Tribunal obliga a New Fortress a abrir su terminal de gas
El juez federal exige facilitar suplidores alternos en San Juan ante el riesgo de agotamiento del gas y mayores costos de generación.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Energía|
El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ordenó este viernes a New Fortress Energy (NFE) permitir y facilitar el acceso de suplidores alternos de gas natural a sus instalaciones en la bahía de San Juan, tras conceder una solicitud de emergencia presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante los alegados incumplimientos de la empresa en el suministro de combustible para la generación eléctrica.
La determinación del juez federal Pedro A. Delgado Hernández representa un avance judicial para el Gobierno de Puerto Rico, luego de semanas de controversias relacionadas con la llegada de embarcaciones, interrupciones en el suministro y el uso de diésel, un combustible más costoso, para mantener operando unidades generatrices de la Central San Juan.
El tribunal concedió una orden de restricción temporal con vigencia inicial de 14 días, que obliga a la empresa a suministrar información sobre sus inventarios de gas natural y facilitar la utilización de su infraestructura por otros proveedores.
La resolución se produce cuando el combustible disponible en el buque Amur River está próximo a agotarse, sin que exista una fecha confirmada para la llegada de una embarcación sustituta.
Juez reconoce peligro para el sistema eléctrico
Al evaluar el recurso presentado por el Gobierno, Delgado Hernández determinó preliminarmente que existen fundamentos para activar las disposiciones contractuales que obligan a NFE a facilitar el acceso de otros suplidores cuando no puede garantizar las entregas de gas natural.
El magistrado también reconoció que la interrupción del combustible puede representar un daño irreparable para la confiabilidad del sistema eléctrico, debido a sus consecuencias sobre la eficiencia y capacidad de generación, así como al riesgo de averías e interrupciones.
En su determinación, el juez concluyó que la AEE demostró una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamación de que se activaron las condiciones contractuales para permitir acuerdos de suministro alterno.
La decisión no constituye una adjudicación definitiva sobre los alegados incumplimientos de NFE, pero establece obligaciones provisionales mientras continúa el proceso judicial.
NFE tendrá 24 y 72 horas para cumplir
La orden establece requerimientos específicos para que New Fortress Energy facilite la llegada de combustible de otras compañías.
En un término de 24 horas, la empresa deberá informar cuánto gas natural queda disponible en el Amur River, cuándo se proyecta su agotamiento y qué embarcación, si alguna, está programada para sustituirla.
También tendrá que identificar las instalaciones disponibles para recibir, regasificar y distribuir combustible de otros suplidores, además de designar un representante autorizado para coordinar esas operaciones.
En un plazo de 72 horas, NFE deberá entregar los procedimientos operacionales y requisitos técnicos necesarios para que terceros puedan utilizar su infraestructura.
Asimismo, el tribunal prohibió que la empresa realice acuerdos o gestiones que obstaculicen o retrasen el suministro alterno de gas natural.
La compañía tampoco podrá condicionar el acceso de otros suplidores al pago de facturas que actualmente se encuentran en controversia.
La orden busca remover obstáculos contractuales y administrativos para facilitar un suministro alterno, aunque las nuevas entregas dependerán de que se completen los acuerdos y procedimientos operacionales correspondientes.
Central San Juan continúa dependiendo del diésel
La controversia judicial surge luego de que la AEE denunciara que New Fortress Energy no ha cumplido con el suministro necesario para mantener operando simultáneamente con gas natural las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
Según el Gobierno, desde el pasado 13 de octubre, cuando finalmente llegó el Amur River, la compañía ha suministrado gas natural a solamente una de las dos unidades.
Durante una vista legislativa celebrada el jueves, representantes de Genera PR confirmaron que la unidad 5 estaba recibiendo gas natural, mientras la unidad 6 continuaba operando con diésel.
Esta situación obliga a utilizar un combustible de mayor costo, lo que incrementa los gastos operacionales de generación y plantea interrogantes sobre quién terminará asumiendo las diferencias económicas.
La AEE ha sostenido que el uso prolongado de diésel también afecta la eficiencia de las unidades y aumenta los riesgos asociados con la operación del sistema eléctrico.
