Un equipo de inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) velará por la transparencia en las ventas en línea y atenderá confidencias sobre posibles prácticas discriminatorias durante la venta de "Cyber Monday", anunció el secretario interino de la agencia, licenciado Francisco González De La Matta.

En declaraciones escritas, el directivo instó a los consumidores a que deben guardar evidencia de las transacciones y comprar en sitios web seguros para evitar riesgos. Además, exhortó a los consumidores a verificar las condiciones de las ofertas y reportar irregularidades  al 787-722-7555 o presentar una confidencia mediante la página web 

El equipo de inspectores de la agencia brindará supervisión que se hará de manera virtual debido a la naturaleza exclusivamente digital del evento.

“Luego de las ventas especiales del Miércoles naranja y el Black Friday, el Cyber Monday representa una excelente oportunidad para los consumidores, pero también requiere estar atentos. Queremos que las compras en línea sean seguras y que los derechos de los consumidores puertorriqueños se respeten en todo momento. Por eso, nuestro equipo estará monitoreando las plataformas digitales para asegurar que las prácticas sean justas y transparentes”, expresó González de la Matta.

El secretario exhortó a los consumidores a leer detenidamente las condiciones de las ofertas, como términos de entrega, políticas de devolución y disponibilidad de los productos. Además, destacó la importancia de reportar cualquier irregularidad o práctica que pudiera ser discriminatoria. 

“Nuestra Oficina de Antidiscrimen Comercial, reactivada en septiembre pasado, está preparada para investigar cualquier queja o confidencia relacionada con posibles prácticas discriminatorias en las ventas del Cyber Monday. Si los consumidores identifican algo que les parezca injusto o excluyente, les pedimos que lo informen al DACO para tomar acción”, sostuvo sobre el particular. 

A continuación las recomendaciones del DACO:

: Asegúrese de que el precio, los términos de entrega y las garantías sean claras antes de finalizar la compra.

⁠Guardar evidencia de las transacciones

: Conserve correos electrónicos de confirmación, capturas de pantalla de las ofertas y cualquier comunicación con los comercios.

: Confirme que las páginas web usen encriptación (URLs que inicien con “https”) y evite compartir información personal en plataformas dudosas.

Para reportar cualquier irregularidad en las ventas, los consumidores pueden comunicarse al 787-722-7555 o presentar una confidencia mediante la página web www.daco.pr.gov.

Equipo de inspectores velará por la transparencia en las ventas en línea y atenderá confidencias sobre posibles prácticas discriminatorias en Puerto Rico

DACO supervisará las ventas del Cyber Monday electrónicamente

Con largas filas pero en la relativa calma en la que han transcurrido las ventas del madrugador en los pasados años, el famoso "Black Friday" inició en Puerto Rico sin mayores contratiempos, informó el secretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado Francisco González De La Matta.

 coincidió con el ejecutivo de la agencia mientras visitaba la megatienda Walmart en Toa Baja. Acompañado de cinco empleados de la dependencia y con el "shopper" en mano, González De La Matta fue escoltado por empleados del establecimiento comercial a diferentes secciones de la tienda en las que desde el 15 de noviembre se anunciaron ventas especiales tanto en el local como en línea y vía aplicación móvil.

A diferencia de años anteriores, el secretario interino del DACO activó a su equipo para que continúen realizando visitas hasta las 4:00 de la tarde en lugar de terminar sus inspecciones a mediodía. Esta determinación respondió al hecho de que en el pasado han habido denuncias sobre agotamiento del inventario de productos previamente anunciado mientras avanza el día, lo que podría generar señalamientos de no ofrecerse un producto sustituto o de prácticas engañosas.

"Ya al mediodía debemos tener una idea de cómo están las ventas, pero de lo que hemos visto aquí, las ventas en todas las tiendas van bien" sostuvo a Rubén Sánchez en WKAQ-580AM la directora de comunicaciones de Walmart, Coral Cummins, solo apenas 40 minutos de la apertura de puertas. 

La portavoz sostuvo que el consumidor no debe preocuparse, pues las diferentes tiendas a lo largo de la isla estarán abiertas de 6:00 a.m. hasta las 11 de la noche y cuentan con inventario suficiente.

Sin embargo, el titular de DACO fue más realista y explicó que desde agosto la agencia ha sostenido reuniones con diferentes establecimientos comerciales para asegurarse de que sean claros con sus clientes colocando en el shopper la cantidad de productos disponibles por tienda o advertencias para anunciar que los productos estarán disponibles mientras duren.

De lo que InDiario pudo observar, son los televisores el producto favorito de los miles de clientes que por espacio de dos horas han hecho sus compras. Con diferentes modelos desde 55 hasta 85 pulgadas, los consumidores han aprovechado la venta para llevárselos, con precios que fluctúan entre $220 a $540 sin impuestos y dependiendo su tamaño.

A esta hora y además de Walmart, González De La Matta ha visitado una tienda Macys y un Home Depot. Ninguno de los comercios han recibido multas por violaciones a la ley.

Los televisores hasta de 85 pulgadas son los favoritos de los consumidores

Miles abarrotan Walmart de Toa Baja en el inicio del Black Friday

El Grupo Symenta LLC, una reconocida empresa de construcción en Puerto Rico, presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra Noah Assad Byrne, conocido internacionalmente como el representante del artista Bad Bunny, y varias de sus empresas. 

La reclamación judicial también incluyó como demandados a las compañias NAB Development LLC y NG Restaurants LLC, ambas entidades de Assad que están vinculadas a los proyectos de construcción en litigio.

Estas entidades fueron demandadas solidariamente junto a Assad, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales entre ambos, ya que se alega que jugaron roles significativos en la gestión, contratación y posterior incumplimiento de los proyectos que dieron lugar a la reclamación.

En la demanda presentada el pasado 7 de noviembre de 2024, Grupo Symenta alega incumplimiento contractual, daños extracontractuales y temeridad en tres proyectos de construcción liderados por Assad. Según el documento presentado, la controversia surge de trabajos realizados en tres propiedades: una residencia en Los Paseos, otra en Punta Las Marías, y el restaurante "Lala" en The Mall of San Juan. 

En total, Grupo Symenta reclama una deuda acumulada de más de $1 millón en pagos atrasados, incluyendo $585,767.27 correspondientes al restaurante, que actualmente se encuentra en operación.

Los proyectos en controversia incluyeron remodelaciones de lujo como estudios de grabación y piscinas, con múltiples cambios no previstos en los diseños originales.

Noah Assad Byrne es ampliamente conocido en la industria del entretenimiento como el CEO de Rimas Entertainment, el sello discográfico que gestiona la carrera del artista Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio. Bajo la representación de Assad, Bad Bunny ha alcanzado fama global, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música urbana. 

En 2021, Assad y Martínez Ocasio, junto con Jonathan Miranda, establecierona agencia de representación deportiva Rimas Sports, la cual ha estado enfocada en atletas latinoamericanos. La agencia ha firmado contratos con jugadores destacados de las Grandes Ligas de Béisbol, incluyendo a Santiago Espinal y Ezequiel Tovar, gestiones que también están en controversia tantoa nivel de mediación como en los tribunales.

