Kia America anunció un "recall" significativo que afecta a 462,869 vehículos del modelo Telluride fabricados entre los años 2020 y 2024. 

El llamado a revisión se debe a un riesgo potencial de incendio relacionado con el motor del asiento delantero. El problema específico identificado es un sobrecalentamiento del motor del asiento debido a un botón atascado de su deslizador.

Este riesgo ha llevado a Kia a tomar medidas inmediatas para asegurar la seguridad de los propietarios y evitar posibles daños mayores.

Para abordar este problema, Kia ha decidido realizar una reparación gratuita de los vehículos afectados. Las reparaciones incluirán la instalación de un soporte para las cubiertas traseras del interruptor del asiento y el reemplazo de los botones del deslizador del asiento. Esta medida pretende mitigar el riesgo de sobrecalentamiento y, por ende, de incendio.

Kia ha instado a todos los propietarios de vehículos afectados a que, mientras esperan la reparación, estacionen sus vehículos fuera y lejos de estructuras que puedan ser susceptibles a incendios. Esta recomendación es crucial para prevenir cualquier incidente hasta que los vehículos puedan ser reparados.

Kia comenzará a notificar a los propietarios de los vehículos afectados a partir del 30 de julio de 2024. Los propietarios recibirán instrucciones detalladas sobre cómo proceder para obtener las reparaciones necesarias. Se espera que este proceso sea claro y eficiente para asegurar que todos los vehículos sean revisados y reparados a tiempo.

Para los propietarios de los modelos Kia Telluride 2020-2024, se recomienda estar atentos a las notificaciones de Kia y seguir las instrucciones proporcionadas. Aparcar los vehículos en áreas seguras y estar pendientes de cualquier señal de sobrecalentamiento del asiento puede ayudar a prevenir incidentes. Los propietarios también pueden ponerse en contacto con los concesionarios de Kia para obtener más información y programar sus reparaciones tan pronto como reciban la notificación.

El recall de Kia America para los modelos Telluride es un recordatorio de la importancia de la seguridad vehicular y la responsabilidad del fabricante. Con casi medio millón de vehículos afectados, Kia está tomando medidas decisivas para corregir el problema y proteger a sus clientes. Los propietarios deben mantenerse informados y actuar rápidamente para asegurar que sus vehículos sean reparados y puedan circular de manera segura.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y consultar el comunicado oficial de Kia.

Modelos de 2020 al 2024 pudieran representar un riesgo de incendio si  no son reparados

Kia emite "recall" masivo a casi medio millón de autos

Los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) llevaron a cabo un operativo de fiscalización con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas durante las ventas del Día de las Madres. 

Según informó la secretaria de la agencia, Lisoannette González Ruiz, se emitieron diez avisos de infracción en el proceso. El Día de las Madres genera un aumento considerable en las ventas en toda la isla.

“Nuestros inspectores visitaron diversos comercios para asegurar el cumplimiento de las regulaciones, incluyendo el Reglamento 9158 de Prácticas Comerciales. Supervisamos la rotulación y que los comercios ofrezcan alternativas de pago claramente identificadas, usualmente cerca de las cajas de cobro”, señaló González Ruiz. 

El operativo, que cubrió aproximadamente 260 establecimientos en toda la isla, arrojó diversos resultados según la región. En Mayagüez, de los 28 establecimientos inspeccionados, se emitieron seis avisos de multa por problemas de rotulación y falta de tablas de descuentos. En Ponce, de los 65 comercios visitados, un solo aviso fue emitido por inconsistencias en el registro de precios. En la zona de Caguas, tres infracciones surgieron de los 45 negocios visitados: una por rotulación, otra por problemas en el registro y la última por fecha de expiración. 

Mientras tanto, en San Juan, los inspectores recorrieron 99 establecimientos, emitiendo un aviso por la ausencia de una tabla de descuentos. En la región de Arecibo, las 23 visitas no resultaron en ningún aviso.

Además de los inspectores, personal de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial también visitó la mayoría de los comercios, brindando orientación sobre las regulaciones del DACO. “Nuestro objetivo es evitar multas y asegurar que los consumidores tengan una experiencia de compra satisfactoria”, destacó González Ruiz.

