Keiko endurece el control en cinco cárceles de Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, comenzó a poner en marcha una de sus principales promesas de mano dura contra el crimen organizado al declarar en estado de emergencia cinco de las cárceles consideradas más peligrosas del país y ordenar un cerco de seguridad con participación de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La medida estará vigente durante 60 días y busca atacar un problema que el Gobierno peruano considera central en el crecimiento de la delincuencia: organizaciones criminales cuyos líderes continúan coordinando extorsiones, asesinatos por encargo y operaciones de narcotráfico aun después de ingresar a prisión.

La emergencia incluye los establecimientos penitenciarios de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Trujillo Varones, en La Libertad; y Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos en Lima.

Según el Decreto Supremo 128-2026-PCM, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán desarrollar operativos permanentes hasta un radio de 200 metros alrededor de los penales para impedir el ingreso de armas, teléfonos y otros artículos prohibidos, realizar labores de inteligencia y prevenir fugas o alteraciones del orden.

Cortar la comunicación con las bandas

El objetivo no será únicamente reforzar las paredes de las prisiones.

Una parte esencial de la estrategia consiste en aislar a los líderes criminales de sus estructuras en el exterior.

De acuerdo con las autoridades peruanas, aproximadamente la mitad de los reclusos vinculados con organizaciones criminales se encuentran concentrados en las cinco instituciones seleccionadas.

Desde algunos de esos centros, según el Gobierno, se han dirigido extorsiones, sicariatos y operaciones relacionadas con drogas mediante teléfonos celulares y otros equipos de telecomunicaciones introducidos ilegalmente.

Por ello, las operaciones contemplan la incautación de teléfonos celulares y tarjetas SIM, además de intervenciones contra antenas de telecomunicaciones instaladas en sectores cercanos a las cárceles.

El decreto también permite reforzar la vigilancia del espacio aéreo alrededor de los establecimientos.

La administración Fujimori sostiene que cortar esas comunicaciones es indispensable para impedir que una condena de prisión termine convirtiéndose simplemente en un cambio de oficina para dirigentes de organizaciones criminales.

Ejército llega a las cárceles

Las disposiciones comenzaron a hacerse visibles durante el fin de semana.

Este lunes, efectivos militares permanecían desplegados en los alrededores de los penales Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima, mientras otro contingente había sido movilizado alrededor del establecimiento penitenciario de Trujillo.

Precisamente Trujillo se encuentra en una de las regiones golpeadas por organizaciones dedicadas a la extorsión, secuestro, minería ilegal y asesinatos.

El Gobierno, sin embargo, insiste en que la decisión no representa una militarización interna del sistema penitenciario.

El Instituto Nacional Penitenciario continuará encargado de la administración y custodia dentro de los establecimientos. La participación militar estará concentrada principalmente en el perímetro exterior y en labores de apoyo a las fuerzas policiales.

Derechos restringidos temporalmente

La declaración de emergencia también permitirá restringir temporalmente determinados derechos constitucionales dentro del perímetro establecido.

Entre ellos se encuentran la libertad de tránsito, reunión, libertad y seguridad personal de quienes ingresen o circulen en las áreas cubiertas por la emergencia.

La Defensoría del Pueblo anunció que vigilará la aplicación de las medidas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Un sistema penitenciario desbordado

Fujimori enfrenta, además, un sistema carcelario severamente congestionado.

Perú cuenta con más de 100,000 presos distribuidos en 69 cárceles cuya capacidad conjunta ronda apenas los 40,000 reclusos, según datos reseñados por EFE.

La BBC, citando información oficial, sitúa la sobrepoblación penitenciaria en aproximadamente 156% y señala un déficit de personal cercano al 45%.

Las deficiencias no se reducen al espacio.

Inspecciones realizadas recientemente por la Contraloría peruana detectaron en algunas cárceles problemas con escáneres para revisar personas y paquetes, limitaciones en sistemas de videovigilancia, deterioro de infraestructura de seguridad y deficiencias en torres de vigilancia y alumbrado.

Crimen dispara las alarmas

El endurecimiento de la política penitenciaria ocurre mientras Perú atraviesa un fuerte deterioro de sus indicadores de seguridad.

Los homicidios aumentaron de alrededor de 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025, mientras las denuncias de extorsión se dispararon durante ese mismo periodo de aproximadamente 3,200 a 26,500, de acuerdo con cifras reseñadas por BBC News Mundo.

Solamente entre enero y junio de 2026, la Policía Nacional contabilizó 1,267 homicidios.

El impacto también es económico. En 2025, el Ministerio de Economía peruano estimó que la inseguridad le cuesta al país aproximadamente $5,000 millones anuales, equivalentes a cerca del 1.7% de su producto interno bruto.

La apuesta de Fujimori por la mano dura

La intervención carcelaria ofrece una primera muestra de la política de seguridad que Fujimori prometió durante la campaña presidencial.

Al asumir la Presidencia a finales de julio, la mandataria prometió endurecer la ofensiva contra el narcotráfico, las bandas criminales y las organizaciones que operan desde las cárceles.

Su Gobierno también solicitó al Congreso facultades legislativas durante 120 días para aprobar medidas relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Una de las propuestas que Fujimori defendió durante la campaña fue poner a trabajar a los presos y vincular determinados beneficios dentro del sistema penitenciario al trabajo realizado, además de conceder mayor participación a las Fuerzas Armadas en asuntos de orden público.

La emergencia en los cinco penales constituye así el primer gran ensayo de esa estrategia.

Durante los próximos dos meses, el Gobierno buscará demostrar que reforzar físicamente las cárceles y, sobre todo, romper las comunicaciones entre los presos y sus organizaciones en las calles, puede reducir una criminalidad que durante los últimos años ha convertido la inseguridad en una de las mayores preocupaciones de los peruanos.