El presidente de Grupo Symenta, Carlos A. Rivera Bacó, asegura que, a pesar de cumplir con los términos de los contratos y de realizar múltiples intentos de negociación, Assad y sus empresas se han negado a pagar las facturas pendientes mediante "mala fe y un desprecio sistemático".

El documento detalla varias instancias relacionadas con reuniones entre Noah Assad y su esposa, Joann Nicolle Toro, en las que supuestamente estos exhibieron falta de puntualidad y respeto, cuando presuntamente el 2 de noviembre de 2023 Assad llegó dos horas tarde, demostrando un "claro menosprecio del tiempo" del presidente de la constructora. Esta conducta, según el documento, fue una constante a lo largo de las interacciones entre las partes.

Se alega que durante esa reunión, en la que también estuvo presente Joann Nicolle Toro, ambos "no mostraron interés alguno en llegar a una solución o acuerdo" respecto al conflicto del restaurante Lala. Supuestamente, ignoraron al señor Rivera y se concentraron en sus teléfonos celulares, frustrando cualquier posibilidad de diálogo.

La actitud de Assad y Toro fue descrita como de total indiferencia y falta de cooperación, lo que, según Grupo Symenta, hizo imposible resolver la situación de manera amistosa y forzó la presentación de la demanda.

La demanda también acusa a Assad de actuar con temeridad, ya que, según los documentos, los cambios en los proyectos y la falta de pagos no solo afectaron financieramente a Grupo Symenta, sino que también interrumpieron el curso regular de otros compromisos empresariales.

Además de la deuda por servicios, Grupo Symenta solicita indemnización por daños extracontractuales y costos legales, alegando que la actitud de Assad y de su esposa han agravado la situación.

Cinco días después de presentada la reclamación, la empresa constructura sometió una demanda enmendada que incluye más hechos y cronología de eventos para intentar evidenciar los intentos fallidos de mediación y negligencia de los demandados. Además, se incluyeron aspectos específicos como la contratación de un inspector ocular (Jorge Ramírez Buxeda) y un ingeniero (Alejandro Nazario) por parte de Assad, y la falta de acción tras dichas inspecciones.

Constructor demanda a Noah Assad y dos de sus compañías por incumplimiento contractual y daños en dos residencias y un restaurante en Puerto Rico

En nuevo lío legal el manejador de Bad Bunny y sus negocios

Aunque los efectos de la huelga en 25 puertos de Estados Unidos convocada por la International Longshoremen’s Association (ILA) aún no se han materializado completamente, los comerciantes en la isla podrían elevar los precios de los alimentos en anticipación a posibles retrasos o escasez en la mercancía que llega a sus góndolas, si los trabajadores unionados no llegan a un acuerdo en los próximos días.

Ante esta realidad, el secretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) expresó que aunque hablar de congelación de precios en este momento es prematuro, sí se mantiene vigilante ante posibles alzas injustificadas de comerciantes que pudieran aprovecharse de la situación para justificarlas.

“La tranquilidad es la norma ahora mismo. Estaremos monitoreando porque tenemos que hacerlo, pero por el momento hay estabilidad”, reaccionó Francisco González de la Matta en entrevista con 

 sobre qué la agencia puede hacer para evitar que los precios de productos que llegan a Puerto Rico desde algunos de los muelles que transportan bienes hasta los puertos de la isla sean elevados por los responsables de su cadena para distribuirlos.

“Verdaderamente, hablar de la congelación sería un poco especulativo en este momento, pues hay que ver como se desarrolla la situación. Sí estamos pendientes y las distintas agencias en Puerto Rico ya se han expresado en el tema. Todas concurrimos en que la situación está estable. No prevemos que vamos a tener una crisis y creemos que la situación en Puerto Rico está concurriendo como de ordinario”, declaró el titular de la agencia.

¿Pero qué decisiones se podrían tomar en el futuro para orientar o proteger a los consumidores?, cuestionó este medio.

“Si en un futuro llegase a suceder algo que requeriría que tomemos acción inmediata, ciertamente como estamos atentos a la situación estaríamos evaluándolo mientras está sucediendo y se podrían considerar distintas alternativas, pero por el momento y dado a que la situación está estable, pues no es una consideración que se está tomando”, insistió González de la Matta.

“Se pueden hacer distintas evaluaciones para velar que (los comerciantes) no se aprovechen de la situación de manera injustificada y que se afecten los consumidores. Pero repito, como la situación ahora mismo está estable y muchas cosas pueden pasar en siete dias, a lo mejor se resuelve la huelga, a lo mejor se llegan a acuerdos en el convenio y no llegamos ni al cuarto día. Por eso digo que a lo mejor es un poco especulativo de mi parte dar una contestación mas allá, pero sí puedo decir que, de las circunstancias seguir avanzando o empeorando, ciertamente se pueden considerar todos esos mecanismos dispuestos en el Departamento para evaluar estas situaciones”, enfatizó el jefe de DACO.

Por su parte, el economista Héctor Román-Maldonado, fue más contundente al indicar que el cese de labores que sobre 45,000 trabajadores llevan a cabo para exigir mejores condiciones salariales en Estados Unidos no debe tener el poder de provocar inflación inmediata en los precios de los alimentos en Puerto Rico.

A juicio del experto, lo que pudiera ocurrir en los próximos días se conoce como inflación por especulación. En el contexto de los alimentos en Puerto Rico, esto se refiere a un aumento en los precios de los productos debido a expectativas o suposiciones de los comerciantes, en lugar de estar basado exclusivamente en un incremento real de los costos de producción o distribución. En este caso, los comerciantes pueden elevar los precios ante la anticipación de una reducción en el suministro o retrasos en la cadena de distribución, en lugar de hacerlo por un incremento concreto en los costos que enfrentan.

“La huelga, la reclamación de un derecho laboral fundamental, no debe afectar la estructura de funcionamiento de los negocios, los bienes disponibles ni los almacenados en las próximas 4-8 semanas”, apuntaló el experto, quien consideró que hablar de aumento de precios en bienes que llegan por vía marítima a la isla es una táctica para enfrentar a trabajadores con consumidores con el fin de debilitar los reclamos de los manifestantes.

“Es un discurso fallido, a mi modo de ver. Lo importante, es que los consumidores no caigan en el pánico de la especulación, ya que este tipo de inflación, además de sistémica, va en detrimento de los propios derechos de los consumidores”, enfatizó Román-Maldonado, quien recordó que DACO tiene formas para hacerle justicia a los consumidores monitoreando cómo se comportan los precios mientras la ILA se mantiene en huelga.