Las multas impuestas por el DACO oscilan entre $1,000 y $10,000. Los consumidores que necesiten orientación adicional pueden visitar el sitio web www.daco.pr.gov, seguir a la agencia en redes sociales @dacoatufavor, o acudir a cualquiera de las oficinas regionales en Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan.

El operativo cubrió aproximadamente 260 establecimientos en todo Puerto Rico

DACO emite 10 multas en operativo de fiscalización por ventas del Día de las Madres

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el 

plan estratégico de la agencia para el próximo año fiscal 2024-2025

, en el que pidió mayores fondos en nómina y gastos operacionales para ampliar el impacto y eficiencia de los servicios que la agencia provee a los ciudadanos que quieran emprender en el sector empresarial.

Durante la vista pública celebrada en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara baja, el titular de la agencia expuso un enfoque integral que pretende potenciar el desarrollo económico de la isla, resaltando los logros del DDEC en áreas clave, así como las metas para el futuro.

Cidre enfatizó que cualquier recorte presupuestario al DDEC dificultará el logro de los objetivos estratégicos trazados en su plan de trabajo. Argumentó que invertir en el DDEC es esencial para potenciar la competitividad de Puerto Rico en el panorama mundial. Además, destacó la necesidad de invertir en publicidad y mercadeo para promover los programas del Departamento y fortalecer el conocimiento entre la ciudadanía.

"Cualquier recorte que se proponga al presupuesto del DDEC es contrario e inconsistente con la encomienda monumental que el DDEC tiene de reorganizar estructuralmente el componente de desarrollo económico", advirtió Cidre Miranda ante un puñado de legisladores que se dieron cita a la vista pública presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez.


El plan presentado por el jefe de DDEC refleja una estrategia ambiciosa que apunta a modernizar el desarrollo económico de Puerto Rico, enfocándose en sectores innovadores, promoviendo la eficiencia en los procesos regulatorios y garantizando un entorno favorable para la inversión extranjera y local.

Cidre Miranda comenzó su ponencia detallando que la estructura del DDEC, que abarca 10 programas y cuatro agencias adscritas, gestiona un presupuesto que excede los $300 millones. Subrayó que la visión estratégica del DDEC se basa en sectores prioritarios como la tecnología, la investigación, la propiedad intelectual y la innovación, con el objetivo de transformar el desarrollo económico de Puerto Rico hacia una economía del conocimiento.

El secretario destacó que DDEC logró formalizar compromisos para la creación de 4,418 nuevos empleos con una nómina anual de $286 millones. Además, durante el año fiscal 2023, indicó que se otorgaron 2,540 decretos de exención contributiva, una cifra récord que incluye programas como el de Científicos, Jóvenes Empresarios, y Fondos de Capital Privado. Según Cidre, esto ha impulsado un crecimiento sin precedentes en los sectores de manufactura, exportación y biotecnología.

Cidre señaló además que la agilidad en la obtención de permisos es fundamental para la competitividad de Puerto Rico, por lo que subrayó que el lanzamiento de una nueva plataforma de permisos bajo el Single Business Portal ha permitido reducir significativamente el tiempo para obtener un Permiso Único a menos de 12 horas en 20 municipios. El plan para el próximo año es ampliar la implementación a 50 ciudades, con el objetivo de mejorar el proceso para el 40% de los permisos.

La ponencia presentada por Cidre Miranda establece como logro el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con la asignación de $5 millones para el Programa Impulso PyMES, beneficiando a 400 pequeños empresarios. Además, se indicó que se han promovido misiones comerciales para que las empresas locales exporten sus productos y servicios a mercados clave como México y Costa Rica.

El mandamás de DDEC añadió que el programa de desarrollo laboral de la agencia también busca potenciar la formación de la fuerza laboral con fondos federales para expandir programas de aprendizaje registrado en sectores estratégicos como manufactura, salud, transporte y tecnología. La meta para el próximo año es entrenar a más de 50,000 personas en roles tecnológicos durante la próxima década.

