Tras múltiples denuncias ciudadanas sobre prácticas irregulares en algunos estacionamientos de todo Puerto Rico, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó un amplio operativo en distintos puntos de la isla que arrojaron serios incumplimientos por parte de sus operadores.

En las inspecciones, las cuales continuarán próximamente según adelantó DACO en comunicado de prensa, se impactaron un total de 80 estacionamientos públicos, lo cual produjo 17 avisos de infracción por, principalmente, operar sin licencia válida y la falta de rotulación visible con las tarifas, informó el secretario interino, el licenciado Francisco González de la Matta. 

"Nuestro objetivo es claro: proteger a los consumidores y garantizar que los estacionamientos públicos operen de manera justa, segura y en cumplimiento con la ley. Cuando un estacionamiento opera sin una licencia válida o carece de la rotulación adecuada, pone en riesgo la seguridad de los usuarios y también su derecho a recibir un servicio transparente y equitativo. Estos incumplimientos afectan la confianza del consumidor y pueden derivar en cobros indebidos o falta de claridad en las tarifas. Con nuestras intervenciones, estamos corrigiendo esas fallas y asegurando que los puertorriqueños paguen tarifas justas, al tiempo que disfrutan de espacios de estacionamiento que cumplan con todos los estándares de seguridad y conveniencia. Queremos que cada usuario tenga la certeza de que su vehículo y su bolsillo están protegidos cada vez que se estacionen”, expresó González de la Matta en declaraciones escritas.

Las denuncias ciudadanas ocurrieron particularmente en zonas urbanas de alto tráfico donde la demanda de estacionamientos ha crecido significativamente. El DACO informó que dichas inspecciones se llevaron a cabo bajo el Reglamento de Áreas de Estacionamiento Público, que regula tanto las tarifas máximas permitidas como las condiciones de seguridad que deben ofrecer los operadores.

La pieza reglamentaria exige que los operadores cuenten con una licencia otorgada por el DACO, la cual puede ser anual o provisional. Además, deben mantener visible en todo momento la rotulación que especifique las tarifas, el nombre del operador y el horario de operación. Entre las infracciones más comunes encontradas durante el operativo están la falta de estas licencias y de la rotulación, situaciones que pueden derivar en multas de hasta $10,000 por violación.

Además, los estacionamientos deben cumplir con estándares estrictos de seguridad y conveniencia, como mantener iluminación adecuada, limpieza y espacios reservados para personas con impedimentos. La falta de cumplimiento en estas áreas también fue señalada por los inspectores del DACO.

Según el secretario, muchas áreas urbanas de Puerto Rico han experimentado un notable crecimiento comercial, lo que ha llevado a un aumento en el ofrecimiento de servicios de estacionamiento, algunos de ellos clandestinos. 

"En este contexto, la fiscalización es fundamental para asegurar que no se abuse de los consumidores con tarifas excesivas o servicios deficientes", comentó el funcionario. 

González de la Matta recordó además que el reglamento del DACO permite a los operadores solicitar revisiones anuales de sus tarifas, pero estas deben estar debidamente justificadas con informes financieros. Además, indicó que cualquier cambio en las tarifas requiere una aprobación previa por parte de la agencia para asegurar que se respeten los derechos de los consumidores.

El secretario interino adelantó que estos operativos continuarán en las próximas semanas como parte de una iniciativa más amplia para asegurar que todos los estacionamientos públicos cumplan con las normativas vigentes. 

"Queremos asegurarnos de que todos los estacionamientos en Puerto Rico estén debidamente licenciados, cuenten con rotulación adecuada y ofrezcan un servicio de calidad que respete los derechos de los consumidores. No nos detendremos hasta garantizar que este sector esté completamente alineado con la ley”, concluyó.

Inspección masiva del Departamento de Asuntos del Consumidor revela múltiples violaciones en las tarifas y los protocolos de seguridad

Al descubierto serias irregularidades en estacionamientos públicos de Puerto Rico

Aunque es muy temprano para pronosticar el futuro de un disturbio que mantiene vigilante al Servicio Nacional de Meteorología (SNM) por su posibilidad de desarrollo en los próximos siete días, la dependencia recordó que la temporada de huracanes termina el 30 e noviembre. ¿La razón?

El llamado ocurrió esta mañana luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) anunciara que vigila un disturbio con poca probabilidad de desarrollo en la próxima semana que, aunque parece inusual, es cónsono con lo atípico que se han comportado esta temporada durante el mes de octubre en comparación con décadas anteriores de formación de tormentas y huracanes cerca de Puerto Rico y la región del Caribe.

A esta hora, el invest 94L sigue teniendo una baja probabilidad de formación (10%) en los próximos dos días,  pero en los próximos siete días la probabilidad se elevó levemente a un 40%. El SNM añadió que actualmente este disturbio enfrenta aire seco y condiciones poco favorables para su desarrollo adicional. 

"Según el CNH, una depresión tropical podría formarse a medida que el sistema comience a moverse hacia el oeste-noroeste y se acerque o pase cerca de las islas de Sotavento para finales de esta semana", añadió la agencia con sede en San Juan. 

"Por el momento, es muy temprano para determinar impactos directos o indirectos de este disturbio en la región. No obstante, los residentes y visitantes deben estar atentos al desarrollo de este sistema en los próximos días", concluyó el SNM en su más reciente informe de monitoreo.

"El invest 94L es un disturbio con 10% de probabilidad de desarrollo y 30% en los próximos siete días. Lo sombreado básicamente es la zona de posible desarrollo de potencial ciclonico. Estamos bajo esa zona de desarollo. Por lo tanto, en el Servicio Nacional de Meteorología estamos al pendiente por los pronósticos oficiales y cualquier otro boletin del Centro Nacional de Huracanes", indicó a 

 la meteoróloga María Novoa durante la mañana. 

La experta, quien enfatizó en que las gráficas que el SNM han compartido en sus redes sociales no anticipan trayectoria –pues solo discuten la probabilidad de que se forme un ciclón fuera de la temporada pico tradicional en septiembre–, pidió que la ciudadanía a no bajar la guardia y a estar pendiente a las actualizaciones de la agencia.

"La realidad del caso es que esta temporada ha sido bien tardía. Ha habido más actividad en octubre en comparación de agosto y septiembre combinados", sostuvo Rodríguez al tiempo que explicó que las dos métricas utilizadas para establecer qué tan activo es la temporada de huracanes es el número de ciclones y la energía que estos producen. 

