En el Tribunal Supremo no hay Black Friday - OPINIÓN

Las denuncias sobre presuntas presiones a jueces tienen que investigarse hasta sus últimas consecuencias, y proteger la confianza en las instituciones

Por Juan Luis Camacho SemideiOpinión|

(Imagen retocada con Inteligencia Artificial)
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Hay cosas que en Puerto Rico pueden estar en oferta. Un televisor, una nevera, un automóvil y hasta esas promesas políticas que cada cuatro años aparecen con descuentos de credibilidad. Pero hay algo que jamás debería colocarse en una vitrina de liquidación: la independencia de nuestro sistema judicial.

La semana pasada, mi amigo Eddie López Serrano, abogado y comentarista político, provocó una controversia de grandes proporciones cuando, desde su programa Nación, transmitido por TeleOnce, compartió información que atribuyó a una fuente confidencial sobre supuestas gestiones de la gobernadora Jenniffer González Colón para influir en las decisiones de jueces del Tribunal Supremo relacionadas con el contrato de LUMA Energy.

Según lo expresado, presuntamente se habrían ofrecido beneficios a personas vinculadas a algunos magistrados para conseguir un resultado favorable a la posición del Gobierno.

Eddie utilizó una expresión particularmente llamativa para describir aquellos alegados ofrecimientos: “ofertas adelantadas de Black Friday”.

Y, como era de esperarse, la controversia no tardó en encender el debate público.

La gobernadora negó categóricamente los señalamientos. La Fortaleza los calificó de falsos y difamatorios. LUMA reclamó una investigación y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, defendió públicamente la independencia de la Rama Judicial.

Una cascarita que cayó como anillo al dedo

Pero a la gobernadora le cayó como anillo al dedo otra controversia que, por esas casualidades de nuestra política, surgió prácticamente al mismo tiempo.

La periodista Denisse Pérez, durante uno de sus espacios en la emisora Magic 97.3, aseguró que la gobernadora se había reunido aquella mañana con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en La Fortaleza, y que durante el encuentro se habían producido gritos entre ambas.

¡Tremenda exclusiva!

El problema era que, desde el día anterior, ya se discutía públicamente la ausencia de Roig Fuertes de sus funciones, incluso bajo versiones de unas vacaciones indefinidas. Y mientras se hablaba de aquella supuesta reunión en La Fortaleza, la secretaria se encontraba fuera de Puerto Rico, disfrutando de un crucero familiar.

En medio de las versiones sobre su paradero, ya circulaban fotografías de sus vacaciones. Su presencia fuera de la Isla fue confirmada posteriormente y la propia funcionaria regresa del crucero hoy.

Así que aquella descripción de una reunión presencial, con gritos incluidos, encontró un obstáculo bastante difícil de superar: una de sus protagonistas ni siquiera estaba en Puerto Rico.

La gobernadora no dejó pasar la oportunidad.

Ante los periodistas cuestionó cómo podía haberse reunido físicamente en La Fortaleza con alguien que se encontraba fuera del país.

Y ahí fue donde, a mi juicio, Jenniffer González aprovechó la cascarita en la que resbaló Denisse y se lavo las manos.

Amarró las dos controversias como yunta de pasteles navideños: la supuesta reunión con Suzanne Roig y los alegados ofrecimientos a jueces del Tribunal Supremo. Dos historias distintas, dos fuentes diferentes y dos asuntos de gravedad muy desigual, pero presentados bajo un mismo argumento: que se estaban difundiendo rumores falsos contra su administración.

Y políticamente le resultó conveniente.

Porque cuando una información se desploma ante una contradicción tan evidente, quienes tienen interés en desacreditar otras denuncias encuentran una oportunidad perfecta para cuestionarlas también.

Ahora bien, que Denisse Pérez haya presentado una versión incompatible con la ausencia de Roig Fuertes no demuestra que las alegaciones de Eddie López sean falsas. Como tampoco las convierte en ciertas.

Cada señalamiento tiene que evaluarse por sus propios méritos.

La mentira de uno, si se establece como tal, no puede convertirse en certificado de falsedad para todos los demás.