La política energética luce ser un papel crucial en la estrategia anunciada por del DDEC ante la Comisión cameral. El secretario destacó programas como Apoyo Energético 2.0, que proporcionará hasta 50,000 dólares para ayudar a las PYMES a implementar soluciones de energía renovable. También se desarrollarán iniciativas de eficiencia energética en 45 municipios que no recibieron ayuda directa del Departamento de Energía de Estados Unidos.

La promoción de los rones fabricados en la isla también fue mencionada como una prioridad del DDEC. Durante el último año, Cidre subrayó que se ha impulsado la presencia de los rones locales en mercados estratégicos, posicionando la marca de Rones de Puerto Rico en eventos clave como la Serie del Caribe y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

El secretario de la agencia pidió más fondos para invertir en recurso humano y tecnología para acelerar el impacto a más empresas que solicitan ayuda

Manuel Cidre presenta millonario plan de presupuesto para el DDEC 

Tras una votación cerrada de 3-2, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, en inglés) 

 para prohibir a nivel nacional los acuerdos de no competencia, con el argumento de que buscan promover la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo, incrementando la innovación y fomentando la creación de nuevos negocios.

La Comisión determinó que la prohibición constituye un método injusto de competencia, lo cual es una violación de la Sección 5 de la Ley de la FTC que los empleadores celebren acuerdos de no competencia con los trabajadores y hagan cumplir ciertos acuerdos de no competencia.

"Las cláusulas de no competencia mantienen bajos los salarios, suprimen nuevas ideas y privan a la economía estadounidense de dinamismo, incluyendo a más de 8,500 nuevas empresas que podrían crearse cada año una vez que se prohíban estos acuerdos", sostuvo la presidenta de la FTC, Lina M. Khan, en un comunicado de prensa.  Se espera que la nueva norma final aprobada por la FTC asegure que los trabajadores tengan la libertad de buscar un nuevo empleo, iniciar un negocio o lanzar una nueva idea al mercado, sin limitaciones de sus patronos anteriores.

La FTC estima que esta normativa incrementará la formación de nuevos negocios en un 2.7% anual, resultando en más de 8,500 negocios adicionales creados cada año. Se espera que la regla final también aumente los ingresos de los trabajadores, con un incremento estimado de $524 adicionales por año para el trabajador promedio, y que reduzca los costos de atención médica hasta en $194 mil millones durante la próxima década. Además, se espera que la norma impulse la innovación, llevando a un aumento estimado de entre 17,000 y 29,000 patentes adicionales cada año durante los próximos 10 años.

Una cláusula de no competencia es un término contractual entre un empleador y un trabajador que impide que el empleado trabaje para un competidor o inicie un negocio que compita, generalmente dentro de un área geográfica determinada y un período de tiempo después de que termina el empleo del trabajador. De acuerdo con la FTC, los acuerdos de no competencia imponen condiciones contractuales que impiden a los trabajadores aceptar un nuevo empleo o iniciar un nuevo negocio. 

A menudo, estos acuerdos obligan a los trabajadores a permanecer en empleos que desean dejar o a enfrentar daños y costos significativos, como cambiar a un campo de menor remuneración, reubicarse, abandonar la fuerza laboral o defenderse contra litigios costosos. Se estima que 30 millones de trabajadores, casi uno de cada cinco empleados, están sujetos a un acuerdo de no competencia.

Bajo la nueva norma de la FTC, los acuerdos de no competencia existentes para la gran mayoría de los trabajadores ya no serán ejecutables después de 120 días, que es la fecha en que entra en vigor la norma. Una vez que la regla esté en vigor, los participantes del mercado podrán reportar información sobre una sospecha de violación de la regla al Bureau de Competencia enviando un correo electrónico a noncompete@ftc.gov.

Los acuerdos existentes para ejecutivos senior, quienes representan menos del 0.75% de los trabajadores, pueden permanecer en vigor, pero se prohíbe a los empleadores entrar en nuevos acuerdos de no competencia o intentar hacerlos cumplir, incluso si involucran a ejecutivos senior. Los empleadores deberán notificar a los trabajadores, que no sean ejecutivos senior y que estén sujetos a un acuerdo de no competencia existente, que no se harán cumplir dichos acuerdos contra ellos.