"En 2024, la mayoría de los sistemas se desarrollaron en octubre, por lo que no se descarta mayor actividad hasta el fin de la temporada de huracanes el 30 de noviembre. No sé si recuerdas que se pronosticaba una temporada bien activa, pero de momento en agosto y septiembre no hubo esa actividad", explicó por su parte el meteorólogo Emanuel Rodríguez sobre principalmente el polvo del Sahara registrado esos meses, el cual provocó que los disturbios iniciaran desde longitudes más altas, lo cual benefició a Puerto Rico, no así al estado de Florida en términos de trayectoria e impacto.

"Ni siquiera me atrevo a decir que el pico de temporada de huracanes pasó. No podemos descartar mayor actividad ciclonica, pero esto no quiere decir que sea sobre Puerto Rico", finiquitó Rodríguez.

Segun los datos históricos de NOAA compartidos por el SNM, fue el 30 de octubre de 1877 la última vez que se registró un huracán categoría 1 en Puerto Rico, lo cual no ha ocurrido por 146 años. Sin embargo, el meteorólogo Emanuel Rodríguez recordó que en 1999, la tormenta tropical José pasó aproximadamente 30 millas de la isla municipio de Culebra, siendo su punto más cercano el 21 de octubre.

Dos islas caribeñas también presenciaron ciclones cercanos en octubre. En 1916, un huracán pasó cerca de St. John y un día como hoy en 2008, el huracán Omar ubicó justo al este de Santa Cruz, lo cual indica que aunque poco probable, las formaciones de tormentas y huracanes son una posibilidad considerando cómo se ha comportado esta temporada.

Ante los inusuales disturbios que se siguen formando en octubre, no pueden afirmar que el pico de la actividad ciclónica ya pasó

La temporada de huracanes no ha culminado en Puerto Rico, recuerda el SNM

Comenzando hoy, domingo 13 de octubre de 2024, la reconocida periodista, abogada e integrante del equipo editorial de 

lanzará una serie especial de su Podcast “El Consultorio”

enfocado en las propuestas de salud de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, a menos de un mes de las elecciones generales del 5 de noviembre. 

-, serán publicadas todos los domingos de octubre a las 10 de la mañana. El Podcast “El Consultorio” estrenó en mayo de este año. Se trata de un podcast enfocado en temas exclusivamente de salud y bienestar. 

“Estoy sumamente entusiasmada con este proyecto. Los temas relacionados a la calidad de vida y salud de los puertorriqueños son uno de los aspectos que más le importan a la ciudadanía y carecíamos de suficientes espacios específicamente diseñados para ello ”, señaló Jusino, quien hasta abril de este año dirigió con éxito la Unidad Investigativa de Las Noticias en Teleonce. 

“Es por esa razón que invitamos a todos los candidatos a la gobernación para que presentaran y discutieran sus propuestas en el área de la salud”, añadió la abogada. La comisionada residente y candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, es la única que no ha participado del podcast a pesar de haber sido invitada con meses de anticipación.

En “El Consultorio” Jusino entrevista a expertos en medicina, investigadores y pacientes sobre prevención, tratamiento y la visión general sobre condiciones como diabetes, tabaquismo, fibromialgia, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. 

“El objetivo es conectar con la población e iniciar una conversación informativa, inteligente y entretenida sobre últimos conocimientos e investigaciones en campo de la medicina. Queremos que los pacientes cuenten con información útil para mejorar su calidad de vida”, expresó la reconocida periodista. 

El podcast se publica todos los miércoles a las 7pm y está disponible en su canal de youtube 

. También se puede escuchar en plataformas como: 

 y iHeartRadio.                      El Consultorio cuenta con presencia en las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, X y TicTok bajo el nombre @ElConsultoriopr. “Es un espacio que queríamos ocupar con una discusión inteligente. Nos sentimos sumamente agradecidos por el interés y entusiasmo que ha generado. Ha sido impresionante” concluyó periodista. 

La Lcda. Mardelis Jusino cuenta con casi 30 años de experiencia en los medios de comunicación. Fue mujer ancla de Noticentro, Fin de Semana y Sistema TV Informa. Además, es frecuente colaboradora del Programa Jugando Pelota Dura. Jusino ha sido receptora de prestigiosos premios incluyendo un Emmy por una serie de reportajes sobre la isla de Cuba. También ha cubierto eventos internacionales en República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos.

Jenniffer González es la única que no ha participado del espacio aunque fue invitada por Mardelis Jusino con meses de anticipación

Candidatos a la gobernación presentan sus propuestas de salud en Podcast “El Consultorio” 

El referido que fuera hecho por la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado lunes solicitando una investigación criminal contra los responsables de la divulgación de los datos del Registro General de Electores (RGE) utilizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) fue remitido a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DPAC) desde el martes, 1 de octubre, supo el medio digital 

La intervención de la DPAC presupone que la indagación preliminar que se realiza 

pudiera implicar a cualquier persona que el DJ está impedida por ley de investigar debido a que le correspondería a un Fiscal Especial Independiente hacerlo

Además, una fuente anónima con conocimiento de la controversia filtró a este rotativo copia del referido de 28 páginas del que todos han hablado esta semana, pero que nadie ha visto fuera de la CEE, Justicia y un abogado externo. De hecho, 

 intentó sin éxito obtener copia del documento a través de ambas agencias públicas, pero al cierre de este escrito ninguna de estas lo había enviado.

Referido CEE sobre delitos Registro Eelctores

Se desprende del referido que fue enviado el pasado 30 de septiembre por la presidenta alterna, Jessika D. Padilla Rivera al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. Un día más tarde, este fue remitido a la DPAC, quien tiene 15 días calendario para evaluarlo y determinar si lo acepta o lo rechaza. 

Durante esos 15 días, los cuales concluyen el próximo miércoles, 16 de octubre, la dependencia realiza una evaluación preliminar para determinar si el caso cumple con los requisitos necesarios para iniciar una investigación más detallada, la cual puede tomar hasta 90 días adicionales.

“Confirmamos que se recibió un referido de la Comisión Estatal de Elecciones relacionado con una denuncia de acceso ilegal a los datos del Registro General de Electores. El referido se evaluará responsablemente, de la misma forma en que se evalúa todo referido o querella que se recibe en el Departamento de Justicia de Puerto Rico", se limitó a adelantar la agencia sobre el documento el pasado lunes. Esta respuesta ocurrió luego de que InDiario les enviara un requerimiento de información durante la mañana para que entregaran copia del documento y contestaran de forma puntual si el DJ tiene o no potestad en ley para investigar el supuesto acto criminal.

