Crecen voces de alerta por proyecto sobre ciudadanía

El mensaje de tranquilidad emitido por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, sobre la imposibilidad de retirar la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños contrasta con las advertencias que han comenzado a surgir desde otros territorios de Estados Unidos, cuyos representantes consideran que un proyecto presentado en la Cámara federal no debe ser descartado pese a sus escasas posibilidades de convertirse en ley.

Durante una actividad en Barranquitas, Hernández Rivera sostuvo que "nadie te puede quitar la ciudadanía americana", al reaccionar a preguntas sobre el proyecto H.R. 9724, presentado por el representante republicano Morgan Griffith, de Virginia.

La medida propone eliminar la ciudadanía estadounidense automática para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2027 en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Aunque el comisionado residente insistió en que la ciudadanía de los puertorriqueños está protegida por legislación federal y que el proyecto carece de apoyo suficiente para avanzar en el Congreso, líderes de otros territorios han expresado una visión más cautelosa.

La delegada de las Islas Vírgenes en el Congreso, Stacey Plaskett, advirtió que el proyecto "despojaría de la ciudadanía estadounidense automática" a los niños nacidos en los territorios y sostuvo que su lenguaje es lo suficientemente amplio como para dejar a algunos menores "ciudadanos de ninguna parte".

Plaskett calificó la propuesta como "divisiva", afirmó que descansa sobre los Casos Insulares —una doctrina jurídica cuya base racista ha sido repudiada por el propio Departamento de Justicia— y aseguró que continuará trabajando junto a republicanos y demócratas para vigilar el desarrollo de la iniciativa.

La congresista reconoció que el proyecto no cuenta con copatrocinadores y que actualmente no tiene una ruta clara para ser considerado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, señaló que el tema no debe ignorarse, especialmente después de que el vicepresidente JD Vance indicara que la administración federal está evaluando ese planteamiento al calificarlo como una "gran idea".

A esa preocupación se sumó el delegado de Guam en la Cámara de Representantes, James Moylan, quien anunció públicamente su oposición al proyecto.

En una declaración difundida el martes, Moylan sostuvo que la propuesta "adopta el enfoque equivocado" al convertir a los territorios en el centro del debate nacional sobre inmigración y recordó que la ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Guam ha estado reconocida por ley durante más de siete décadas.

El legislador añadió que generaciones de residentes de Guam han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con una de las tasas de alistamiento per cápita más altas del país, por lo que consideró injustificado poner en duda ese reconocimiento.

Griffith presentó el proyecto luego de argumentar que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Trump v. Barbara, relacionada con la ciudadanía por nacimiento en los estados, deja abierta la posibilidad de que el Congreso legisle de manera distinta para los territorios, debido a que la ciudadanía de sus residentes surge de leyes federales y no directamente de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La discusión ha reavivado el debate sobre la naturaleza estatutaria de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico y otros territorios, así como el alcance que tendría el Congreso para modificar esa legislación en el futuro.

Las expresiones de representantes de Guam y las Islas Vírgenes también reflejan una creciente preocupación entre los territorios de que iniciativas de este tipo no sean minimizadas.