“El DACO tiene una serie de herramientas a su alcance, conforme a la normativa nuestra, avaladas por los tribunales locales y federales para proteger a los consumidores. Ahora, lo que toca es mantener la comunicación efectiva con las empresas distribuidoras, y monitorear los precios para asegurar que este tipo de discursos que promueven la escasez no intervengan de manera temprana en la cadena de distribución de mercancías”, puntualizó Román-Maldonado, al tiempo que le pidió a los consumidores que no entren en estado de pánico, pues hay suficiente alimento en Puerto Rico para suplir las necesidades de los puertorriqueños por varias semanas. 

“Un llamado a la calma, a la comunicación efectiva entre empresas, autoridades y consumidores, y al monitoreo de precios para evitar que el catastrofismo de la escasez se imponga en los precios como herramienta de especulación”, concluyó el economista.

Mientras expertos llaman a la calma, comerciantes en Puerto Rico podrían inflar precios anticipando escasez en góndolas y afectando derechos de los consumidores

Precavido DACO ante posible alza en precios de alimentos por la huelga portuaria de la ILA

El ahora huracán Ernesto, ciclón que como tormenta tropical afectó con fuertes lluvias y potentes ráfagas de viento a múltiples municipios de la mitad este y centro de Puerto Rico, provocó serios y millonarios daños al sector agrícola.

 a varias fincas del pueblo de Barranquitas se pudo apreciar las pérdidas de miles de plátanos sembrados en diferentes fincas que recibieron alrededor de 10.5 pulgadas de lluvia y algunos vientos fuertes. Sus dueños se encuentran en el limbo, tras no cumplir con el requisito de que el ciclón que destruya la plantación sea catalogado como mínimo un huracán Categoría 1. Este requisito lo impone el seguro agrícola que el agricultor debe pagar de manera obligatoria para proteger el fruto de su esfuerzo.

“Preliminarmente, estamos hablando según nos mencionan los agricultores de 1.9 millones de dólares en pérdidas. Es preliminar porque faltan otros agricultores por entrevistar. Entrevistamos a cuatro de los principales que son los que más terrenos tienen”, adelantó en entrevista telefónica el alcalde de Barranquitas Elliot Colón Blanco, quien con su equipo de trabajo realiza estimados de daños en el sector comercial desde ayer, miércoles.

El ejecutivo municipal desearía poder aportar económicamente a todos los que perdieron sus siembras y cosechas, pero la realidad fiscal no se lo permite. Los recortes al fondo de equiparación, que por cinco años han sido reducidos hasta ser eliminados por completo para el año fiscal 2024, le ha restado de sus arcas un aproximado de $5.5 millones. 

Además de la cuantiosa pérdida de cosecha, cerca de la mitad del pueblo de la “Cuna de Próceres” se encuentra sin servicio de energía eléctrica al cierre de este escrito. Sin embargo, muchos comerciantes han podido reabrir sus negocios para recibir clientes debido a que cuentan con generadores eléctricos y gracias a los trabajos de limpieza y despeje de carreteras afectadas por árboles caídos e inundaciones.

“Honestamente, lo más que se vio afectado ayer fueron las carreteras, pero el equipo de trabajo municipal fue excelente. Ahora mismo todo está transitable y el comercio ya hoy, en términos del acceso, los clientes podían llegar. La situación es la energía eléctrica y el agua potable en algunas comunidades, que si no me energizan algunas plantas, se me quedan comunidades sin agua”, subrayó el ejecutivo municipal quien ha estado en contacto con personal de LUMA Energy y espera que gran parte del municipio tenga luz antes de que concluya el día. 

Agricultura convencería a la Junta Fiscal

 supo que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, también se trasladó a Barranquitas durante la mañana de hoy y pudo conversar con los damnificados. Desde ayer, el también agricultor ha visitado fincas en los municipios de Maunabo, Yabucoa y Comerío para orientar sobre las pocas ayudas disponibles al momento.  Este panorama pudiera cambiar si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprueba una declaración de desastre a petición del gobernador, Pedro Pierluisi, lo cual pudiera tardar varias semanas.

Con mucha dificultad por la pobre señal que recibía su celular, el funcionario explicó la dura realidad que atraviesan los agricultores de plátano y café, situación que según un agricultor consultado por este medio se agrava debido el tiempo que tendrían que esperar para recibir dinero bajo otro tipo de seguro que sí cubriría daños ocasionados por tormentas tropicales.

Se trata de un seguro para cosechas no asegurables bajo la cubierta obligatoria, conocido como el Seguro de Asistencia No Emergente para Productores (NAP, en inglés). El NAP es un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) diseñado para proporcionar ayuda financiera a los productores de cultivos agrícolas que no son elegibles para el seguro agrícola tradicional. Aunque gran parte de los agricultores cuentan con este seguro para cubrir las pérdidas que resulten de desastres naturales, como sequías, inundaciones y tormentas que afecten su producción agrícola, podrían tardar años en recibir la compensación, la cual generalmente cubre hasta el 50% de las pérdidas de producción o de ingresos, dependiendo del tipo de cultivo.

Al ser cuestionado por InDiario sobre esta realidad, González Beiró adelantó la estrategia que podría poner en marcha para allegar ayuda que le permita a los agricultores volver a sembrar sus productos lo más pronto posible.

“Mas allá de eso, nosotros estamos trabajando un programa de emergencia para tratar de compensarles algo rápido. Ya la próxima semana tendré una mejor idea sobre cuánto será el impacto fiscal, para hacer un planteamiento a la Junta de Supervisión Fiscal y ver cuánto dinero se puede usar para esto”, sostuvo el titular de la agencia. Los fondos que pudieran asignarse a los agricultores damnificados pudieran provenir de ciertas partidas presupuestarias disponibles en la Administración para el Desarrollo de Empresas (ADEA) y/o del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agricola (FIDA).

“Tenemos dinero en caja, pero necesitamos la autorización de la Junta”, finiquitó.

El secretario de Agricultura preparará una petición a la Junta Fiscal tras visitar varias fincas, mientras el alcalde estimó los daños en casi $2 millones

Millonarias las pérdidas de plátanos en Barranquitas tras el paso del ciclón Ernesto

Luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó ver los reclamos de asociaciones de grupos de empresarios para que no se implemente el alza en el salario mínimo a $10.50 por hora, estos acudieron hoy, viernes, en apelación y auxilio de jurisdicción para que el tribunal intermedio atienda la controversia.

Es el recurso que corresponde ahora para los representantes de los comerciantes, según el procedimiento jurídico, para detener la efectividad de la orden del juez Anthony Cuevas, quien decidió que los procedimientos que utilizó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo para determinar que el aumento en el pago por hora sería efectivo el 1 de julio pasado.

Apelación Salario Mínimo

Las organizaciones solicitaron auxilio de jurisdicción, con lo que el Tribunal Apelativo pudiera paralizar el alza hasta que decida el caso, si es que decide aprobarla. Sin embargo, ese foro judicial tiene discreción sobre si detiene el mandato del juez Cuevas y la Comisión, o si solo atiende la apelación, lo que implica que el aumento continuaría en vigor.