Dos días más tarde, Justicia envió otra declaración a este rotativo, la cual tampoco incluía la copia del referido.

“El Departamento de Justicia tiene amplia facultad investigativa en asuntos de naturaleza penal, conforme al artículo 11 de la Ley 205-2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, que dispone: “el Secretario y los funcionarios y empleados en quienes delegue, llevarán a cabo las investigaciones que sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le concede esta Ley”. Las investigaciones criminales son distintas a las investigaciones administrativas que puede realizar cualquier agencia o corporación pública, de acuerdo con su autoridad legal”, explicó la agencia a través de su oficina de prensa.

“Nada impide que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación criminal previamente o al mismo tiempo en que se realiza una investigación administrativa”, reaccionó la agencia ante el hecho de que la CEE no ha anunciado una pesquisa interna para hallar a la o las personas que entregaron los datos entre las múltiples que ya tienen acceso al RGE”, concluyó la declaración oficial.

En la última página del memorando preparado por un abogado externo de la CEE para acompañar el referido, el profesional de Derecho mencionó que “quedó claramente evidenciado que el Centro de Periodismo Investigativo tuvo acceso a ese Registro de Electores y más aún tiene información no solo de los fallecidos, si no (sic) de todos los ciudadanos electores de Puerto Rico”, sin explicar qué delito pudo haber cometido el medio o cualquiera de sus integrantes que recibió los datos RGE o qué parte del reportaje tiene información prohibida por el Código Electoral.

InDiario examinó el referido de la Comisión Estatal de Elecciones y te resume cómo su presidenta concluye que el CPI accesó illegalmente datos de electores

DOCUMENTO: Justicia refiere a Integridad Pública referido por alegado acceso ilegal al Registro General de Electores

Luego de que varios vídeos que muestran cómo una excavadora instaló en horas de la noche una valla publicitaria en una acera justo al frente de una residencia en la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan, lo cual provocó la rotura de un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se hicieran virales en redes sociales, la compañía dueña del “billboard”, aseguró que cumplió con todos los permisos que le fueron expedidos para montar la valla digital que es eje de controversia.

Sin embargo y luego de que InDiario obtuviera el Permiso de Vallas que fue otorgado por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan ayer, martes, se desprende del documento que la empresa no estaba autorizada a iniciar la construcción hasta la mañana de hoy, miércoles, lo cual es una violación a la autorización firmada por la ingeniera Gladys A. Maldonado Rodríguez.

“El permiso para cerrar la calle, denominado ‘permiso de valla’, que se solicita para cerrar la calle mientras se efectúa la construcción de manera segura y sin afectar el tránsito, se peticionó para iniciar los trabajos el 1 de octubre. A estos efectos, comenzamos las labores, entendiendo que la autorización del cierre de la calle era efectiva en la fecha solicitada. Esto no incide en la legitimidad del proceso de construcción, pues solo se trata de una autorización para el cierre de la calle”, indicó bMedia en declaraciones escritas sin revelar quién autorizó sus expresiones.

Billboard en urbanizacion Puerto Nuevo

De acuerdo con el Permiso de Vallas Número 24OP-66648PV-SJ, la compañía de responsabilidad limitada Billboard NC LLC que hace negocios como bMedia estaba autorizada a “estacionar vehículos pesados frente a la propiedad #1041 como parte de la construcción de pantalla digital según permiso de Construcción núm. 2021-379838-PCOC-019773”. 

Según el permiso, el cual tiene una función distinta al de construcción emitido en 2021, bMedia debió iniciar los trabajos de construcción desde hoy hasta el 7 de octubre, en horario de siete de la mañana a seis de la tarde y no desde ayer. Tampoco podía instalar la valla durante la noche, que fue cuando se reportó la rotura del tubo de la AAA.

El documento cuenta con doce condiciones especiales que bMedia debió cumplir. Una de ellas era corregir cualquier daño que pudiera ocasionarse en el área pública, lo cual ocurrió ayer en la noche. El contratista Pro-Steel, quien acordó con bMEdia realizar la construcción del soporte de la pantalla digital indicó en declaraciones escritas que se encargará de la reparación de la tubería.

“Tan pronto surgió la ruptura del tubo, iniciamos todas las gestiones a nuestro alcance para su reparación. Hemos estado trabajando de la mano con la AAA para agilizar la restitución del servicio y evitarles contratiempos a los vecinos de la zona. La construcción realizada se ha hecho siguiendo los procesos provistos por Ley y con todas las medidas y precauciones, tomando en cuenta la seguridad de los vecinos. Nos comprometemos con la comunidad a reacondicionar la zona para dejarla en ópticas condiciones”, manifestó la empresa sin atribuir las expresiones a sus directivos.

Esta no es la primera vez que bMedia es señalado por presuntamente violentar reglas relacionadas a vallas publicitarias digitales. El pasado lunes, 23 de septiembre, InDiario publicó en primicia varios fotos de misteriosos anuncios digitales con letras blancas y fondo negro que aparecieron en vallas publicitarias o “billboards” de la empresa con mensajes en repudio al Partido Nuevo Progresista (PNP) sin que se incluyera una coletilla o mensaje que revelara quién los pagó.

Posteriormente y luego de que la Oficina del Contralor Electoral dejara entrever que inició una investigación contra la compañía y el financiador de los anuncios, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, los anuncios fueron corregidos.

“bMedia es una empresa de medios de comunicación y no está afiliada a ningún partido político, comité o aspirante, ni suscribe el contenido ni los mensajes de los anuncios de sus clientes. Los anuncios contratados por Benito A. Martínez fueron publicados bajo el entendimiento de consultas previas con la Oficina del Contralor Electoral, por estos no estar sufragados con fondos públicos ni por una colectividad política. En bMedia cumplimos con la reglamentación aplicable, y en este caso efectuamos notificaciones por escrito y consultas pertinentes a la Oficina del Contralor Electoral, a tono con los requisitos de la ley. Como se ha hecho en el curso ordinario de nuestro negocio, presentaremos a la Oficina del Contralor Electoral todo lo requerido”, dijo la empresa sobre esta controversia.

Municipio de San Juan dice que se opuso en 2021

A través de las redes sociales del Municipio de San Juan, la Oficina de Permisos de la ciudad capital publicó sus objeciones a la aprobación de la construcción propuesta por entender que afectaba la convivencia de los residentes cercanos al lugar en donde se proponía su instalación.