Sin garantía de un nuevo cargamento
La preocupación aumentó luego de que Zak Ahmed, director general de NFEnergía, reconociera durante una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que la compañía no podía garantizar la continuidad del suministro de gas natural después del fin de semana.
Según la información presentada durante la audiencia, el Amur River contaba con aproximadamente 7,800 metros cúbicos de gas natural licuado, mientras que la empresa todavía no había identificado una embarcación de reemplazo ni una fecha confirmada para su llegada.
Aunque NFE expresó que esperaba recibir combustible durante la próxima semana, no pudo garantizar que el cargamento permitiera abastecer simultáneamente ambas unidades de la Central San Juan.
En la controversia judicial se planteó incluso que el suministro podría agotarse durante la madrugada del sábado.
La empresa ha atribuido parte de sus dificultades a problemas operacionales, marítimos y regulatorios. También ha sostenido que el contrato contempla la participación de suplidores alternos, sujetos a las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes.
Crowley figura como alternativa de suministro
Entre los proveedores identificados por el Gobierno se encuentra Crowley, compañía que, según las mociones presentadas ante el Tribunal Federal, tendría capacidad para transportar gas natural mediante camiones o contenedores especializados en un periodo aproximado de uno a tres días.
Posteriormente, la empresa podría realizar entregas marítimas en un plazo estimado de entre tres y 20 días, dependiendo de las autorizaciones, la disponibilidad de las instalaciones y los procedimientos operacionales requeridos.
Para concretar esas entregas, resulta necesario que NFE suministre la información técnica de su terminal y facilite la coordinación con las entidades responsables del suministro.
Precisamente, la falta de acceso a esos datos fue uno de los principales señalamientos presentados por la AEE en su solicitud de emergencia.
Gobierno denuncia incumplimientos contractuales
La acción judicial fue promovida por la AEE, a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO).
La controversia gira en torno a la Sección 22.12 del contrato de suministro de gas, conocida como Tolling Agreement, que contempla la posibilidad de recurrir a otros proveedores utilizando la infraestructura de NFE cuando se producen determinadas circunstancias de incumplimiento o fuerza mayor.
La gobernadora Jenniffer González Colón había advertido más temprano que su administración no permitiría que los problemas de suministro de un contratista comprometieran la estabilidad energética del país.
"No vamos a permitir que los incumplimientos de un suplidor pongan en riesgo la estabilidad de nuestro sistema de generación ni que nuestra gente tenga que pagar las consecuencias", expresó la mandataria.
El Gobierno también ha planteado que la compañía no respondió oportunamente a múltiples requerimientos relacionados con inventarios, disponibilidad de instalaciones y coordinación para recibir combustible de terceros.
De acuerdo con los señalamientos de la 3PPO, durante 2026 ya se habría superado el límite anual de $40 millones en penalidades contractuales relacionadas con deficiencias en las entregas de gas natural.
Esa reclamación forma parte de la controversia económica que mantienen las entidades gubernamentales con NFE.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal había recordado que la autorización del contrato de suministro estaba condicionada a permitir la utilización de las instalaciones por proveedores alternos bajo las circunstancias previstas contractualmente.
Una orden judicial que no elimina la crisis
Aunque la determinación federal facilita la búsqueda de otro proveedor, todavía quedan asuntos importantes por resolver.
El Gobierno deberá coordinar la disponibilidad del combustible, los acuerdos comerciales, la logística de entrega y la utilización de las instalaciones portuarias, mientras NFE tendrá que cumplir los requerimientos judiciales dentro de los términos establecidos.
También permanece pendiente la controversia sobre la responsabilidad por los costos adicionales de generación y las reclamaciones económicas relacionadas con los alegados incumplimientos.
La administración González Colón informó, además, que solicitó la intervención del Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyos funcionarios podrían visitar Puerto Rico durante la próxima semana.
La orden judicial abre una alternativa para reducir la dependencia inmediata de New Fortress Energy, pero no garantiza por sí sola que el gas natural llegue a tiempo.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el combustible continúa representando un riesgo para la estabilidad de la generación eléctrica y los costos que enfrentan los abonados del sistema.
