la red y el futuro operacional de la corporación pública. Para los bonistas, el caso representa la última gran batalla de cobro dentro de la quiebra pública más grande en la historia municipal de Estados Unidos.

Por ahora, la quiebra de la AEE sigue atrapada entre dos narrativas: la de los acreedores que insisten en maximizar su recuperación y la de la Junta Fiscal, que asegura que Puerto Rico no puede pagar una deuda que pondría más presión sobre un sistema eléctrico que todavía no logra estabilidad.