“Esta pantalla publicitaria tiene exposición hacia vías vehiculares muy transitadas, lo cual puede crear distracción en los conductores y aumentar el riesgo potencial de accidentes en la intersección y rampas de entrada o salida. Este tipo de proyecto contribuye a la contaminación visual en el medio ambiente urbano, afectando negativamente la salud pública de los ciudadanos que residen en las inmediaciones. Estudios demuestran que, inconscientemente, provocan mayores niveles de estrés, angustia y fatiga en la población que está constantemente expuesta a estos anuncios”, indicó el director de la oficina de permisos, ingeniero Víctor A. Joglar Díaz en una carta oficial enviada al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos estatal (OGPe), ingeniero Gabriel Hernández Rodríguez. 

“La contaminación visual puede afectar la actividad económica, turística y comercial de este sector urbano. La orientación de esta pantalla publicitaria alcanza zonas residenciales y su luz intermitente puede causar molestias a los residentes de estas áreas”, añadió la oficina municipal de permisos, quien solicitó a OGPe el resultado de la evaluación que se realice para conceder o negar el permiso de construcción de la pantalla digital a bMEdia.

Múltiples llamadas de InDiario a la OGPe y a la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan para conocer el tracto llevado a cabo para la concesión del permiso de construcción y el permiso de vallas fueron infructuosas al cierre de este escrito.

A través de un contratista de construcción, la compañía rompió un tubo de agua tras cavar un hoyo en la acera para instalar una valla publicitaria

En nuevos problemas bMedia por controversial “billboard” frente a casas en Puerto Nuevo

La jueza María Antongiorgi-Jordán del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico desestimó por falta de jurisdicción la solicitud presentada por un grupo de votantes que buscaban extender el plazo de inscripción electoral hasta el 6 de octubre como establece el Código Electoral para las elecciones generales del 5 de noviembre. 

La togada concluyó, además, que las irregularidades alegadas, como los retrasos en la implementación del Registro Electrónico de Electores (eRE) o la reducción de Juntas de Inscripciones Permanentes (JIPs), no alcanzaban el nivel de "fundamentalmente injusto" necesario para justificar la intervención federal en los asuntos electorales en la isla.

Desestimacion tribunal federal CEE ACLU registro electoral Puerto Rico

"En resumen, este tribunal se niega a intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o a conceder el remedio extraordinario de una orden judicial preliminar. Los demandantes no han logrado demostrar que la fecha límite de inscripción de votantes del 21 de septiembre de 2024 constituya una privación inconstitucional del derecho al voto o una injusticia manifiesta que justifique la intervención federal en la administración electoral estatal. Si bien la implementación de nuevos sistemas de registro puede no haber sido perfecta, las pruebas presentadas ante este tribunal no alcanzan el nivel de un fallo sistémico o una supresión generalizada de votantes. Los demandantes claramente no han fundamentado sus alegaciones con pruebas competentes", reza parte de la orden judicial de 29 páginas.

Con su no intervención, el foro federal validó la posición de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, quien argumentó durante toda la controversia que el tribunal carecía de jurisdicción sobre el asunto, pues las regulaciones electorales en Puerto Rico son competencia del estado y ya se había emitido una interpretación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan interpretando el Código Electoral. El foro local había confirmado que la decisión de la CEE de adelantar el plazo de inscripción de votantes del 6 de octubre al 21 de septiembre era válida y estaba dentro de sus deberes así hacerlo.

En específico, la CEE defendió la necesidad de que el plazo de inscripción se adelantara al 21 de septiembre, pues consideró este cambio como uno esencial para garantizar una correcta administración del proceso electoral. Explicó que adelantar la fecha límite, de 30 a 45 días antes de las elecciones, permitía llevar a cabo una serie de tareas críticas para la preparación de los comicios, tales como la creación de las listas de votantes, la preparación de boletas y la organización de los colegios de votación. Estas tareas, según la CEE, solo podían iniciarse una vez finalizado el proceso de inscripción, por lo que extender el plazo afectaría negativamente la administración y organización del proceso electoral.

Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, en inglés) los demandantes, encabezados por Marina Espíritu, Iris Delia Torres-López, Víctor Altieri y Alicia Vázquez-Figueroa, habían alegado que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) había violado sus derechos constitucionales bajo la Primera y Decimocuarta Enmienda. En su reclamación, sostuvieron que la decisión de la CEE de adelantar la fecha límite de inscripción del 6 de octubre al 21 de septiembre de 2024, junto con otras fallas en el sistema de inscripción electrónica (eRE) y la reducción de centros de inscripción, les privaba su derecho al voto y el de miles de puertorriqueños.

Los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar que no solo extendiera el plazo hasta el 6 de octubre, sino también que actualizara los materiales educativos públicos para reflejar este cambio y asignara los recursos necesarios para garantizar el derecho al voto en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Además, argumentaron que los problemas con el sistema eRE, implementado con retrasos y fallos, habían afectado a más de 80,000 solicitantes cuya inscripción estaba pendiente o había sido rechazada. También señalaron la disminución del número de Juntas de Inscripción Permanentes (JIPs) como otro obstáculo significativo para la inscripción de votantes.

Sin embargo, el tribunal, presidido por la jueza , determinó que no había suficiente evidencia para probar que los votantes habían sido sistemáticamente privados de su derecho al voto. El fallo destacó que los ciudadanos de Puerto Rico habían tenido cuatro años para inscribirse, con múltiples mecanismos disponibles, incluyendo el sistema eRE y las JIPs. En cuanto a los demandantes individuales, el tribunal señaló que algunos de ellos no tomaron las medidas necesarias para corregir las deficiencias en sus solicitudes, incluso después de haber sido notificados.

En su decisión, la jueza Antongiorgi-Jordán explicó que, si bien el derecho al voto es fundamental, los estados tienen la autoridad de regular las elecciones siempre que estas no contravengan derechos constitucionales. Indicó que en este caso no se demostró que la fecha límite de inscripción impusiera una carga excesiva o discriminatoria sobre los votantes. 

A pesar de las preocupaciones planteadas, el tribunal decidió mantener el calendario electoral intacto como la CEE lo había establecido, citando la importancia de una administración ordenada y eficiente de las elecciones en Puerto Rico.

