LUMA reta salto al Supremo en pleito de cancelación contrato
La empresa se opuso a la certificación solicitada por el Gobierno, la AAPP y la AEE; el Supremo concedió 15 días para responder.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El pleito judicial entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy por la cancelación del contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica sumó este lunes nuevas mociones ante el Tribunal Supremo, luego de que la empresa se opusiera formalmente a los recursos de certificación presentados por el Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En dos escritos separados, LUMA solicitó al Supremo que rechace la petición de asumir jurisdicción inmediata sobre el caso y permita que el litigio continúe su curso ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia. La empresa sostiene que el reclamo del Gobierno no cumple con los criterios excepcionales para una certificación intrajurisdiccional y que la controversia requiere descubrimiento de prueba, adjudicación de hechos y evaluación contractual antes de cualquier determinación final.
Vea la Oposición de Luma - Gobierno
Vea la Oposición de Luma - AAPP/AEE
El caso gira en torno a la validez de la llamada Carta-Extensión o Supplemental Agreement, mediante la cual LUMA continuó operando el sistema de transmisión y distribución eléctrica desde el 1 de junio de 2021. El Gobierno, la AAPP y la AEE han planteado la nulidad de esa extensión contractual como parte de su estrategia legal para encaminar la terminación del contrato.
LUMA, sin embargo, alegó que una determinación acelerada de nulidad tendría consecuencias inmediatas para la operación del sistema eléctrico, particularmente en plena temporada de huracanes. En sus mociones, la empresa advirtió que el Gobierno no ha presentado un plan de transición, no ha identificado un operador sustituto y no ha detallado cómo manejaría la operación diaria del sistema si el contrato queda sin efecto de manera inmediata.
La empresa también planteó que una cancelación abrupta podría afectar la credibilidad contractual del Gobierno, el proceso de reestructuración de la AEE bajo PROMESA y cientos de proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales. Además, sostuvo que la terminación podría generar costos millonarios, incluyendo pagos por terminación, cuentas pendientes, tarifas operacionales durante la transición y posibles reclamaciones por daños.
En sus argumentos, LUMA afirmó que la AAPP y la AEE estaban obligadas a agotar primero los mecanismos de resolución de disputas establecidos en el contrato, incluyendo notificación formal, negociación y mediación. Según la empresa, acudir directamente al tribunal para solicitar la nulidad del acuerdo constituye un intento de evadir el proceso pactado entre las partes.
La compañía también rechazó los señalamientos del Gobierno sobre presunta mala fe, dolo o irregularidades en la aprobación de la extensión contractual. LUMA sostuvo que la AAPP y la AEE validaron por años la vigencia del acuerdo, actuaron conforme a sus términos y ahora pretenden desconocer un contrato que, según la empresa, fue aprobado y ejecutado por los propios entes gubernamentales concernidos.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo emitió dos resoluciones relacionadas con los recursos pendientes. En el caso presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón y el Gobierno de Puerto Rico, el Supremo concedió un término de 15 días para que expresen su posición sobre la procedencia del recurso urgente de certificación, a la luz de las reconvenciones presentadas por LUMA en el Tribunal de Primera Instancia.
Vea Resolución TS - Gobierno vs LUMA
Vea Resolución TS - AAPP / AEE vs LUMA
En el caso separado presentado por la AAPP y la AEE, el Supremo concedió el mismo término de 15 días para que ambas entidades se expresen sobre la procedencia de su solicitud de certificación intrajurisdiccional, también en vista de las reconvenciones de LUMA.
El alto foro también dejó pendiente la solicitud de consolidación de los casos. Según las resoluciones, el Tribunal atenderá ese asunto una vez comparezcan las partes o expire el término concedido.
La movida procesal coloca nuevamente la controversia en una zona de espera. Por un lado, el Gobierno busca acelerar la revisión judicial del contrato de LUMA ante el Supremo. Por el otro, la empresa insiste en que el caso debe ventilarse primero en el foro de instancia, con prueba, testigos, documentos y un récord judicial completo.
La batalla legal ocurre en momentos en que la administración de Jenniffer González ha reiterado públicamente su intención de cancelar el contrato de LUMA, mientras la empresa advierte que una salida sin transición ordenada podría provocar más incertidumbre operacional, financiera y contractual en el sistema eléctrico del país.
Por ahora, el Supremo no ha decidido si asumirá jurisdicción directa sobre el pleito. Lo que sí dejó claro este lunes es que las partes deberán justificar, por escrito y en un término breve, si procede o no que el máximo foro del país intervenga en esta etapa del litigio.