“[…] se solicita a este Honorable Tribunal que revise la decisión de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo de no variar el aumento de salario a $10.50 por hora, así como el aprobar el "Informe sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico" tuvo la consecuencia de que su entrada en vigor fuera nula, pues no contó con el aval ni voto afirmativo de cinco de sus miembros, en contravención a lo requerido tanto por la Ley de Salario Mínimo, como por la delegación que le hizo la Asamblea Legislativa”, indica la moción. 

El documento pide, además, que “se paralice las determinaciones de la Comisión emitidas en contravención a la Ley de Salario Mínimo y, como consecuencia, la entrada en vigor de un aumento del salario mínimo en Puerto Rico de $ 10.50 la hora, en lo que se dilucida este caso”.

Moción en Auxilio de Jurisdicción Salario Mínimo

Los apelantes también solicitaron una vista oral “por la importancia que reviste la futura determinación de este Honorable Tribunal en el sector obrero-patronal del país sobre el asunto traído, en beneficio tanto de todos los involucrados, como de este Honorable Foro Intermedio y del público en general afectado por esta cuestión económica social mayor”. Son limitados los casos en los que tanto el Apelativo como el Supremo permiten vistas orales. 

Una vez ese tribunal decida la apelación, para la que no tiene discreción y tiene que atender, los afectados por la decisión que este tome pueden recurrir al Supremo, como último recurso judicial.

Solicitud Vista Oral Salario Mínimo

En horas de la tarde del viernes, el Apelativo dio a la Comisión hasta el miércoles, 24 de julio para presentar su posición por escrito sobre los recursos presentados por los empresarios.

Salario mínimo entra en vigor y empresarios quieren ponerle freno

VÍDEO: Juez valida salario mínimo de $10.50 la hora en Puerto Rico

Por ahora, el Supremo no verá caso sobre aumento en salario mínimo a $10.50 la hora

Continúa la controversia por la forma en que se concedió el dólar por hora adicional a los empleados en Puerto Rico

Los empresarios no se quitan y apelan decisión sobre salario mínimo de $10.50

Guaynabo- El juez Anthony Cuevas le otorgó un plazo de 24 horas a varias organizaciones que representan a gran parte sector empresarial del país para que identifiquen las alegadas
violaciones a la ley que le atribuyen a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo del Departamento del Trabajo. De ser evidenciadas, estas violaciones tendrían como consecuencia revertir la implementación del aumento al salario mínimo a $10.50 la hora, aumento efectivo desde hoy. 

La orden judicial, en poder de InDiario, les urge a los demandantes a “identificar la sección específica de la Ley en la cual surge el alegado deber ministerial que se imputa como
incumplido” así como presentar evidencia de haber requerido a la Comisión cumplir con dicho deber. La demanda, radicada como un recurso extraordinario de mandamus y de sentencia declaratoria, fue presentada por el licenciado Jaime Sanabria. InDiario conversó con el conocido experto en derecho laboral y este insistió en que tal requerimiento a la comisión era innecesario dado que “cae bajo la excepción de alto interés público” y que así se planteó en la petición.


La acción legal, radicada el pasado sábado, buscaba frenar la implementación de un aumento al salario mínimo a $10.50 la hora. Sin embargo, el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González expresó anoche en declaraciones escritas que
“independientemente de las posturas en contrario, y hasta que un tribunal no disponga otra cosa, el salario mínimo en Puerto Rico a partir del 1 de julio del 2024 es de $10.50 la hora para patronos y empleados no exentos”. Sanabria reconoció que la determinación del secretario al tiempo que se dilucida la demanda crea un limbo jurídico para patronos y empleados. Sobre todo, porque tendrían que reconocer un aumento y luego, dependiendo del resultado del litigio, el trabajador tendría que devolverlo, dependiendo de las circunstancias. 

La controversia gira en torno a una decisión administrativa tomada por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo del Departamento del Trabajo el pasado 12 de junio de 2024. La comisión está integrada por siete (7) miembros, pero, en este momento, tiene dos (2) puestos vacantes. En vista de ello, la determinación sobre el salario mínimo se aprobó
con tres votos a favor y dos en contra. Las organizaciones demandantes argumentan que esta votación no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, que exige el voto afirmativo de los cinco miembros para cualquier acción válida. “La actuación de la comisión es nula ab initio” insistió el Lcdo. Sanabria. 

La Ley Núm. 47 de 21 de septiembre de 2021, conocida como la "Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico", establece que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo debe estar compuesta por siete miembros y que cualquier determinación administrativa requiere el
voto afirmativo de al menos cinco miembros. Esto implicaría que la determinación debió haber sido unánime. Empero, el estatuto también establece que “cinco integrantes de la Comisión constituirán quorum”. 

En su petición, las organizaciones demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare nula la decisión de la comisión y que paralice la implementación del aumento salarial. Argumentan que la decisión fue tomada en violación directa de la ley,
lo que podría causar un daño irreparable a los empleadores que operan en Puerto Rico, quienes se verían obligados a pagar un salario mínimo que no fue aprobado conforme a derecho. Además, subrayan que la comisión no solo aprobó el aumento salarial, sino también un informe sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico. 

Las organizaciones alegan que esta falta de cumplimiento con los procedimientos legales establecidos podría llevar a una inestabilidad económica significativa, afectando tanto a empleadores como a empleados. Un aumento en el salario mínimo puede imponer cargas adicionales a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que ya
enfrentan desafíos económicos, al menos así lo dio a entender esta mañana Layza García, portavoz de los demandantes, en el programa Jugando Pelota Dura que se transmite por Noti Uno. 

De hecho, en dicho programa radial, el analista político Jorge Colberg Toro planteó, como alternativa, aprobar una legislación que le permita a las empresas solicitar ser exentos del aumento si prueban que tienen dificultades económicas y financieras para implementarlo.
“Para ello tendrían que abrir los libros” como se hace actualmente con las solicitudes de exención del bono de navidad ante el Departamento del Trabajo. 

Las organizaciones que demandaron buscando detener el aumento del salario mínimo son: Cámara de Comercio, Asociación Hecho en Puerto Rico, Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de alimentos, Asociación de Industriales, Puerto Rico hotel & Tourism Association, y la Asociación de Comercio al Detal. A la hora de publicar esta nota aún no se había señalado fecha para la celebración de una vista.

Los demandantes tienen que identificar las alegadas violaciones a la ley para se detenga el aumento

Kia America anunció un "recall" significativo que afecta a 462,869 vehículos del modelo Telluride fabricados entre los años 2020 y 2024. 

El llamado a revisión se debe a un riesgo potencial de incendio relacionado con el motor del asiento delantero. El problema específico identificado es un sobrecalentamiento del motor del asiento debido a un botón atascado de su deslizador.

Este riesgo ha llevado a Kia a tomar medidas inmediatas para asegurar la seguridad de los propietarios y evitar posibles daños mayores.

Para abordar este problema, Kia ha decidido realizar una reparación gratuita de los vehículos afectados. Las reparaciones incluirán la instalación de un soporte para las cubiertas traseras del interruptor del asiento y el reemplazo de los botones del deslizador del asiento. Esta medida pretende mitigar el riesgo de sobrecalentamiento y, por ende, de incendio.