Jueza federal desestima demanda de ciudadanos que alegaron violaciones constitucionales a su derecho al voto en Puerto Rico

Cerrar el registro de la CEE antes de tiempo no es "fundamentalmente injusto"

El exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero José Ortiz Vázquez y el pasado director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) licenciado Omar Marrero Díaz, fueron demandados a nivel federal en capacidad representativa de las corporaciones públicas que dirigían por sus posibles intervenciones en un esquema de corrupción y fraude en la adjudicación de contratos de reconstrucción tras el huracán María con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

La demanda de sobre 750 páginas, la cual según dos fuentes con vasto conocimiento del tema está "plagada de errores" se presenta bajo la Ley PROMESA y bajo el Código Penal de los Estados Unidos. Entre los cargos se incluyen conspiración para cometer sobornos, fraude de servicios honestos, fraude de desastres y violaciones de la Ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act) durante actos que se desarrollan principalmente entre los años 2017 y 2024 como parte de los eventos relacionados a la restauración de la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del devastador ciclón el 21 de septiembre de 2017. 

Demanda Foreman Electric a COR3, AEE, FEMA, Asha Tribble, Keith Ellison

"COR3 no existe jurídicamente. Es una oficina de P3 (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas). Eso demuestra desconocimiento básico porque incluir a una entidad que no tiene capacidad para demandar y ser demandanda es un error grave", dijo una de las fuentes consultadas por 

Otro de los informantes destacó que la demanda presentada denota prisa y falta de cuidado, al confundir en varias instancias a Omar Marrero con el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), licenciado José Iván Marrero Rosado, a quién también se le identifica erróneamente como director de COR3 y secretario del Departamento de Estado.

Marrero Rosado fue el Representante Autorizado del Gobierno (GAR, por sus siglas en inglés) del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mientras fungía como titular de OGP. Además, fue parte de la junta de directores de la Administración de Seguros de Salud (Ases).

periodista Manuel Guillama Capela para El Nuevo Día

, Omar Marrero negó que al mando del COR3 conspiró para evitar que Foreman Electric recibiera tareas de reconstrucción tras el paso de María para asignárselos a Cobra Acquisitions, catalogó las alegaciones como "frívolas" y una "chapucería" y recordó que esta compañía estuvo involucrada en un esquema de fraude a través de quien la presidía en 2020, asunto que llegó a los tribunales y que en ningún momento se pasó prueba implicándolo a él ni a la oficina que dirigía. 

“Las alegaciones son totalmente falsas, y es un ejercicio totalmente fútil que radicó la empresa Foreman la noche antes de la vista donde se veía su objeción a la transacción entre la AEE y Cobra. Los que han estado mirando este proceso sabemos el objetivo que se tiene en este asunto. Fue una estrategia legal mal diseñada y, definitivamente, mal implementada. Son alegaciones totalmente falsas, cuyo único objetivo era tratar de darle más relevancia o publicidad a una objeción que había sometido Foreman en el caso de la transacción que se estaba llevando a cabo en cuanto a Cobra”, declaró Marrero Díaz al periodista.

Cabe señalar que tan reciente como el pasado miércoles, un acuerdo transaccional entre la AEE y la empresa obtuvo la autorización de la jueza federal Laura Taylor Swain para obtener más de $170 millones por servicios que se le debían.

A lo largo del recurso legal se menciona la adjudicación de contratos, la corrupción y los sobornos relacionados con Cobra Acquisitions LLC, involucrando a la exadministradora adjunta de la Región II de FEMA, Ahsha Nateef Tribble y el presidente de Cobra, Keith Ellison. En mayo de 2023, ambos se declararon culpables por un esquema de corrupción relacionado con la restauración de la red eléctrica de Puerto Rico tras intercambiar regalos a cambio de que Cobra recibiera contrato para rediseñar la red elétrica en la isla municipio de Vieques.

Cobra Acquisitions no logró obtener ese contrato. Sin embargo, el contratista principal de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico después del huracán y tras la salida de la pequeña empresa de montana Whitefish Energy luego de que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cancelara su acuerdo de $300 millones tras duras críticas sobre su capacidad para devolverle la luz a todo Puerto Rico, sí logró obtener otros dos contratos por un valor total de más de $1,800 millones.

El acuerdo de culpabilidad evitó que Tribble y Ellison fueran a juicio por los delitos de conspiración para cometer sobornos, fraude de servicios honestos y fraude en desastres.

Tribble ocupaba el puesto de administradora regional adjunta de la Región II de FEMA, donde estaba encargada de supervisar los esfuerzos de recuperación y restauración en Puerto Rico. En su posición, utilizó su influencia para favorecer a Cobra Acquisitions LLC a cambio de sobornos proporcionados por el alto ejecutivo de la compañía, con quien se le implicó sentimentalmente.

En la reclamación presentada en la tarde del miércoles, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la empresa Foreman Electric, Inc., alega que José Ortiz pudo haber favorecido a Cobra Acquisitions LLC sobre estos al facilitarle pagos significativos a la empresa, a pesar de que la empresa había sido seleccionada por la AEE en un proceso de solicitud de propuestas y no empece a las irregularidades en los procesos de facturación y la falta de cumplimiento en la presentación de documentos que ocurrían en FEMA.

De acuerdo con el recurso legal, correos electrónicos muestran que Ortiz estuvo en comunicación constante con ejecutivos de Cobra, donde se discutieron temas como la aceleración de pagos pendientes, incluyendo montos de hasta $30 millones.

Sin decir nombres, la demanda indica que miembros no identificados de la Junta de Gobierno de la AEE intentaron sobornar a ejecutivos de Foreman para “mover adelante las acciones contractuales”, con un pago de $200,000 que nunca fue realizado por la empresa.

Por su parte y en relación con sus responsabilidades en COR3 en ese entonces, la reclamación implica que el licenciado Marrero tuvo un papel instrumental en la gestión de fondos federales y la presentación de Project Worksheets (PWs) a FEMA, cruciales para la adjudicación de contratos. 

Según las alegaciones, COR3 bajo la dirección de Marrero, falló en someter las hojas de trabajo de proyectos (Project Worksheets - PWs) de Foreman Electric a FEMA, lo que resultó en la pérdida de oportunidades para la compañía, mientras favorecían las de Cobra.

Según la demanda, la conspiración incluyó sobornos, manipulación de contratos y la omisión deliberada de asignarle trabajo a Foreman Electric, a pesar de haber sido seleccionada como una de las empresas para ejecutar obras eléctricas de reconstrucción. Foreman alega que esto ocurrió a pesar de haber presentado propuestas más económicas y eficientes que Cobra y el resto de las compañías seleccionadas.

Foreman Electric solicita que se le compense por los daños financieros sufridos debido a la exclusión de los contratos, los cuales ascienden a millones de dólares. La demanda también busca que se anulen los contratos fraudulentos adjudicados a Cobra y que se tomen medidas punitivas contra los implicados en el esquema de corrupción.