En enero de 2023, la FTC emitió una regla propuesta que estuvo sujeta a un período de comentarios públicos de 90 días. La FTC recibió más de 26,000 comentarios sobre la regla propuesta, con más de 25,000 comentarios a favor de la prohibición propuesta por la FTC sobre los acuerdos de no competencia. Estos comentarios informaron el proceso final de formulación de normas de la FTC, con la Comisión revisando cuidadosamente cada comentario y realizando cambios en la regla propuesta en respuesta a las opiniones del público.

La regla final aprobada crearía más de 8,500 nuevas empresas al año, aumentos de salarios a trabajadores, reducción de costos médicos y otros beneficios

Prohibidas las cláusulas de no competencia por la FTC

El traslado histórico de sobre 70,000 venezolanos de estatus migratorio no definido que viven en Nueva York hacia Puerto Rico ya no verá la luz del día, lo que colocó un punto final a meses de comunicaciones secretas entre la rama ejecutiva y el sector privado para intentar agilizar los trabajos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017 que no han iniciado a pesar de estar financiados con fondos federales.

La inusual movida que, de acuerdo con varias fuentes que se comunicaron con 

, se gestó desde La Fortaleza y expandió sus tentáculos al sector privado. Involucró a altos funcionarios del gobierno local. Al tope de la lista se encontraba el secretario auxiliar de la gobernación en asuntos prioritarios, Roberto “Robert” Méndez, quien, en conjunto con personas con intereses económicos en la industria de la construcción, intentaron a toda prisa preparar el andamiaje legal y de recurso humano para que esta movilización masiva ocurriera a la brevedad posible. De paso, buscaban resolver un serio problema, sin calcular los riesgos y las consecuencias de sus acciones.

A medida que la ciudad de Nueva York continúa recibiendo un número creciente de inmigrantes venezolanos, los desafíos relacionados con su estatus migratorio y bienestar aumentan con el pasar del tiempo. Los venezolanos, quienes ahora pueden beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) tras su expansión en 2023 por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentan obstáculos significativos debido al cierre de la sede consular de su país en la ciudad, lo que complica los esfuerzos de regularizar su situación migratoria y obtener documentos válidos.

, muchos inmigrantes se sienten abandonados por las autoridades consulares, lo que agrega una capa de dificultad en sus intentos por establecer una vida estable en Estados Unidos. Esta situación ha sido particularmente dolorosa durante la pandemia, donde la necesidad de documentos oficiales se ha vuelto aún más crítica.

La administración local, liderada por el alcalde de la ciudad Eric Adams y la gobernadora Hochul, aboga por la aceleración de permisos de trabajo para ayudar a los inmigrantes a integrarse en la economía local, mientras enfrentan un reto presupuestario significativo. 

El sitio web www.Factchequeado.com reportó en septiembre de 2023 

que más de 60,000 migrantes de diversas nacionalidades están actualmente alojados en albergues por la ciudad, con un costo que supera los 1,700 millones de dólares.

Luego de múltiples gestiones realizadas por este medio para conocer la versión oficial de los pormenores de la propuesta movilización histórica de recurso humano extranjero, la noticia fue confirmada de forma somera por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mientras se esperaba por la respuesta de una solicitud de información cursada a la secretaria de prensa Sheila Angleró Mojica al amparo de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. 

Inicialmente, la movida se realizaría a través de un acuerdo entre la administración local y la neoyorkina que gobierna la demócrata Kathy Hochul. Posteriormente, la Asociación de Contratistas Generales (AGC, en inglés) de ambos territorios fue insertada en la discusión. Este trato incluía la posibilidad de que los obreros recibiesen viviendas arrendadas bajo un modelo de subsidio.