Kia ha instado a todos los propietarios de vehículos afectados a que, mientras esperan la reparación, estacionen sus vehículos fuera y lejos de estructuras que puedan ser susceptibles a incendios. Esta recomendación es crucial para prevenir cualquier incidente hasta que los vehículos puedan ser reparados.

Kia comenzará a notificar a los propietarios de los vehículos afectados a partir del 30 de julio de 2024. Los propietarios recibirán instrucciones detalladas sobre cómo proceder para obtener las reparaciones necesarias. Se espera que este proceso sea claro y eficiente para asegurar que todos los vehículos sean revisados y reparados a tiempo.

Para los propietarios de los modelos Kia Telluride 2020-2024, se recomienda estar atentos a las notificaciones de Kia y seguir las instrucciones proporcionadas. Aparcar los vehículos en áreas seguras y estar pendientes de cualquier señal de sobrecalentamiento del asiento puede ayudar a prevenir incidentes. Los propietarios también pueden ponerse en contacto con los concesionarios de Kia para obtener más información y programar sus reparaciones tan pronto como reciban la notificación.

El recall de Kia America para los modelos Telluride es un recordatorio de la importancia de la seguridad vehicular y la responsabilidad del fabricante. Con casi medio millón de vehículos afectados, Kia está tomando medidas decisivas para corregir el problema y proteger a sus clientes. Los propietarios deben mantenerse informados y actuar rápidamente para asegurar que sus vehículos sean reparados y puedan circular de manera segura.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y consultar el comunicado oficial de Kia.

Modelos de 2020 al 2024 pudieran representar un riesgo de incendio si  no son reparados

Kia emite "recall" masivo a casi medio millón de autos

Los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) llevaron a cabo un operativo de fiscalización con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas durante las ventas del Día de las Madres. 

Según informó la secretaria de la agencia, Lisoannette González Ruiz, se emitieron diez avisos de infracción en el proceso. El Día de las Madres genera un aumento considerable en las ventas en toda la isla.

“Nuestros inspectores visitaron diversos comercios para asegurar el cumplimiento de las regulaciones, incluyendo el Reglamento 9158 de Prácticas Comerciales. Supervisamos la rotulación y que los comercios ofrezcan alternativas de pago claramente identificadas, usualmente cerca de las cajas de cobro”, señaló González Ruiz. 

El operativo, que cubrió aproximadamente 260 establecimientos en toda la isla, arrojó diversos resultados según la región. En Mayagüez, de los 28 establecimientos inspeccionados, se emitieron seis avisos de multa por problemas de rotulación y falta de tablas de descuentos. En Ponce, de los 65 comercios visitados, un solo aviso fue emitido por inconsistencias en el registro de precios. En la zona de Caguas, tres infracciones surgieron de los 45 negocios visitados: una por rotulación, otra por problemas en el registro y la última por fecha de expiración. 

Mientras tanto, en San Juan, los inspectores recorrieron 99 establecimientos, emitiendo un aviso por la ausencia de una tabla de descuentos. En la región de Arecibo, las 23 visitas no resultaron en ningún aviso.

Además de los inspectores, personal de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial también visitó la mayoría de los comercios, brindando orientación sobre las regulaciones del DACO. “Nuestro objetivo es evitar multas y asegurar que los consumidores tengan una experiencia de compra satisfactoria”, destacó González Ruiz.

Las multas impuestas por el DACO oscilan entre $1,000 y $10,000. Los consumidores que necesiten orientación adicional pueden visitar el sitio web www.daco.pr.gov, seguir a la agencia en redes sociales @dacoatufavor, o acudir a cualquiera de las oficinas regionales en Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan.

El operativo cubrió aproximadamente 260 establecimientos en todo Puerto Rico

DACO emite 10 multas en operativo de fiscalización por ventas del Día de las Madres

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el 

plan estratégico de la agencia para el próximo año fiscal 2024-2025

, en el que pidió mayores fondos en nómina y gastos operacionales para ampliar el impacto y eficiencia de los servicios que la agencia provee a los ciudadanos que quieran emprender en el sector empresarial.

Durante la vista pública celebrada en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara baja, el titular de la agencia expuso un enfoque integral que pretende potenciar el desarrollo económico de la isla, resaltando los logros del DDEC en áreas clave, así como las metas para el futuro.

Cidre enfatizó que cualquier recorte presupuestario al DDEC dificultará el logro de los objetivos estratégicos trazados en su plan de trabajo. Argumentó que invertir en el DDEC es esencial para potenciar la competitividad de Puerto Rico en el panorama mundial. Además, destacó la necesidad de invertir en publicidad y mercadeo para promover los programas del Departamento y fortalecer el conocimiento entre la ciudadanía.

"Cualquier recorte que se proponga al presupuesto del DDEC es contrario e inconsistente con la encomienda monumental que el DDEC tiene de reorganizar estructuralmente el componente de desarrollo económico", advirtió Cidre Miranda ante un puñado de legisladores que se dieron cita a la vista pública presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez.


El plan presentado por el jefe de DDEC refleja una estrategia ambiciosa que apunta a modernizar el desarrollo económico de Puerto Rico, enfocándose en sectores innovadores, promoviendo la eficiencia en los procesos regulatorios y garantizando un entorno favorable para la inversión extranjera y local.

Cidre Miranda comenzó su ponencia detallando que la estructura del DDEC, que abarca 10 programas y cuatro agencias adscritas, gestiona un presupuesto que excede los $300 millones. Subrayó que la visión estratégica del DDEC se basa en sectores prioritarios como la tecnología, la investigación, la propiedad intelectual y la innovación, con el objetivo de transformar el desarrollo económico de Puerto Rico hacia una economía del conocimiento.

El secretario destacó que DDEC logró formalizar compromisos para la creación de 4,418 nuevos empleos con una nómina anual de $286 millones. Además, durante el año fiscal 2023, indicó que se otorgaron 2,540 decretos de exención contributiva, una cifra récord que incluye programas como el de Científicos, Jóvenes Empresarios, y Fondos de Capital Privado. Según Cidre, esto ha impulsado un crecimiento sin precedentes en los sectores de manufactura, exportación y biotecnología.

Cidre señaló además que la agilidad en la obtención de permisos es fundamental para la competitividad de Puerto Rico, por lo que subrayó que el lanzamiento de una nueva plataforma de permisos bajo el Single Business Portal ha permitido reducir significativamente el tiempo para obtener un Permiso Único a menos de 12 horas en 20 municipios. El plan para el próximo año es ampliar la implementación a 50 ciudades, con el objetivo de mejorar el proceso para el 40% de los permisos.

La ponencia presentada por Cidre Miranda establece como logro el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con la asignación de $5 millones para el Programa Impulso PyMES, beneficiando a 400 pequeños empresarios. Además, se indicó que se han promovido misiones comerciales para que las empresas locales exporten sus productos y servicios a mercados clave como México y Costa Rica.