La reclamación se basa en la afirmación de que hubo un probado esquema de corrupción liderado por Tribble y Ellison, en el que se ofrecieron sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Cobra. Estos sobornos incluyeron estadías en hoteles de lujo, vuelos en primera clase, y otros beneficios personales.

La demanda también incluye a Cobra Acquisitions LLC así como su presidente en ese entonces. Además, Tribble también fue incluida en la reclamación como funcionaria de FEMA involucrada en el proceso de asignación de contratos en ese momento.

La reclamación federal hecha por Foreman Electric dice que Omar Marrero y José Ortiz beneficiaron ilegalmente a Cobra Acquisitions sobre otros contratistas

Catalogan como "chapucera" y "deficiente" demanda contra exjefes de COR3 y AEE por esquema corrupto

Un peligroso hallazgo obligó a la suspensión del vuelo 1173 de United Airlines, que estaba programado para despegar del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) hacia Newark (EWR) a la 1:30 de la tarde de hoy, domingo. 

¿El motivo? Un escorpión fue encontrado dentro del avión al llegar a la Isla, lo que generó una alerta de seguridad que impidió el abordaje de los pasajeros que debían partir a Newark.

El insólito incidente ocurrió a las 12:40 p.m., justo cuando los pasajeros estaban listos para abordar. En ese momento, el personal de la aerolínea informó que, debido a la presencia del arácnido, el avión no podía ser utilizado, ya que un escorpión había sido encontrado dentro.

"Me confirman, que, en efecto, pasajeros, alegaron haber visto un escorpión en ese avión. El capitán determinó despegar no en esa nave. Reseñalaron el vuelo para las 7:45 pm con un nuevo avión", indicó la empresa administradora del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Aerostar Airport Holdings, a través de su portavoz de prensa. La empresa añadió que el avión fue remolcado para inspección como parte del protocolo, evitando así que un humano tenga que acceder la aeronave para moverla, para así no exponerlo a una posible situación de peligro.

Los escorpiones, conocidos por su veneno, pueden representar un peligro significativo para los seres humanos. Aunque la mayoría de las especies no son letales, una picadura puede causar reacciones graves, especialmente en personas alérgicas. Este tipo de animal suele habitar en regiones cálidas y secas, lo que hace aún más sorprendente su presencia en un avión comercial.

El oficial de prensa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) confirmó que la agencia no había recibido notificación sobre el hallazgo del escorpión, por lo que al momento se desconoce cómo el escorpión sería removido de la aeronave.

Este medio intenta obtener una respuesta sobre cómo se manejó o se manejará la situación por parte de United Airlines. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial de la aerolínea.

Este incidente ha generado preocupación entre los pasajeros, quienes se preguntan cómo un escorpión logró abordar un vuelo comercial y cuáles serán los pasos a seguir para garantizar la seguridad en futuras operaciones.

El hallazgo generó una alerta de seguridad que impidió el abordaje de los pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín que debían partir a Newark

Escorpión dentro de avión provoca suspensión en vuelo de United Airlines en Puerto Rico

El asesor de recuperación e infraestructura de la campaña de Jenniffer González, ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Morales, perdió el control durante una reunión presubasta celebrada el pasado 11 de junio en los predios de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), luego que no le permitieran entrar por llegar tarde a una reunión presubasta en la que se buscaba contratar a un experto en el manejo de fondos federales de recuperación.

La conducta destemplada del ingeniero civil, quien fungió como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas durante la administración de Pedro Rosselló González, fue captada en un audio al cual 

 tuvo acceso. Varios informantes también confirmaron a este medio por separado que la voz que se escucha en la grabación es la del ingeniero Pesquera.

A pesar de que el coordinador de subastas de la corporación pública, Manuel Rivera Ayala, no contestó preguntas de este medio para autenticar el contenido de la grabación, el excandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) admitió que sí había ocurrido un incidente entre él y el funcionario de la oficina de administración de la AEP, a quien le imputó corrupción por negar que este participara por supuestamente llegar "un minuto tarde". 

Audio Carlos Pesquera

La disputa entre Pesquera Morales en representación de su empresa, Capital Improvements Program Management, P.S.C. (CIPM) y Rivera Ayala fue presenciada por más de 15 personas que representaban a doce compañías interesadas en formar parte del proceso de requerimiento de calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) para seleccionar a un “Grant Manager” de fondos federales de FEMA y CDBG. 

Ni el coordinador de subastas ni el director ejecutivo de la AEP, Yamil Ayala Cruz, han ofrecido respuestas a una la solicitud de información cursada por 

. Sin embargo, este rotativo solicitó y obtuvo la minuta de la reunión presubasta, en la que se hace constar parte de lo sucedido. Contrario a los procedimientos de subasta, las reuniones presubasta de la AEP no son grabadas.

Minuta presubasta Edificios Públicos Carlos Pesquera

“La reunión pre-propuesta de hoy (14 de junio) es la de "Grant Management for FEMA, CDBG, among other Federal Funds". El Aviso público para la reunión indica, entre otras cosas, que la asistencia a la misma es compulsoria, que está pautada para las 10:00 AM y que el no asistir a la misma será causa suficiente para la descalificación”, se explica en el documento que resume las incidencias de la reunión. Ni el Aviso de Subasta ni la minuta establecen que llegar tarde es causa suficiente como para descalificar a un proponente.

Aviso de subasta AEP

“A las 10:00 AM comenzó la reunión. Estaban presentes las siguientes firmas: GM Sectec, MZA Group (debe leer M2A Group), CPM, Custom Group, Integra, Legal PM Partners (LPMP), Iglesias & Iglesias PSC, Ingenium Professional Group, CSA A&E, CMS Engineering, FITS, LLC y IEM. Se verificó que los representantes de las compañías presentes se hayan registrado en la lista de asistencia que se provee al comienzo de la reunión”, abunda la minuta.

“El Sr. Manuel Rivera, Coordinador de Subastas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), dio la bienvenida, presentó a los recursos que le acompañaban en la reunión e indicó que esta reunión es compulsoria y que los licitadores tenían que estar presentes a la hora citada. Posteriormente, el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Morales llegó con dos acompañantes. El Coordinador de Subastas le indicó que llegó tarde y que por esa razón no podía participar, pero sometió a los licitadores presentes la opción de dejar al ingeniero Pesquera participar de la subasta. Sin embargo, la reacción de los demás presentes fue guardar silencio por lo que se sostuvo la determinación inicial”, detalla el documento.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, Capital Improvements Program Management, P.S.C. se dedica a “brindar servicios de ingeniería y arquitectura en cumplimiento con las leyes aplicables, servicios de consultoría general y cualquier otro propósito legal relacionado”. Fundada en 1992, la compañía que hoy cuenta con 36 empleados en su nómina, ha acumulado 43 contratos gubernamentales desde diciembre de 2017 hasta la fecha, los cuales suman a $17,261,105.25 en servicios de ingeniería, inspección, gerencia de proyectos, consultoría administrativa y ambiental. 

