Jhoby Weaks: del caso BitClub al contrato energético

La controversia por el contrato de generación temporera otorgado al consorcio encabezado por Power Expectationsadquirió una nueva dimensión: el misterioso “Jhoby Weaks” que aparece firmando en representación de Enchanted Rock fue identificado como Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, un empresario de criptomonedas que se declaró culpable en 2020 de delitos federales relacionados con la venta de valores no registrados y evasión contributiva.

La identificación fue revelada por una investigación conjunta de Bonita Radio y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que vinculó al firmante del multimillonario contrato energético con Weeks, uno de los acusados en el caso federal de BitClub Network, un esquema de criptomonedas que obtuvo al menos $722 millones de inversionistas alrededor del mundo.

La revelación abre una interrogante adicional sobre un contrato que ya enfrenta cuestionamientos por la supuesta utilización sin autorización del nombre y firma de Enchanted Rock: ¿qué verificación de antecedentes se realizó sobre las personas que representaban al consorcio antes de comprometer al Gobierno con un acuerdo que podría extenderse durante una década?

El contrato fue firmado el 10 de junio de 2026 por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un consorcio compuesto entonces por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor. Su objetivo era instalar 400 megavatios de generación temporera en Aguirre en un periodo de entre 90 y 150 días.

Aunque comúnmente se describe como un contrato de $5,000 millones, la cifra requiere una precisión: documentos de la Junta de Supervisión Fiscal fijan su valor máximo estimado en $5,886,720,000, calculado bajo determinados niveles de utilización durante los diez años del acuerdo. No significa que el Gobierno haya comprometido automáticamente esa cantidad, pues la AEE pagaría principalmente por la electricidad efectivamente suministrada.

¿Quién es Joby Weeks?

Weeks fue acusado federalmente en diciembre de 2019 junto con otros participantes de BitClub Network. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el grupo promovía inversiones en supuestos grupos de minería de criptomonedas y recompensaba a participantes por reclutar nuevos inversionistas. Las autoridades calcularon que el esquema obtuvo al menos $722 millones.

En noviembre de 2020, Weeks se declaró culpable ante la jueza federal Claire C. Cecchi de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados y de evasión contributiva correspondiente a los años 2015 a 2018.

Según Justicia federal, Weeks admitió haber promovido a gran escala las inversiones de BitClub Network mediante vídeos, presentaciones y conferencias en Estados Unidos y otros países. También reconoció haber instruido a inversionistas estadounidenses a utilizar redes privadas virtuales o VPN para esconder sus direcciones IP y evitar la detección de las autoridades.

Además, admitió no haber presentado planillas y haber dejado de reportar al menos $10 millones en ingresos, incluyendo ganancias relacionadas con criptomonedas. Su sentencia ha sido pospuesta repetidamente y, según el expediente judicial citado por el CPI, al 27 de julio todavía estaba pendiente de una nueva fecha.

Es importante distinguir que, aunque Weeks fue acusado inicialmente dentro de un caso descrito por las autoridades como un esquema fraudulento, los cargos por los que se declaró culpable específicamente fueron conspiración para vender valores no registrados y evasión contributiva.

De las criptomonedas a un contrato energético en Puerto Rico

El nombre escrito en el contrato de la AEE aparece como “Jhoby Weaks”, una variación tanto del nombre como del apellido de Joby Weeks. Sin embargo, la investigación del CPI sostiene que se trata de la misma persona y cita fuentes que lo identifican como quien realizó gestiones desde 2025 vinculadas a las operaciones de Enchanted Rock en el Caribe.

Una carta de Osvaldo Carlo Linares, presidente de Regulatory Compliance Services —empresa que opera la oficina independiente de adquisiciones conocida como 3PPO— sostiene que existían documentos mediante los cuales Enchanted Rock había designado a Power Expectations como su agente exclusivo en Puerto Rico y Florida. También hace referencia a un acuerdo de junio de 2025 que habría atribuido a Weeks el título de Chief Operating Officer para operaciones en el Caribe.

Pero cuando Carlo fue cuestionado sobre la evaluación del trasfondo de Weeks, su explicación fue que el proceso de clearance se realizó sobre las corporaciones y no necesariamente sobre cada persona que trabajara para ellas.

Ese planteamiento adquiere ahora especial relevancia: para el momento en que Weeks comenzó a participar en las gestiones relacionadas con el proyecto, su alegación de culpabilidad federal llevaba varios años formando parte del récord público.

Enchanted Rock: nuestro nombre se usó sin autorización

El caso se complicó todavía más cuando Enchanted Rock —ahora ERock— informó a la Junta Fiscal que su nombre y su firma habían sido utilizados sin autorización durante el proceso contractual. La Junta calificó la alegación como extremadamente preocupante y advirtió que podría revocar su aprobación del contrato y realizar referidos a las autoridades correspondientes.

La participación de Enchanted Rock no era un detalle menor. Los documentos de la Junta reflejan que Power Expectations y Reyes Contractor no habían demostrado experiencia previa en proyectos eléctricos de escala comparable, por lo que la capacidad técnica, operacional y financiera atribuida a Enchanted Rock resultó fundamental para considerar cualificado al consorcio.

Sin embargo, apenas dos días después de firmarse el contrato, Power Expectations informó posteriormente que Enchanted Rock no deseaba continuar y que sus intereses serían transferidos a Flotek Industries. La AEE confirmó posteriormente la sustitución.

Cero progreso y falta una garantía de $1,180 millones

La controversia de las firmas ocurre además cuando el proyecto enfrenta problemas de cumplimiento.

Según información suministrada por la AEE a la Junta Fiscal, para el 5 de agosto no se habían cumplido los hitos contractuales, no se había registrado progreso significativo y tampoco se había entregado la garantía de cumplimiento requerida de aproximadamente $1,180 millones.

La AEE había rechazado una solicitud de extensión presentada por el contratista y mantenía entonces como fecha estimada para entrar en operación comercial el 4 de noviembre de 2026.

Contrato ya está en manos de Justicia y federales

Las alegaciones sobre las firmas y representaciones realizadas durante la contratación ya fueron referidas por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina del Zar de Energía al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a autoridades federales. El zar de Energía, Josué Colón, ha recalcado que el referido no constituye una determinación de conducta criminal, sino una solicitud para que las autoridades investiguen los hechos.

La gobernadora Jenniffer González Colón también elevó el tono este jueves y pidió que, si existe un incumplimiento contractual que permita terminar el acuerdo, la AEE proceda a cancelarlo.

“Si ese contrato se puede cancelar, que se cancele”, expresó la mandataria, quien reclamó ejecutar cualquier cláusula de incumplimiento “a la mayor brevedad posible”.

Así, el contrato concebido para responder con urgencia a la crisis de generación eléctrica enfrenta ahora tres problemas simultáneos: cuestionamientos sobre quién tenía autoridad para firmarlo, una investigación estatal y federal y retrasos sustanciales en su ejecución.

La aparición de Joby Weeks añade otra pregunta al expediente. Ya no se trata solamente de determinar si Enchanted Rock autorizó su firma o si Power Expectations podía representarla. También corresponde esclarecer cómo una persona con una alegación de culpabilidad vigente en un caso federal de esta magnitud llegó a ocupar una posición desde la cual pudo aparecer como representante de una pieza esencial de un contrato energético cuyo valor máximo se acerca a los $5,900 millones.