El mandamás de DDEC añadió que el programa de desarrollo laboral de la agencia también busca potenciar la formación de la fuerza laboral con fondos federales para expandir programas de aprendizaje registrado en sectores estratégicos como manufactura, salud, transporte y tecnología. La meta para el próximo año es entrenar a más de 50,000 personas en roles tecnológicos durante la próxima década.

La política energética luce ser un papel crucial en la estrategia anunciada por del DDEC ante la Comisión cameral. El secretario destacó programas como Apoyo Energético 2.0, que proporcionará hasta 50,000 dólares para ayudar a las PYMES a implementar soluciones de energía renovable. También se desarrollarán iniciativas de eficiencia energética en 45 municipios que no recibieron ayuda directa del Departamento de Energía de Estados Unidos.

La promoción de los rones fabricados en la isla también fue mencionada como una prioridad del DDEC. Durante el último año, Cidre subrayó que se ha impulsado la presencia de los rones locales en mercados estratégicos, posicionando la marca de Rones de Puerto Rico en eventos clave como la Serie del Caribe y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

El secretario de la agencia pidió más fondos para invertir en recurso humano y tecnología para acelerar el impacto a más empresas que solicitan ayuda

Manuel Cidre presenta millonario plan de presupuesto para el DDEC 

Tras una votación cerrada de 3-2, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, en inglés) 

 para prohibir a nivel nacional los acuerdos de no competencia, con el argumento de que buscan promover la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo, incrementando la innovación y fomentando la creación de nuevos negocios.

La Comisión determinó que la prohibición constituye un método injusto de competencia, lo cual es una violación de la Sección 5 de la Ley de la FTC que los empleadores celebren acuerdos de no competencia con los trabajadores y hagan cumplir ciertos acuerdos de no competencia.

"Las cláusulas de no competencia mantienen bajos los salarios, suprimen nuevas ideas y privan a la economía estadounidense de dinamismo, incluyendo a más de 8,500 nuevas empresas que podrían crearse cada año una vez que se prohíban estos acuerdos", sostuvo la presidenta de la FTC, Lina M. Khan, en un comunicado de prensa.  Se espera que la nueva norma final aprobada por la FTC asegure que los trabajadores tengan la libertad de buscar un nuevo empleo, iniciar un negocio o lanzar una nueva idea al mercado, sin limitaciones de sus patronos anteriores.

La FTC estima que esta normativa incrementará la formación de nuevos negocios en un 2.7% anual, resultando en más de 8,500 negocios adicionales creados cada año. Se espera que la regla final también aumente los ingresos de los trabajadores, con un incremento estimado de $524 adicionales por año para el trabajador promedio, y que reduzca los costos de atención médica hasta en $194 mil millones durante la próxima década. Además, se espera que la norma impulse la innovación, llevando a un aumento estimado de entre 17,000 y 29,000 patentes adicionales cada año durante los próximos 10 años.

Una cláusula de no competencia es un término contractual entre un empleador y un trabajador que impide que el empleado trabaje para un competidor o inicie un negocio que compita, generalmente dentro de un área geográfica determinada y un período de tiempo después de que termina el empleo del trabajador. De acuerdo con la FTC, los acuerdos de no competencia imponen condiciones contractuales que impiden a los trabajadores aceptar un nuevo empleo o iniciar un nuevo negocio. 

A menudo, estos acuerdos obligan a los trabajadores a permanecer en empleos que desean dejar o a enfrentar daños y costos significativos, como cambiar a un campo de menor remuneración, reubicarse, abandonar la fuerza laboral o defenderse contra litigios costosos. Se estima que 30 millones de trabajadores, casi uno de cada cinco empleados, están sujetos a un acuerdo de no competencia.

Bajo la nueva norma de la FTC, los acuerdos de no competencia existentes para la gran mayoría de los trabajadores ya no serán ejecutables después de 120 días, que es la fecha en que entra en vigor la norma. Una vez que la regla esté en vigor, los participantes del mercado podrán reportar información sobre una sospecha de violación de la regla al Bureau de Competencia enviando un correo electrónico a noncompete@ftc.gov.

Los acuerdos existentes para ejecutivos senior, quienes representan menos del 0.75% de los trabajadores, pueden permanecer en vigor, pero se prohíbe a los empleadores entrar en nuevos acuerdos de no competencia o intentar hacerlos cumplir, incluso si involucran a ejecutivos senior. Los empleadores deberán notificar a los trabajadores, que no sean ejecutivos senior y que estén sujetos a un acuerdo de no competencia existente, que no se harán cumplir dichos acuerdos contra ellos.

En enero de 2023, la FTC emitió una regla propuesta que estuvo sujeta a un período de comentarios públicos de 90 días. La FTC recibió más de 26,000 comentarios sobre la regla propuesta, con más de 25,000 comentarios a favor de la prohibición propuesta por la FTC sobre los acuerdos de no competencia. Estos comentarios informaron el proceso final de formulación de normas de la FTC, con la Comisión revisando cuidadosamente cada comentario y realizando cambios en la regla propuesta en respuesta a las opiniones del público.

La regla final aprobada crearía más de 8,500 nuevas empresas al año, aumentos de salarios a trabajadores, reducción de costos médicos y otros beneficios

Prohibidas las cláusulas de no competencia por la FTC

El traslado histórico de sobre 70,000 venezolanos de estatus migratorio no definido que viven en Nueva York hacia Puerto Rico ya no verá la luz del día, lo que colocó un punto final a meses de comunicaciones secretas entre la rama ejecutiva y el sector privado para intentar agilizar los trabajos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017 que no han iniciado a pesar de estar financiados con fondos federales.

La inusual movida que, de acuerdo con varias fuentes que se comunicaron con 

, se gestó desde La Fortaleza y expandió sus tentáculos al sector privado. Involucró a altos funcionarios del gobierno local. Al tope de la lista se encontraba el secretario auxiliar de la gobernación en asuntos prioritarios, Roberto “Robert” Méndez, quien, en conjunto con personas con intereses económicos en la industria de la construcción, intentaron a toda prisa preparar el andamiaje legal y de recurso humano para que esta movilización masiva ocurriera a la brevedad posible. De paso, buscaban resolver un serio problema, sin calcular los riesgos y las consecuencias de sus acciones.

A medida que la ciudad de Nueva York continúa recibiendo un número creciente de inmigrantes venezolanos, los desafíos relacionados con su estatus migratorio y bienestar aumentan con el pasar del tiempo. Los venezolanos, quienes ahora pueden beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) tras su expansión en 2023 por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentan obstáculos significativos debido al cierre de la sede consular de su país en la ciudad, lo que complica los esfuerzos de regularizar su situación migratoria y obtener documentos válidos.

, muchos inmigrantes se sienten abandonados por las autoridades consulares, lo que agrega una capa de dificultad en sus intentos por establecer una vida estable en Estados Unidos. Esta situación ha sido particularmente dolorosa durante la pandemia, donde la necesidad de documentos oficiales se ha vuelto aún más crítica.