El pasado 9 de julio, Pesquera Morales fue integrado a la campaña hacia la gobernación por el PNP de Jennifer González Colón como asesor del comité de plataforma en el área de recuperación e infraestructura. 

Registro contratos IEMP

Pesquera se defiende: “Que no se vea en un vacío”

A preguntas de InDiario sobre lo acontecido, el ingeniero lamentó la forma en que reaccionó, pero planteó que lo que ocurrió en la mañana del 11 de junio trae consigo un largo historial que incluyó una adjudicación previa que posteriormente fue cancelada por presuntas irregularidades a la hora de otorgar la subasta.

“¿Por qué yo reaccioné de esa manera? Porque yo protesté la subasta anteriormente y ahí es que tú ves mi señalamiento de corrupto, porque yo participé de la subasta original y pedí cuentas de total irregularidad en el proceso. Yo entendí que (excluirlo de la reunión presubasta) era una represalia en mi contra por haber protestado originalmente contra las personas que condujeron el proceso. Si ves las cartas que escribí, tú vas a poder entender que es muy posible que estaban en mi contra por lo que yo expresé. Que no se vea en un vacío”, explicó Pesquera.

 tuvo acceso a un correo electrónico que fue enviado por el ingeniero a nombre de CIPM horas después de que fuera dejado fuera de la reunión presubasta. Bajo el título “Solicitud de Reconsideración: Descalificación Injustificada en Licitación de Servicios de Grant Management”, Pesquera Morales notificó al director ejecutivo de AEP, Yamil Ayala Cruz y al ingeniero Gerardo L. Crespo Jiménez del área de Desarrollo de Proyectos en la agencia sobre lo ocurrido.

“El año pasado tuvimos el honor de participar en un RFP para servicios de Grant Management ofrecidos por la AEP. Sin embargo, nuestra propuesta no fue seleccionada. Tras evaluar los expedientes, encontramos serios errores en el proceso de adjudicación e interpusimos una solicitud de reconsideración que lamentablemente no prosperó, aunque inicialmente fue acogida”, lee parte del escrito.

“El pasado 7 de junio se anunció una nueva licitación para los mismos servicios, con una reunión pre-sometimiento de propuesta compulsoria programada para el día de hoy a las 10 am. Lamentablemente, llegué a la reunión con un minuto de retraso y, a pesar de que esta aún no había comenzado, el moderador de manera poco profesional nos descalificó por llegar tarde. Considero que esta acción es contraria a los principios federales de competencia amplia y completa, y es importante resaltar que en la mencionada reunión no se requería entregar ningún documento por parte de los participantes. De hecho, el gobierno federal no favorece las reuniones compulsorias de pre-sometimiento antes de que se presenten las propuestas técnicas y económicas”, explicó en el email.

En entrevista telefónica, Pesquera Morales hizo referencia a esta y a otras comunicaciones relacionadas al proceso de otorgar el contrato de Grants Manager a la entidad que lograra la mejor puntuación a la hora de someterse al proceso de competencia.

“Yo tuve una experiencia con esa subasta y nosotros hacemos Grant Management con excelencia y a un costo sumamente reducido al del proponente agraciado”, aseguró el ingeniero, quien dijo desconocer quién fue la empresa que resultó agraciada en el proceso.

InDiario constató en el Contralor que la corporación que resultó ganadora del contrato por la suma de $2,506,600 hasta el 30 de junio de 2025 fue IEM International, Inc.

Contrato IEM y Edificios Publicos

“Esto (excluirlo de una reunión presubasta por llegar tarde) no es cónsono con ningún reglamento. ¿Cuántas veces ellos han excluido a alguien por llegar un minuto tarde? ¿Qué ganan? ¿Cuál es la proporcionalidad? Yo tengo que comparecer y comparecí. En ese escenario es que se debe escuchar mi reacción”, adujo sobre el incidente.

“La puerta estaba abierta. Yo pasé una vergüenza. No tienes idea de la vergüenza que yo pasé que ante un grupo de profesionales alguien me tuviese que decir que tenía que irme por estar tarde. Tú tienes que entender que la puerta estaba abierta. Yo no forcé la puerta. A mi sorpresa, empiezo a sentir una falta de respeto a mi persona y como profesional. Yo conduzco estos procesos, los conduzco por Zoom, y tú esperas y le das la oportunidad a todo el mundo para que esté presente. Tu objetivo es que la gente participe, no es obviar a nadie arbitrariamente ni caprichosamente”. sentenció el ingeniero.

InDiario obtuvo un audio en el que se escucha al excandidato a la gobernación gritando tras prohibírsele participar de una reunión presubasta

Carlos Pesquera pide entrar tarde en presubasta y pierde el control cuando se le negó en Edificios Públicos

Ante el aumento de casos confirmados del virus de Oropouche (OROV) en países de las Américas, como Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Cuba, el Departamento de Salud de Puerto Rico emitió un aviso urgente a todos los profesionales de la salud de la isla. 

De acuerdo con un comunicado de prensa, este llamado a la acción busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz en caso de que el virus llegue a Puerto Rico. El secretario de la agencia, Carlos Mellado López, subrayó la importancia de que los profesionales se mantengan en estado de alerta y preparados. Además, destacó la necesidad de un monitoreo constante y de la pronta notificación de cualquier caso sospechoso para evitar la transmisión local del virus.

En Estados Unidos y Europa, se han reportado casos importados en viajeros provenientes de Cuba y Brasil, lo que ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a emitir alertas, de viaje para estas regiones.

A través de su Sistema de Vigilancia de Enfermedades Arbovirales, la agencia dice que se encuentra en alerta máxima y colaborando estrechamente con los CDC para validar una prueba diagnóstica en la isla. El virus de Oropouche, que se transmite principalmente por mosquitos, podría encontrar en Puerto Rico un ambiente propicio para su propagación debido a la presencia del mosquito Culex quinquefasciatus.

El virus tiene un período de incubación de tres a diez días, y sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, y dolor muscular y articular. Aunque la mayoría de los casos son leves, se han documentado complicaciones graves, como casos hemorrágicos y neuroinvasivos, así como riesgos para el feto en caso de transmisión vertical.

