Supremo permite a Trump avanzar límites al voto por correo
La mayoría conservadora suspendió un fallo que frenaba la orden presidencial mientras continúa el litigio sobre su legalidad.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este lunes que la administración del presidente Donald Trump continúe, por el momento, con la implantación de partes de su orden ejecutiva dirigida a reforzar los controles sobre el voto por correo, al suspender una decisión de un tribunal inferior que había bloqueado varias de sus disposiciones.
La determinación representa una victoria provisional para la Casa Blanca a unas diez semanas de las elecciones de mitad de término del 3 de noviembre, aunque el Supremo no resolvió todavía si Trump posee la autoridad constitucional o legal para imponer las medidas. Esa controversia continúa pendiente ante los tribunales federales.
La decisión fue emitida por una votación de 6-3, con los seis jueces de tendencia conservadora en la mayoría y las tres magistradas liberales en desacuerdo.
El caso surge de la Orden Ejecutiva 14399, firmada por Trump el 31 de marzo, mediante la cual la Casa Blanca ordenó a varias agencias federales desarrollar nuevos mecanismos para verificar la ciudadanía de los electores y establecer controles adicionales para la distribución y manejo de papeletas enviadas por correo.
Supremo entiende que demanda fue prematura
Un grupo de 23 estados y el Distrito de Columbia acudió a los tribunales para impugnar las disposiciones y logró que una jueza federal en Massachusetts bloqueara parte de su implantación.
El Supremo, sin embargo, determinó que la impugnación se produjo prematuramente.
Según la opinión del máximo foro federal, la orden presidencial funciona en esta etapa como una directriz interna del Ejecutivo a las agencias federales y no obliga directamente a los estados a modificar sus leyes electorales.
“Ni requiere ni prohíbe nada a nadie fuera del Poder Ejecutivo”, señaló el Supremo al describir el alcance actual de la orden presidencial.
Ese razonamiento permitió a la administración Trump continuar desarrollando las medidas mientras los tribunales determinan posteriormente si alguna de ellas excede la autoridad presidencial.
La decisión, por tanto, no constituye una validación definitiva de las restricciones propuestas por Trump, sino que elimina temporalmente el impedimento judicial que frenaba su desarrollo.
¿Qué busca hacer Trump?
La orden presidencial contiene varias disposiciones dirigidas a reforzar la verificación de elegibilidad de quienes participan en elecciones federales.
Una de ellas instruye al Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, a preparar listas estatales de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que puedan utilizarse como herramienta para verificar la elegibilidad electoral.
Los estados no estarían obligados a adoptar esas listas.
Otra disposición ordena al Servicio Postal de Estados Unidos desarrollar reglamentos para establecer nuevos requisitos en el procesamiento de papeletas por correo, entre ellos el uso de sobres oficiales y códigos de barras individuales que permitan rastrear las papeletas.
La administración también pretende desarrollar listas específicas de electores autorizados para participar mediante voto ausente o por correo antes de que el Servicio Postal distribuya determinadas papeletas.
Además, la orden instruye al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones y posibles procesamientos relacionados con la distribución de papeletas a personas que no sean elegibles para votar en elecciones federales.
Trump ha defendido reiteradamente controles más estrictos sobre el voto por correo y sostiene que las salvaguardas actuales son insuficientes para garantizar la integridad de las elecciones.
La Casa Blanca argumenta que las medidas buscan impedir que personas que no sean ciudadanos estadounidenses participen ilegalmente en elecciones federales y aumentar la confianza pública en el sistema electoral.
Tres juezas liberales disienten
La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las tres integrantes liberales del Supremo, cuestionó la determinación y advirtió sobre el efecto que podría tener permitir cambios en los procedimientos electorales cuando faltan pocas semanas para las elecciones.
Jackson sostuvo que la decisión podría introducir “caos e incertidumbre” de cara a los comicios de noviembre y cuestionó cuándo, bajo el razonamiento de la mayoría, los estados tendrían entonces legitimidad para acudir a los tribunales a impugnar una acción presidencial que consideran una interferencia con sus procesos electorales.
El debate toca directamente la división constitucional de poderes en materia electoral.
Aunque el Gobierno federal regula determinados aspectos de las elecciones federales, los estados administran gran parte de los procesos electorales, incluidos numerosos procedimientos relacionados con el registro, las papeletas y el voto ausente.
Precisamente por eso, una de las interrogantes fundamentales del litigio es hasta dónde puede llegar un presidente mediante una orden ejecutiva sin invadir las facultades reservadas a los estados o al Congreso.
Victoria provisional para la Casa Blanca
Para Trump, la determinación del Supremo elimina por ahora uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba su iniciativa y permite a las agencias federales continuar trabajando en su implantación.
Pero la batalla judicial está lejos de concluir.
El Tribunal Supremo dejó expresamente sin resolver si el presidente tiene finalmente autoridad para imponer las medidas. Ese asunto continúa ante un tribunal federal de apelaciones y eventualmente podría regresar al propio Supremo.
La proximidad de las elecciones añade presión al litigio. Si los tribunales no producen una decisión definitiva antes del 3 de noviembre, todavía existe incertidumbre sobre cuáles disposiciones podrán implantarse completamente para los comicios de mitad de término.
Por ahora, la administración Trump obtuvo lo que buscaba de manera inmediata: poder continuar desarrollando su plan para reforzar los controles sobre el voto por correo mientras se decide en los tribunales hasta dónde llega la autoridad presidencial sobre las elecciones estadounidenses.