La administración local, liderada por el alcalde de la ciudad Eric Adams y la gobernadora Hochul, aboga por la aceleración de permisos de trabajo para ayudar a los inmigrantes a integrarse en la economía local, mientras enfrentan un reto presupuestario significativo. 

El sitio web www.Factchequeado.com reportó en septiembre de 2023 

que más de 60,000 migrantes de diversas nacionalidades están actualmente alojados en albergues por la ciudad, con un costo que supera los 1,700 millones de dólares.

Luego de múltiples gestiones realizadas por este medio para conocer la versión oficial de los pormenores de la propuesta movilización histórica de recurso humano extranjero, la noticia fue confirmada de forma somera por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mientras se esperaba por la respuesta de una solicitud de información cursada a la secretaria de prensa Sheila Angleró Mojica al amparo de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. 

Inicialmente, la movida se realizaría a través de un acuerdo entre la administración local y la neoyorkina que gobierna la demócrata Kathy Hochul. Posteriormente, la Asociación de Contratistas Generales (AGC, en inglés) de ambos territorios fue insertada en la discusión. Este trato incluía la posibilidad de que los obreros recibiesen viviendas arrendadas bajo un modelo de subsidio.

Sin embargo, dichos esfuerzos se hicieron sal y agua recientemente, luego de que se levantaran serios planteamientos en torno a cuán seguro sería albergar a miles de personas sin conocer su historial y expedientes delictivos en su país de origen. Además, serias preocupaciones sobre la posibilidad de que personas asociadas a grupos terroristas pudiesen obtener fácil acceso a la Isla también fueron determinantes a la hora de desistir de una idea de la que a cuentagotas se pudo conocer una pequeña parte de esta.

 cursó el 12 de febrero la solicitud de acceso a información pública a Angleró Mojica. Su respuesta parcial fue enviada 14 días después de requerir los datos mientras el gobernador y jefes de su gabinete constitucional divulgaban ciertos detalles de lo que nombraron como plan piloto a otros medios de comunicación. Reproducimos la respuesta recibida desde La Fortaleza de forma íntegra:

“En cuanto a las preguntas relacionadas con el Lcdo. Robert Méndez, es importante aclarar que ni el secretario auxiliar, ni ninguna autoridad del gobierno tiene la capacidad de comprometerse a traer inmigrantes para trabajar, ya que esta prerrogativa es exclusiva del gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) y su secretario, Alejandro Mayorkas. No obstante, Méndez, como secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Prioritarios desde el 2021, cuenta con la confianza y la autorización del gobernador para explorar todas las opciones viables y necesarias conforme a las leyes y reglamentos estatales y federales para sobrepasar y atender los retos de la industria de la construcción y lograr completar la reconstrucción de Puerto Rico. Es importante destacar que, al ser una prerrogativa exclusiva del DHS, por parte del ejecutivo estatal no puede existir un compromiso más allá de auscultar la posibilidad de traer mano de obra extranjera y presentar peticiones a las agencias federales concernidas sobre este asunto. 

El gobernador Pierluisi ha indicado que ya, en petición al secretario Mayorkas, ha quedado claro que no hay espacio para los visados de trabajo, sin embargo, sí se está hablando con el gobierno de New York, mediante el secretario de Estado, Lcdo. Omar Marrero, para auscultar la posibilidad de hacer acuerdos para inmigrantes que cuenten con permisos de trabajo. Esto es algo que como ha dicho el gobernador, se está hablando, pero todavía no hay una decisión final. 

Por tanto, dado que Puerto Rico no cuenta con la aprobación del DHS para traer mano de obra extranjera para trabajar en la industria de la construcción, no existe información sobre dónde residirían y quién sería el responsable de los inmigrantes disponibles para trabajar. Por la misma razón, tampoco se han desarrollado medidas para mitigar la inflación en viviendas de alquiler que podría generar el recibir trabajadores extranjeros en la isla.

La industria de la construcción en general ha planteado a nuestra administración su preocupación sobre la falta de mano de obra para trabajar con la cantidad sin precedentes de proyectos de construcción que experimenta y experimentará la isla en los próximos años. El Lcdo. Méndez, el 29 de abril del 2022, se reunió con la Lcda. Maria del Rosario García Miranda, de la American Immigration Lawyer Association, quien ha sido muy vocal en este asunto. Sin embargo, no existe, ni hemos recibido de algún ente externo, ningún estudio preliminar o final que pueda plasmar que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla”. 

No hubo respuestas concretas para los siguientes 11 cuestionamientos:

1. ¿Cómo se garantizará que estos contratistas no sustituirán a empleados actuales por resultarles más costo-efectivos a las partes contratantes? 

2. ¿Existe un plan para regular los márgenes de ganancia de los contratistas privados y que a su vez limite prácticas discriminatorias entre contratación de empresas y/o mano de obra local versus la foránea?

3. ¿Cómo el traer personas de estatus migratorio no definido a la Isla para trabajos de construcción garantiza que se agilicen los proyectos pendientes y/o se inicien nuevos cuando sabemos que muchos proyectos se declaran desiertos porque contratistas no tienen mayor “bonding capacity”?

4. ¿Qué rol juega la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés) en las negociaciones para traer estos miles de trabajadores a Puerto Rico?

5. ¿Cuál ha sido el resultado de las consultas con agencias federales pertinentes sobre dicha intención? 

 a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas del gobierno federal. 

6. ¿Dónde residirían estos trabajadores y quién sería responsable de subvencionar sus gastos de alojamiento? 

7. ¿Cuál es la fecha proyectada para comenzar este programa de traslado y alojamiento de personas con estatus migratorio no definido? 

8. ¿Qué número exacto de personas con estatus migratorio no definido se proyecta traer a Puerto Rico? ¿De qué países o estados serían trasladados? 

9. Además del AGC, ¿la administración ha consultado esta iniciativa con otros grupos representantes del sector privado?

 a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas de los grupos o personas del sector privado consultados. 

10. Provea copia de cualquier estudio preliminar o final que demuestre que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla. 

11. Produzca un listado de los proyectos que se encuentran retrasados por consecuencia directa de la falta de mano de obra.

Según los informantes, este plan piloto tuvo su génesis entre los capítulos de Nueva York y Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés). La idea principal detrás de la iniciativa era allegar mano de obra extranjera dispuesta a aceptar una remuneración menor a lo que devenga en promedio un obrero de la construcción local, indicaron las fuentes consultadas.

“En la práctica siempre es el mismo patrón con esto de los fondos federales. Ya hay unas guías de salarios que se estimaron para llegar a las obligaciones de fondos. El asunto es más allá que estos contratistas saben que hay dinero y quieren más margen de ganancia. Ahora mismo, un buen número de proyectos de María se obligaron bajo la sección 428 y prácticamente no permite que los subrecipientes pidan más dinero si se quedan cortos o no le da para la obra. En los proyectos bajo la sección 406, que ha sido lo común en los desastres, puedes regresar más si al final te sale más cara la obra”, explicó una de las fuentes ligadas al proceso de otorgación de fondos de FEMA.