Hasta el 1 de agosto de 2024, más de 8,000 casos de OROV han sido confirmados en las Américas. Aunque no se han detectado casos en Puerto Rico, las condiciones ambientales actuales, como las lluvias intensas y las altas temperaturas, aumentan el riesgo de que el virus se registre en la isla.

Melissa Marzán, Principal Oficial de Epidemiología, recomendó a los proveedores de salud que consideren el historial de viaje de los pacientes en su evaluación clínica y notifiquen cualquier sospecha a la vigilancia de enfermedades arbovirales. Marzán también instó a la población a mantener las medidas preventivas contra las picaduras de mosquitos, tales como eliminar acumulaciones de agua y usar repelentes y mosquiteros.

El Departamento de Salud advierte a médicos y hospitales sobre la posible llegada de la enfermedad en medio de un incremento de casos en las Américas

Aumenta la vigilancia en Puerto Rico por virus de Oropouche

El Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó los reclamos presentados por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus representantes, quienes impugnaban la constitucionalidad de la Ley 165-2020 y la Orden Ejecutiva OE-2024-016 que convocan a un plebiscito durante las elecciones generales de Puerto Rico.

Este fallo judicial significa que los electores puertorriqueños tendrán la oportunidad de escoger entre tres opciones de estatus político en las urnas el próximo 5 de noviembre:la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación. 

La parte peticionaria, liderada por el PIP, perdió su caso al no poder demostrar que la Ley 165-2020, "Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020"  y la Orden Ejecutiva promulgada por el gobernador Pedro Pierluisi violentaron la doctrina de separación de poderes. En su análisis mayoritario, el Tribunal concluyó que la Asamblea Legislativa proveyó suficientes criterios y principios claros al delegar en el Gobernador la facultad de convocar el plebiscito mediante orden ejecutiva, y que esta delegación no fue arbitraria ni caprichosa.

En la opinión mayoritaria redactada por la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, se argumentó que la Ley 165 no solo era constitucional, sino que también estaba en línea con el mandato legislativo de hacer valer la voluntad del electorado expresada en plebiscitos previos. La jueza destacó que el Gobernador actuó dentro de los límites establecidos por la ley al convocar el plebiscito y que la Asamblea Legislativa había otorgado suficientes guías para esta delegación de poderes. Además, se rechazó la noción de que la Ley 165 careciera de estándares claros, argumentando que esta fue promulgada para responder a un mandato electoral, por lo que merecía deferencia.

Sin embargo, la jueza presidenta Maite Oronoz y el juez asociado Ángel Colón no estuvieron de acuerdo con la mayoría, por lo que expresaron en sendas opiniones disidentes su preocupación sobre la concentración de poderes en la figura del Gobernador. Ambos magistrados argumentaron que la Ley 165 delegaba poder excesivo al Ejecutivo, lo cual podría socavar el principio de separación de poderes y abrir la puerta a un posible abuso de autoridad. Particularmente, señalaron que la ley no proveía mecanismos suficientes para garantizar un control efectivo por parte de la Asamblea Legislativa sobre el proceso electoral.

Entretanto, el juez asociado Luis Estrella, dejó claro en una opinión de conformidad que coincidió con la mayoría en que la Ley 165-2020 y la Orden Ejecutiva eran constitucionales, pero enfatizó la importancia de que en futuras delegaciones legislativas se establezcan mecanismos de supervisión más robustos. Estrella destacó que aunque en este caso específico no se había excedido el mandato legislativo, era crucial que se mantuvieran claros los límites de cada rama del gobierno para preservar el balance de poderes.

La controversia llegó al Tribunal Supremo cuando, el 11 de julio de 2024, el PIP presentó una demanda impugnando la constitucionalidad de la Ley 165-2020 y la Orden Ejecutiva OE-2024-016. Alegaban que estas medidas violaban la doctrina de separación de poderes y otros derechos constitucionales. Argumentaron que la convocatoria del plebiscito mediante una orden ejecutiva constituía una delegación indebida del Poder Legislativo al Ejecutivo. Tras un proceso en el cual ambas partes presentaron sus alegatos, el Tribunal Supremo decidió en favor del Gobierno de Puerto Rico y sus representantes al reafirmar la legalidad de la convocatoria al plebiscito.

En una decisión 6-2, la mayoría de jueces pasaron juicio sobre si la ley y orden del gobernador para una nueva consulta de estatus eran o no válidas

El plebiscito sigue en pie tras derrota del PIP en el Supremo de Puerto Rico

Sin confirmar ni negar que la línea principal para que los ciudadanos de Puerto Rico puedan comunicarse con el servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sufrió una avería durante toda la mañana y parte de la tarde de ayer, miércoles, la agencia rindió cuentas sobre las 

denuncias recibidas por ciudadanos que confrontaron problemas con que su llamada fuera atendida.

"Nuestro cuadro telefonico se encuentra operando activamente. "De igual forma, nuestros centros de atencion a clientes", respondió en declaraciones escritas enviadas a 

 el vicepresidente de Planificación Estratégica, Arnaldo Jiménez, durante la tarde de ayer, miércoles. Acto seguido, este medio volvió a llamar y confirmó que el inconveniente había sido resuelto.

"La línea telefónica es el mecanismo más utilizado por nuestros clientes para realizar tanto sus gestiones de pago, autoservicio o ser atendidos por nuestros representantes. Por esta razón en ocasiones al llamar al (787) 620-2482 podría resultar en una llamada no completada debido al flujo de llamadas", explicó el directivo, quien reconoció que la infraestructura que utilizan para atender llamadas no es la mejor.

"Este sistema lleva en funcionamiento sobre 15 años, al mismo se le han realizado varias mejoras para su optimización. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentra actualmente realizando un proceso de solicitud de propuestas para mejorar esta infraestructura telefónica y brindar nuevas soluciones a todos sus clientes" concluyó Jiménez quien espera que las mejoras sean implementadas en un momento indeterminado durante el año 2025.

Las declaraciones del segundo al mando en la planificación estratégica de la AAA surgieron luego de que InDiario recibiera información de ciudadanos indignados porque trataban de comunicarse en innumerables ocasiones con el sistema automatizado de la AAA. Este medio constató mediante varias llamadas en la mañana y durante la tarde de ayer, miércoles que, en efecto, una grabadora era quien levanta la llamada para indicar que no podía aceptarlas.

"La persona con la que intenta comunicarse no acepta llamadas en este momento", era el mensaje que en repetidas ocasiones se escuchaba al intentar contactar a la agencia para hacer pagos, realizar querellas o llevar a cabo cualquier otra gestión vía telefónica.