Y esa es precisamente la lección que también debemos aprender quienes trabajamos en los medios de comunicación: una fuente puede equivocarse, exagerar, mentir o tener intereses particulares. Nuestro trabajo consiste en corroborar, no simplemente repetir.

Porque cuando fallamos en esa responsabilidad, terminamos entregándole a quienes fiscalizamos la mejor herramienta para desacreditar nuestro propio trabajo.

Pero más allá de las fuentes confidenciales, de los desmentidos y de las estrategias de comunicación política, considero que debemos hacernos una pregunta mucho más importante:

¿Podemos permitir que una alegación todavía no demostrada erosione la confianza de los puertorriqueños en una de nuestras instituciones más importantes?

Mi respuesta es que no debemos permitirlo. Y eso no significa cerrar los ojos ante cualquier posible irregularidad.

La confianza no significa impunidad

Comencemos por lo fundamental.

Si las alegaciones resultaran ciertas, si efectivamente alguna persona intentó influir indebidamente en las decisiones del Tribunal Supremo mediante ofrecimientos, favores o presiones, el asunto debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin importar nombres, cargos, partidos políticos o jerarquías.

Aquí no puede haber inmunidad moral por ocupar La Fortaleza, vestir una toga o representar a una empresa poderosa.

Nadie está por encima de la ley. Ni la gobernadora, ni los jueces, ni los abogados, ni quienes ejercemos el derecho a expresarnos públicamente.

De comprobarse alguna actuación ilegal, quienes resulten responsables tendrán que enfrentar las consecuencias que correspondan conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Precisamente porque creo en nuestras instituciones, considero indispensable que cualquier señalamiento serio sea atendido mediante los mecanismos correspondientes.

La confianza institucional no se construye escondiendo las irregularidades. Se fortalece investigándolas, corrigiéndolas y sancionándolas cuando se demuestran.

Pero existe otra cara de esa misma moneda.

Si las imputaciones no encuentran sustento en los hechos, si no existe evidencia de las presuntas presiones, sería profundamente injusto permitir que una sospecha continúe proyectándose indefinidamente sobre la integridad de nuestro sistema judicial.

Porque las acusaciones pueden convertirse en titulares de un día, mientras el daño a la reputación de una institución puede permanecer durante años.

Nueve jueces, una institución

Tras la controversia, seis de los nueve integrantes del Tribunal Supremo rechazaron expresamente haber recibido acercamientos extrajudiciales relacionados con el caso de LUMA. Los demás magistrados adoptaron otras formas de respuesta o reserva, algo que tampoco puede interpretarse como confirmación de las alegaciones.

Y aquí quiero detenerme.

Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de nuestros jueces. Podemos cuestionar sus interpretaciones jurídicas, sus fundamentos y hasta la filosofía judicial que inspira sus determinaciones.

Eso forma parte de una democracia saludable.

Lo que no debemos hacer es convertir automáticamente nuestras diferencias con una sentencia en una acusación contra la honestidad de quien la suscribe.

Una decisión judicial adversa no equivale a corrupción. Una interpretación jurídica distinta no constituye evidencia de parcialidad. Y una alegación pública no es, por sí sola, una prueba.

Nuestro Tribunal Supremo está integrado por nueve seres humanos que, como todos, pueden equivocarse. Ninguno posee el monopolio de la razón y sus determinaciones están sujetas al escrutinio público y a la crítica jurídica.

Pero sus integrantes también han asumido una responsabilidad constitucional que merece respeto.

La jueza presidenta Maite Oronoz lo resumió de manera contundente al expresar que "la toga no responde a presiones ni a intereses particulares".

Esa afirmación debe ser mucho más que una expresión protocolaria.

Debe ser un principio que todos defendamos, especialmente cuando el ambiente político se encuentra cargado de sospechas y confrontaciones.

Las instituciones son más grandes que sus protagonistas

Los gobiernos pasan. Los gobernadores concluyen sus términos. Los legisladores cambian, los jueces se retiran y los comentaristas eventualmente dejan de ocupar los espacios de opinión.