Actualmente y según cifras del más reciente informe sobre empleos ocupacionales y de salarios que prepara el US Labor Statistics con información que provee el DTRH, 35,440 personas poseen un puesto de trabajo en la industria de la construcción y devengan un salario promedio de $11.26 la hora y $27,380 al año.  Estas cifras están muy por debajo de lo que pagan en estados con una alta concentración de puertorriqueños como Florida, Texas y Nueva York, en donde los trabajadores reciben sueldos que rondan entre $52,000 a $61,000 anuales.

, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), licenciado Gabriel Maldonado González, confirmó que participó de conversaciones para suplir la necesidad de mano de obra para proyectos de reconstrucción, pero aseguró que existen otras opciones sobre la mesa para aligerar el proceso utilizando mano de obra local.

“Sí, sí, definitivo, lo hemos conversado a nivel de la rama ejecutiva como con contratistas privados, personas de la industria que están interesadas en este tema. Realmente, lo que estamos buscando el gobierno y el sector privado es del menú de las diferentes alternativas que pudiera haber y que se pudieran utilizar para mejorar la situación porque la reconstrucción se tiene que hacer, se tiene que hacer bien en cumplimiento con todas las regulaciones de FEMA, del gobierno federal o de las agencias que estén otorgando los fondos, y se tiene que dar dentro de los parámetros de tiempo que ellos están otorgando. La idea es que esto avance y que no estemos para siempre en este tipo de proyecto, haciendo la aclaración de que es usual que tome su tiempo”, señaló el directivo en una entrevista vía Zoom.

Aunque no soltó prenda sobre si son 70,000 los extranjeros que pudieron haber llegado a Puerto Rico, el secretario del DTRH estimó en 40,000 la cantidad de posiciones que deben llenarse para lograr completar los proyectos pendientes. 

“Esto es un número que varía dependiendo de a quién le preguntes, pero yo usualmente el estimado que trato de dar es que si nosotros tenemos hoy 37,700 empleos formales en la construcción, que son los datos a diciembre, y para la época en donde la construcción de Puerto Rico estaba en sus mejores momentos hace 20 años, ese número era 70,000 a 90,000 personas, un estimado razonable es de 40,000 personas. Mas allá de suplir trabajadores adicionales, también hay cambios a nivel de industria de cómo se hacen las cosas que pueden impactar cuánto personal tú necesitas para un proyecto de construcción particular”, apuntaló el directivo, quien no quiso comparar a Puerto Rico con otras jurisdicciones para medir tanto los salarios que devengan los trabajadores de la construcción ni la velocidad que lleva la reconstrucción de la Isla tras los ciclones más devastadores en la historia moderna.

“Realmente el huracán María no tienen comparables, pero en términos de huracanes grandes que han pasado en Estados Unidos podemos tomar como referencia el huracán Katrina y el huracán Sandy, cuyos procesos también demoraron 10, 15 años. En términos de mano de obra, pues sí, realmente lo que estamos buscando es de las diferentes alternativas o herramientas que tenemos para suplir esa necesidad, realmente es una combinación de todas. Para el Departamento del Trabajo la prioridad es la mano de obra local. Para mí lo principal, la clave es que tenemos que fomentar la participación laboral”, añadió Maldonado González, al tiempo que reconoció que, aunque la tasa de participación laboral se ha elevado considerablemente, aún no alcanza la cifra de otras jurisdicciones.

“Para mí, si bien no estoy descartando esas otras alternativas como la de Nueva York ni la H2B ni otras herramientas que pudieran haber, lo principal es aumentar la participación laboral de las personas que tenemos aquí. Definitivamente estar hablando de 1.2 millones de personas en la fuerza laboral versus 1.5 millones que no lo están es un problema que tenemos que atender”, enfatizó el secretario.

¿Existen adiestramientos en el sector público para trabajadores locales que no tengan una profesión formal como contratistas para que puedan participar de la industria de la construcción?, le preguntamos al secretario.

“A nivel de las herramientas que tenemos como gobierno para ayudar al sector privado en el adiestramiento de personas que no tengan las destrezas actualmente para desempeñarse en la industria de la construcción, pues si, a través de programas como el titulo 1 de WIOA, (Workplace Innovation and Opportunity Act, por sus siglas en inglés) el programa de aprendizaje registrado y el Departamento de la Vivienda que tiene otros programas bajo los fondos CDBG, para mencionar algunas”, enumeró Maldonado González sin detallar qué cursos o adiestramientos dirigidos a aprender sobre la industria de la construcción se gestan desde el gobierno central. 

El informe más reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, en inglés) sobre la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María, destaca tanto progresos como desafíos continuos. A junio de 2023, FEMA había asignado aproximadamente $23.4 mil millones para trabajos permanentes de recuperación en Puerto Rico relacionados con los huracanes de 2017 y los terremotos de 2019 y 2020. De esta cantidad, solo se habían gastado alrededor de $1.8 mil millones, por lo que de acuerdo con el análisis queda mucho trabajo permanente por realizar. Además, cerca de $11.3 mil millones de los fondos asignados requieren la autorización de FEMA antes de que Puerto Rico pueda utilizarlos.

 y en respuesta al informe del GAO, el secretario adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, (DOC, en inglés) Don Graves, enfatizó que la mano de obra para completar la recuperación de Puerto Rico debe provenir principalmente de trabajadores locales, lo cual contradice el plan piloto que el gobierno local deseaba implementar para atraer contratistas extranjeros.

A pesar de múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas a la oficina de prensa del DOC para obtener declaraciones de Graves, quien también funge como coordinador de la División de Desarrollo Económico de Puerto Rico para el presidente Joe Biden, 

el funcionario prefirió el silencio y no contestó las siguientes preguntas: 

1- ¿Cómo está participando el Departamento de Comercio y/o la División de Crecimiento Económico de Puerto Rico en las negociaciones entre el Estado de NY y el gobierno de PR para que estos migrantes puedan venir a la isla?

2- ¿Existe algún estudio (preliminar o final) para sostener o rechazar esta iniciativa? Si es así, proporciónenos el informe para que podamos incluir sus hallazgos en la pieza de investigación.

3- En términos de crecimiento económico, ¿cómo se beneficiará o se verá afectado Puerto Rico al permitir que los migrantes trabajen en los proyectos de reconstrucción pendientes en lugar de seleccionar trabajadores locales?

4- Como menciona el informe de la GAO, uno de los factores que están provocando retrasos en la finalización de los proyectos de recuperación en PR es la falta de mano de obra con conocimientos en construcción. Las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestran que el ingreso anual en PR para estos trabajadores es el más bajo entre los 50 estados. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puede hacer Puerto Rico para atraer empleados/contratistas locales/extranjeros?

 aguarda declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, a través de su directora de comunicaciones, quien aseguró que su equipo trabaja con la respuesta desde la tarde de ayer, lunes.

InDiario investigó cómo se creó un supuesto plan piloto desde La Fortaleza con tentáculos en el sector privado para adelantar la reconstrucción de la Isla

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