Rodríguez Veve exige explicaciones por S2 Services en puerto

La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve radicó dos peticiones de información exigiendo que el Departamento de Hacienda y la Autoridad de los Puertos expliquen la permanencia de S2 Services Puerto Rico, LLC en los muelles públicos de Puerto Nuevo "más de ocho meses después de que el Gobierno cancelara su contrato de escaneo de furgones y le ordenara desalojar."

S2 Services operaba un sistema de escaneo de contenedores en el Puerto de San Juan, un contrato para la inspección de carga en la terminal de Puerto Nuevo cuyos resultados, o falta de ellos, ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores.

La Gobernadora Jenniffer González Colón anunció la cancelación del contrato el 25 de agosto de 2025. "Ese mismo día, la APPR cursó a la empresa una orden de cese y desista y le concedió noventa (90) días para desocupar las instalaciones, plazo que venció el 25 de noviembre de 2025."

La Gobernadora González Colón catalogó el contrato como "oneroso, ineficiente y sin resultados en seguridad ni recaudación contributiva." En conferencia de prensa, sostuvo: "Se han invertido más de 168 millones en resultados proporcionales en seguridad ni recaudados. Además, Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos con este tipo de contrato leonino y oneroso. La cancelación es un ahorro para el pueblo y las futuras generaciones; representa un alivio inmediato a la economía, elimina una carga injusta para consumidores y reafirma nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y el buen uso de fondos públicos." El contrato, firmado en 2009, fue enmendado cinco veces y tenía un impacto estimado de 65 millones de dólares anuales a la cadena de suministros. La gobernadora fue acompañada por el director ejecutivo de la APPR, Norberto Negrón; el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; y otros funcionarios de seguridad.

Seis meses después del vencimiento del plazo, "al 15 de mayo de 2026 surgió información pública que revela que la compañía permanecía en las instalaciones de Puerto Nuevo, no había cesado operaciones y no había retirado sus equipos de escaneo."

Rodríguez Veve dio a ambas agencias un plazo de diez días para responder a sus peticiones. El anuncio ocurre mientras la empresa permanece en las instalaciones sin explicación oficial clara de por qué no ha sido desalojada a pesar de que el Gobierno ordenó la cancelación hace ocho meses.

Para Rodríguez Veve, esto es más grave que un simple incumplimiento. Según su análisis: "Una empresa cuyo contrato fue cancelado por el propio Gobierno continúa en instalaciones públicas, con sus equipos instalados y, posiblemente, generando cobros, en una situación que mantiene viva una controversia con repercusiones fiscales, regulatorias, jurídicas y de seguridad portuaria."

"Resulta inaceptable que una empresa cuyo contrato fue cancelado por el propio Gobierno hace ocho meses continúe operando en los muelles de San Juan sin que, hasta el momento, se hayan ofrecido explicaciones claras al respecto," dijo la senadora. "Tenemos derecho a saber quién responde por esto, cuánto le cuesta al erario y qué riesgo representa para la seguridad de nuestro principal puerto."

Las peticiones de información obligan a Hacienda y la APPR a responder por escrito sobre tres puntos: por qué S2 Services continúa operando, cuál es la exposición fiscal para ambas agencias, y cuál es el riesgo de seguridad portuaria que representa su presencia.

La empresa S2, es representada por la firma Globalize liderada por el cabildero Alfredo Escalera.

Rodríguez Veve, senadora independiente que se desafilió de Proyecto Dignidad en noviembre de 2025, utilizó este mecanismo legislativo para forzar un rendimiento de cuentas en un caso que toca infraestructura crítica y custodia de fondos públicos.