Pero las instituciones permanecen.

Y es precisamente esa permanencia la que permite que una democracia sobreviva a las diferencias políticas, las controversias y las crisis.

Puerto Rico necesita instituciones fuertes, independientes y confiables. No porque sus integrantes sean infalibles, sino porque nuestra convivencia democrática depende de que existan reglas capaces de aplicarse a todos por igual.

No podemos caer en la tentación de medir la honestidad del Tribunal Supremo según el resultado de sus decisiones.

Si falla contra el Gobierno, no significa automáticamente que favorece intereses privados. Y si falla a favor del Gobierno, tampoco significa que sus jueces hayan cedido a presiones políticas.

La justicia no puede convertirse en una encuesta de popularidad ni su credibilidad depender de quién celebra una sentencia.

En el caso particular de LUMA, existen posiciones encontradas sobre el contrato, su legalidad, su desempeño y las consecuencias de una posible anulación.

Todas esas controversias merecen discutirse.

Pero el lugar para resolver los asuntos jurídicos es el tribunal, mediante los argumentos de las partes, el expediente judicial y la aplicación del Derecho.

No mediante llamadas, influencias, presiones mediáticas ni campañas destinadas a condicionar una decisión.

Y eso aplica por igual al Gobierno, a LUMA y a cualquier otro sector interesado.

No confundamos fiscalización con desconfianza

Hay quienes entienden que defender nuestras instituciones significa no cuestionarlas. Otros parecen creer que fiscalizarlas requiere asumir que todo está contaminado.

Ambas posiciones me parecen equivocadas.

Podemos exigir transparencia sin fomentar sospechas indiscriminadas. Podemos reclamar investigaciones sin emitir condenas anticipadas. Podemos defender la libertad de prensa sin renunciar al rigor que requiere la divulgación de acusaciones tan serias.

Y podemos, sobre todo, confiar en nuestro sistema judicial sin concederle un cheque en blanco a ninguno de sus integrantes.

La confianza verdadera no es ciega. Es una confianza acompañada de vigilancia, responsabilidad y respeto al debido proceso.

Por eso, más que escoger bandos entre Eddie López, Jenniffer González o LUMA Energy, deberíamos exigir que prevalezca la verdad.

Si ocurrió, que se investigue y se castigue conforme a la ley.

Si no ocurrió, que también quede esclarecido y que no permitamos que una controversia sin fundamento continúe debilitando la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

Y mientras se esclarece, no convirtamos una denuncia en una sentencia pública.

Nuestra confianza no está en liquidación

Vivimos tiempos en los que resulta demasiado fácil desconfiar de todo.

Desconfiamos de los políticos, de las agencias, de las promesas y, en ocasiones, hasta de las instituciones que fueron creadas precisamente para protegernos de los abusos del poder.

Pero una sociedad que pierde toda confianza en su sistema de justicia corre el riesgo de terminar creyendo que ninguna controversia puede resolverse justamente.

Y ese sería un daño mucho mayor que cualquier diferencia política sobre LUMA.

Por eso, en medio del ruido de esta semana pasada, quiero expresar algo que considero necesario: Puerto Rico tiene que preservar su confianza en la independencia de su Rama Judicial.

No porque debamos presumir que jamás puede ocurrir una irregularidad, sino porque contamos con principios constitucionales, procedimientos y mecanismos de responsabilidad que estamos llamados a defender y hacer cumplir.

Que se investigue lo que tenga que investigarse. Que se sancione lo que tenga que sancionarse. Que nadie sea protegido por su poder, pero que tampoco nadie sea condenado por una mera sospecha.

No permitamos que las controversias pasajeras destruyan la confianza en instituciones que deben servir a muchas generaciones.

Al final, las ofertas de Black Friday terminan cuando se agota la mercancía o llega el lunes.

Pero la Constitución no está en liquidación, la independencia judicial no admite descuentos y la confianza del pueblo no puede ponerse en oferta.

En el Tribunal Supremo no hay Black Friday.

Y así debe ser.

Juan Luis Camacho, Columnista de INDIARIO

Juan Luis Camacho, es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.