Sin embargo, dichos esfuerzos se hicieron sal y agua recientemente, luego de que se levantaran serios planteamientos en torno a cuán seguro sería albergar a miles de personas sin conocer su historial y expedientes delictivos en su país de origen. Además, serias preocupaciones sobre la posibilidad de que personas asociadas a grupos terroristas pudiesen obtener fácil acceso a la Isla también fueron determinantes a la hora de desistir de una idea de la que a cuentagotas se pudo conocer una pequeña parte de esta.

 cursó el 12 de febrero la solicitud de acceso a información pública a Angleró Mojica. Su respuesta parcial fue enviada 14 días después de requerir los datos mientras el gobernador y jefes de su gabinete constitucional divulgaban ciertos detalles de lo que nombraron como plan piloto a otros medios de comunicación. Reproducimos la respuesta recibida desde La Fortaleza de forma íntegra:

“En cuanto a las preguntas relacionadas con el Lcdo. Robert Méndez, es importante aclarar que ni el secretario auxiliar, ni ninguna autoridad del gobierno tiene la capacidad de comprometerse a traer inmigrantes para trabajar, ya que esta prerrogativa es exclusiva del gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) y su secretario, Alejandro Mayorkas. No obstante, Méndez, como secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Prioritarios desde el 2021, cuenta con la confianza y la autorización del gobernador para explorar todas las opciones viables y necesarias conforme a las leyes y reglamentos estatales y federales para sobrepasar y atender los retos de la industria de la construcción y lograr completar la reconstrucción de Puerto Rico. Es importante destacar que, al ser una prerrogativa exclusiva del DHS, por parte del ejecutivo estatal no puede existir un compromiso más allá de auscultar la posibilidad de traer mano de obra extranjera y presentar peticiones a las agencias federales concernidas sobre este asunto. 

El gobernador Pierluisi ha indicado que ya, en petición al secretario Mayorkas, ha quedado claro que no hay espacio para los visados de trabajo, sin embargo, sí se está hablando con el gobierno de New York, mediante el secretario de Estado, Lcdo. Omar Marrero, para auscultar la posibilidad de hacer acuerdos para inmigrantes que cuenten con permisos de trabajo. Esto es algo que como ha dicho el gobernador, se está hablando, pero todavía no hay una decisión final. 

Por tanto, dado que Puerto Rico no cuenta con la aprobación del DHS para traer mano de obra extranjera para trabajar en la industria de la construcción, no existe información sobre dónde residirían y quién sería el responsable de los inmigrantes disponibles para trabajar. Por la misma razón, tampoco se han desarrollado medidas para mitigar la inflación en viviendas de alquiler que podría generar el recibir trabajadores extranjeros en la isla.

La industria de la construcción en general ha planteado a nuestra administración su preocupación sobre la falta de mano de obra para trabajar con la cantidad sin precedentes de proyectos de construcción que experimenta y experimentará la isla en los próximos años. El Lcdo. Méndez, el 29 de abril del 2022, se reunió con la Lcda. Maria del Rosario García Miranda, de la American Immigration Lawyer Association, quien ha sido muy vocal en este asunto. Sin embargo, no existe, ni hemos recibido de algún ente externo, ningún estudio preliminar o final que pueda plasmar que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla”. 

No hubo respuestas concretas para los siguientes 11 cuestionamientos:

1. ¿Cómo se garantizará que estos contratistas no sustituirán a empleados actuales por resultarles más costo-efectivos a las partes contratantes? 

2. ¿Existe un plan para regular los márgenes de ganancia de los contratistas privados y que a su vez limite prácticas discriminatorias entre contratación de empresas y/o mano de obra local versus la foránea?

3. ¿Cómo el traer personas de estatus migratorio no definido a la Isla para trabajos de construcción garantiza que se agilicen los proyectos pendientes y/o se inicien nuevos cuando sabemos que muchos proyectos se declaran desiertos porque contratistas no tienen mayor “bonding capacity”?

4. ¿Qué rol juega la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés) en las negociaciones para traer estos miles de trabajadores a Puerto Rico?

5. ¿Cuál ha sido el resultado de las consultas con agencias federales pertinentes sobre dicha intención? 

 a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas del gobierno federal. 

6. ¿Dónde residirían estos trabajadores y quién sería responsable de subvencionar sus gastos de alojamiento? 

7. ¿Cuál es la fecha proyectada para comenzar este programa de traslado y alojamiento de personas con estatus migratorio no definido? 

8. ¿Qué número exacto de personas con estatus migratorio no definido se proyecta traer a Puerto Rico? ¿De qué países o estados serían trasladados? 

9. Además del AGC, ¿la administración ha consultado esta iniciativa con otros grupos representantes del sector privado?

 a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas de los grupos o personas del sector privado consultados. 

