El sacrificio de nuestros veteranos no tiene código postal - OPINIÓN

Ayer, 11 de noviembre, conmemoramos el Día del Veterano. Como cada año, hubo ceremonias, mensajes de agradecimiento, reconocimientos y palabras de admiración dirigidos a quienes vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hoy, las redes sociales estarán ocupadas con otros asuntos y la mayoría habrá regresado a su rutina. Sin embargo, nuestros veteranos y veteranas seguirán enfrentando las mismas necesidades y desigualdades que antes de recibir tantos homenajes.

Y es precisamente ahí donde debemos comenzar a reflexionar.

El agradecimiento a quienes sirvieron a la Nación Norteamericana no tiene fecha de vencimiento. No puede limitarse al 11 de noviembre ni a las ofrendas florales del Día de la Recordación, cuando honramos a quienes cayeron en el cumplimiento del deber. Mucho menos puede convertirse en una tradición que se revive cada cuatro años, cuando comienza un nuevo ciclo electoral y los veteranos vuelven a ocupar un lugar privilegiado en los discursos políticos.

Honrar a un veterano es mucho más que estrecharle la mano, entregarle una proclama o tomarse una fotografía a su lado. Es reconocer que detrás de cada uniforme hubo una persona que aceptó una responsabilidad extraordinaria: defender una Nación, sus libertades y los principios sobre los cuales fue fundada, aun cuando ello signifique arriesgar su propia vida.

Puerto Rico tiene una historia de servicio militar que merece orgullo y respeto. Desde las grandes guerras del siglo pasado hasta los conflictos contemporáneos, miles de puertorriqueños han respondido al llamado de la Nación. Algunos regresaron condecorados; otros, con heridas visibles e invisibles. Muchos nunca regresaron. Sus familias también pagaron el precio de ese servicio, soportando ausencias, incertidumbre y sacrificios que rara vez reciben el reconocimiento que merecen.

Basta recordar a los Borinqueneers, soldados del Regimiento 65 de Infantería que demostraron su valor en condiciones extraordinarias. Su legado, reconocido con la Medalla de Oro del Congreso, constituye un testimonio de patriotismo, disciplina y compromiso. Pero su historia también nos recuerda que el reconocimiento puede llegar demasiado tarde.

Hoy, decenas de miles de veteranos residen en Puerto Rico. Son hombres y mujeres que no necesitan que les recordemos, una vez al año, cuánto admiramos su servicio. Necesitan que las instituciones respondan con la misma seriedad con la que respondieron cuando fueron llamadas a servir.

Uno de los asuntos fundamentales es lograr una mayor igualdad en el acceso a los servicios médicos y a los beneficios federales respecto de sus compañeros que residen en los estados. Las diferencias en la disponibilidad de especialistas, en las redes de proveedores y en determinados programas de salud representan obstáculos para quienes ya cumplieron con su deber.

El caso de TRICARE resulta particularmente ilustrativo. Puerto Rico continúa enfrentando limitaciones en la disponibilidad de ciertas modalidades de cobertura médica para los beneficiarios elegibles, incluidos los militares retirados y sus familias. Esta situación merece atención federal y soluciones concretas que amplíen las alternativas de atención médica disponibles en nuestra Isla. ¿Cómo podemos justificar que dos militares que sirvieron juntos, enfrentaron los mismos peligros y defendieron la misma bandera, presenten diferencias en el acceso a determinados servicios de salud simplemente porque uno reside en Florida y el otro en Puerto Rico?

En el campo de batalla nadie pregunta si el compañero que está a su lado nació en Ponce, Mayagüez, Texas o Nueva York. Nadie pregunta cuál es su código postal, su afiliación política ni por quién votaría en unas elecciones. Cuando llega el momento de cumplir la misión, lo que importa es la valentía y la confianza de que cada uno estará dispuesto a proteger al otro. Esa misma solidaridad debería acompañarlos cuando regresan a sus hogares.

Reconocer estas diferencias no implica ignorar los servicios que ya ofrece el Departamento de Asuntos de Veteranos ni los esfuerzos de tantas organizaciones comprometidas con esta población. Significa comprender que las limitaciones administrativas, presupuestarias o geográficas no deben convertirse en excusas permanentes para la inacción.

También debemos mirar más allá de la atención médica. Nuestros veteranos necesitan oportunidades de empleo, apoyo para emprender, acceso a programas de capacitación y mecanismos efectivos para su reintegración a la vida civil. Quienes desarrollaron destrezas de liderazgo, disciplina y responsabilidad durante su servicio militar tienen mucho que aportar a nuestra economía y a nuestras comunidades. La mejor manera de agradecerles no es fomentar la dependencia, sino garantizar que tengan las herramientas y oportunidades necesarias para construir el futuro que se han ganado.

Esta responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a Washington. En Puerto Rico, nuestras instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil desempeñan un papel fundamental. Podemos simplificar procesos, reconocer las capacidades profesionales adquiridas durante el servicio militar y facilitar oportunidades para que los veteranos y las veteranas continúen contribuyendo al desarrollo de nuestra Isla.

El patriotismo no se mide por la cantidad de banderas que ondeamos durante una ceremonia ni por la emotividad de un discurso. También se demuestra en la consistencia de nuestras acciones cuando se apagan las cámaras y terminan los homenajes.

Ayer fue el Día del Veterano. Hoy comienza nuevamente la responsabilidad de demostrar que nuestras palabras tienen valor. Porque quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por la Nación no deberían tener que dedicar el resto de su vida a luchar por un trato justo.

En combate nadie les preguntó de dónde eran. En la paz, tampoco debería importar dónde viven.

Janille Rodríguez Beamud es abogada, notaria y asesora estratégica con cerca de dos décadas de experiencia en derecho corporativo, transacciones comerciales, relaciones laborales, cumplimiento regulatorio, derecho administrativo y planificación estratégica. A lo largo de su carrera, ha asesorado a empresas, organizaciones profesionales, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en asuntos legales, regulatorios, legislativos y de política pública, incluidos temas relacionados con el desarrollo económico, las relaciones gubernamentales y los asuntos federales. Participa activamente en el análisis de temas legales, económicos, regulatorios y de política pública que inciden en la competitividad, la inversión y el desarrollo de Puerto Rico