10. Provea copia de cualquier estudio preliminar o final que demuestre que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla. 

11. Produzca un listado de los proyectos que se encuentran retrasados por consecuencia directa de la falta de mano de obra.

Según los informantes, este plan piloto tuvo su génesis entre los capítulos de Nueva York y Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés). La idea principal detrás de la iniciativa era allegar mano de obra extranjera dispuesta a aceptar una remuneración menor a lo que devenga en promedio un obrero de la construcción local, indicaron las fuentes consultadas.

“En la práctica siempre es el mismo patrón con esto de los fondos federales. Ya hay unas guías de salarios que se estimaron para llegar a las obligaciones de fondos. El asunto es más allá que estos contratistas saben que hay dinero y quieren más margen de ganancia. Ahora mismo, un buen número de proyectos de María se obligaron bajo la sección 428 y prácticamente no permite que los subrecipientes pidan más dinero si se quedan cortos o no le da para la obra. En los proyectos bajo la sección 406, que ha sido lo común en los desastres, puedes regresar más si al final te sale más cara la obra”, explicó una de las fuentes ligadas al proceso de otorgación de fondos de FEMA.

Actualmente y según cifras del más reciente informe sobre empleos ocupacionales y de salarios que prepara el US Labor Statistics con información que provee el DTRH, 35,440 personas poseen un puesto de trabajo en la industria de la construcción y devengan un salario promedio de $11.26 la hora y $27,380 al año.  Estas cifras están muy por debajo de lo que pagan en estados con una alta concentración de puertorriqueños como Florida, Texas y Nueva York, en donde los trabajadores reciben sueldos que rondan entre $52,000 a $61,000 anuales.

, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), licenciado Gabriel Maldonado González, confirmó que participó de conversaciones para suplir la necesidad de mano de obra para proyectos de reconstrucción, pero aseguró que existen otras opciones sobre la mesa para aligerar el proceso utilizando mano de obra local.

“Sí, sí, definitivo, lo hemos conversado a nivel de la rama ejecutiva como con contratistas privados, personas de la industria que están interesadas en este tema. Realmente, lo que estamos buscando el gobierno y el sector privado es del menú de las diferentes alternativas que pudiera haber y que se pudieran utilizar para mejorar la situación porque la reconstrucción se tiene que hacer, se tiene que hacer bien en cumplimiento con todas las regulaciones de FEMA, del gobierno federal o de las agencias que estén otorgando los fondos, y se tiene que dar dentro de los parámetros de tiempo que ellos están otorgando. La idea es que esto avance y que no estemos para siempre en este tipo de proyecto, haciendo la aclaración de que es usual que tome su tiempo”, señaló el directivo en una entrevista vía Zoom.

Aunque no soltó prenda sobre si son 70,000 los extranjeros que pudieron haber llegado a Puerto Rico, el secretario del DTRH estimó en 40,000 la cantidad de posiciones que deben llenarse para lograr completar los proyectos pendientes. 

“Esto es un número que varía dependiendo de a quién le preguntes, pero yo usualmente el estimado que trato de dar es que si nosotros tenemos hoy 37,700 empleos formales en la construcción, que son los datos a diciembre, y para la época en donde la construcción de Puerto Rico estaba en sus mejores momentos hace 20 años, ese número era 70,000 a 90,000 personas, un estimado razonable es de 40,000 personas. Mas allá de suplir trabajadores adicionales, también hay cambios a nivel de industria de cómo se hacen las cosas que pueden impactar cuánto personal tú necesitas para un proyecto de construcción particular”, apuntaló el directivo, quien no quiso comparar a Puerto Rico con otras jurisdicciones para medir tanto los salarios que devengan los trabajadores de la construcción ni la velocidad que lleva la reconstrucción de la Isla tras los ciclones más devastadores en la historia moderna.

“Realmente el huracán María no tienen comparables, pero en términos de huracanes grandes que han pasado en Estados Unidos podemos tomar como referencia el huracán Katrina y el huracán Sandy, cuyos procesos también demoraron 10, 15 años. En términos de mano de obra, pues sí, realmente lo que estamos buscando es de las diferentes alternativas o herramientas que tenemos para suplir esa necesidad, realmente es una combinación de todas. Para el Departamento del Trabajo la prioridad es la mano de obra local. Para mí lo principal, la clave es que tenemos que fomentar la participación laboral”, añadió Maldonado González, al tiempo que reconoció que, aunque la tasa de participación laboral se ha elevado considerablemente, aún no alcanza la cifra de otras jurisdicciones.

“Para mí, si bien no estoy descartando esas otras alternativas como la de Nueva York ni la H2B ni otras herramientas que pudieran haber, lo principal es aumentar la participación laboral de las personas que tenemos aquí. Definitivamente estar hablando de 1.2 millones de personas en la fuerza laboral versus 1.5 millones que no lo están es un problema que tenemos que atender”, enfatizó el secretario.

¿Existen adiestramientos en el sector público para trabajadores locales que no tengan una profesión formal como contratistas para que puedan participar de la industria de la construcción?, le preguntamos al secretario.

“A nivel de las herramientas que tenemos como gobierno para ayudar al sector privado en el adiestramiento de personas que no tengan las destrezas actualmente para desempeñarse en la industria de la construcción, pues si, a través de programas como el titulo 1 de WIOA, (Workplace Innovation and Opportunity Act, por sus siglas en inglés) el programa de aprendizaje registrado y el Departamento de la Vivienda que tiene otros programas bajo los fondos CDBG, para mencionar algunas”, enumeró Maldonado González sin detallar qué cursos o adiestramientos dirigidos a aprender sobre la industria de la construcción se gestan desde el gobierno central. 

El informe más reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, en inglés) sobre la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María, destaca tanto progresos como desafíos continuos. A junio de 2023, FEMA había asignado aproximadamente $23.4 mil millones para trabajos permanentes de recuperación en Puerto Rico relacionados con los huracanes de 2017 y los terremotos de 2019 y 2020. De esta cantidad, solo se habían gastado alrededor de $1.8 mil millones, por lo que de acuerdo con el análisis queda mucho trabajo permanente por realizar. Además, cerca de $11.3 mil millones de los fondos asignados requieren la autorización de FEMA antes de que Puerto Rico pueda utilizarlos.

 y en respuesta al informe del GAO, el secretario adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, (DOC, en inglés) Don Graves, enfatizó que la mano de obra para completar la recuperación de Puerto Rico debe provenir principalmente de trabajadores locales, lo cual contradice el plan piloto que el gobierno local deseaba implementar para atraer contratistas extranjeros.

A pesar de múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas a la oficina de prensa del DOC para obtener declaraciones de Graves, quien también funge como coordinador de la División de Desarrollo Económico de Puerto Rico para el presidente Joe Biden, 

el funcionario prefirió el silencio y no contestó las siguientes preguntas: 

1- ¿Cómo está participando el Departamento de Comercio y/o la División de Crecimiento Económico de Puerto Rico en las negociaciones entre el Estado de NY y el gobierno de PR para que estos migrantes puedan venir a la isla?

2- ¿Existe algún estudio (preliminar o final) para sostener o rechazar esta iniciativa? Si es así, proporciónenos el informe para que podamos incluir sus hallazgos en la pieza de investigación.

3- En términos de crecimiento económico, ¿cómo se beneficiará o se verá afectado Puerto Rico al permitir que los migrantes trabajen en los proyectos de reconstrucción pendientes en lugar de seleccionar trabajadores locales?

4- Como menciona el informe de la GAO, uno de los factores que están provocando retrasos en la finalización de los proyectos de recuperación en PR es la falta de mano de obra con conocimientos en construcción. Las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestran que el ingreso anual en PR para estos trabajadores es el más bajo entre los 50 estados. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puede hacer Puerto Rico para atraer empleados/contratistas locales/extranjeros?

 aguarda declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, a través de su directora de comunicaciones, quien aseguró que su equipo trabaja con la respuesta desde la tarde de ayer, lunes.

InDiario investigó cómo se creó un supuesto plan piloto desde La Fortaleza con tentáculos en el sector privado para adelantar la reconstrucción de la Isla

Negocios