Sonnell logra $15 millones con aval energético pendiente
Fuentes de INDIARIO colocan a Michael Ayala en las gestiones ante Vivienda; el expediente energético sigue sin aprobación final.
Por Redacción InDiario|Energía|
Una compañía surgida de un grupo empresarial conocido principalmente por sus operaciones de transporte y manejo de flotas obtuvo del Departamento de la Vivienda una asignación de $15.1 millones en fondos federales para desarrollar un proyecto de generación eléctrica en Bayamón, aun cuando su proceso para certificarse como compañía de servicio eléctrico y registrar la correspondiente microred permanece, según el expediente público, sin una aprobación final del Negociado de Energía.
Se trata de Sonnell Power Solutions LLC, filial energética de Grupo Sonnell, creada como parte de la incursión del conglomerado de transportación y logística en el negocio de energía.
El acuerdo con Vivienda fue registrado el 14 de julio de 2026, bajo el número 2027-DR0003, y compromete $15,097,180.20 en fondos del programa federal Electrical Power Reliability and Resilience (ER2), financiado mediante CDBG-DR Energy. El dinero está destinado al desarrollo del Luchetti Industrial Park Power Generation System, en Bayamón.
El proyecto contempla un sistema de generación combinada de calor y electricidad —CHP, por sus siglas en inglés— con capacidad proyectada de 7.3 megavatios, junto con un sistema de almacenamiento mediante baterías de 3 megavatios.
Pero una revisión de INDIARIO a los documentos de Vivienda y al expediente NEPR-CT-2025-0006 del Negociado de Energía revela una secuencia que levanta interrogantes sobre cómo avanzó la adjudicación gubernamental mientras la compañía todavía atravesaba un proceso regulatorio inconcluso.
Una empresa que comenzó en transporte
Sonnell Power Solutions comenzó a presentarse públicamente en el sector energético en 2022.
Ese año, la empresa estadounidense EnerVenue anunció un acuerdo con Sonnell Power Solutions, identificándola como una nueva subsidiaria de Grupo Sonnell, conglomerado que la propia compañía describió como dedicado históricamente a servicios de transportación y logística en Puerto Rico.
El acuerdo proyectaba inicialmente el despliegue de 40 MWh en sistemas de almacenamiento y un eventual crecimiento hasta 420 MWh. En aquel momento, Sonnell manifestó su intención de expandirse hacia clientes industriales, comerciales y gubernamentales.
Sin embargo, una búsqueda realizada por INDIARIO no identificó un sitio web corporativo ni redes sociales oficiales de Sonnell Power Solutions, tampoco contratos gubernamentales previos de energía bajo el nombre de la compañía. Fuera del acuerdo anunciado con EnerVenue en 2022, este diario tampoco encontró información pública que permita identificar proyectos energéticos concretos de escala comparable desarrollados por Sonnell. Esa limitada huella pública contrasta con la asignación de más de $15 millones que ahora recibe para el proyecto de Luchetti.
No obstante, el salto más significativo de Sonnell al sector energético gubernamental ocurrió con el programa ER2 del Departamento de la Vivienda.
Y el proyecto ni siquiera comenzó formalmente bajo Sonnell Power Solutions.
Primero fue Transporte Sonnell
En una moción presentada por la propia compañía ante el Negociado de Energía el 3 de noviembre de 2025, Sonnell informó que el 21 de agosto de ese año, a través de su afiliada Transporte Sonnell LLC, recibió una carta de Vivienda determinando que el proyecto Luchetti era viable y concediendo una asignación inicial de $15,317,599.
El documento establece expresamente que la comunicación fue recibida por Sonnell “through its affiliate, Transporte Sonnell, LLC”.
Posteriormente, el 16 de octubre de 2025, Sonnell notificó a Vivienda que pretendía cambiar la entidad del proyecto de Transporte Sonnell LLC a Sonnell Power Solutions LLC.
La empresa indicó que el cambio era “únicamente administrativo” y que no alteraba la propiedad ni otros aspectos esenciales del proyecto. Para noviembre de 2025, todavía esperaba la aprobación de Vivienda para formalizar esa sustitución.
Finalmente, el acuerdo registrado el pasado 14 de julio aparece ya a nombre de Sonnell Power Solutions y por una cuantía de $15,097,180.20, unos $220,000 menos que la asignación originalmente informada.
El Negociado encontró deficiencias
Mientras Sonnell avanzaba en sus gestiones ante Vivienda, enfrentaba un escenario distinto ante el regulador energético.
La compañía presentó el 15 de mayo de 2025 una solicitud para certificarse como compañía de servicio eléctrico y otra para registrar la microred de Luchetti.
Un mes más tarde, el Negociado determinó que ambas estaban incompletas.
La resolución del 18 de junio de 2025 señala que Sonnell había sometido documentos para acreditar sus recursos financieros y su capacidad humana y financiera, pero concluyó que la información era insuficiente.
También faltaban documentos relacionados con contratos o transacciones con la Autoridad de Energía Eléctrica u otras compañías eléctricas, permisos, autorizaciones y endosos, identificación y capacidad de las unidades de generación y otra información requerida por el Reglamento 8701.
Las deficiencias relacionadas con la microred eran todavía más extensas.
El Negociado identificó entre los documentos ausentes el diseño certificado de la microred, evidencia del derecho de Sonnell a utilizar las propiedades, información sobre el punto de interconexión, especificaciones de equipos, cumplimiento con códigos y estándares, plan operacional, modelo contractual, modelo de factura, sistema de facturación y estructura tarifaria propuesta.
El regulador fue más lejos y advirtió que la lista de documentos faltantes no era exhaustiva y que podrían requerirse nuevas aclaraciones luego de recibirse la información.
Tres extensiones y todavía sin aprobación pública
Sonnell recibió tiempo adicional para completar su expediente.
En agosto de 2025, el Negociado extendió el término hasta febrero de 2026. Posteriormente lo extendió hasta mayo.
Finalmente, en una resolución emitida el 18 de mayo de 2026, la agencia concedió a Sonnell hasta el 6 de agosto de 2026para entregar las enmiendas y documentos restantes relacionados tanto con su certificación como compañía eléctrica como con el registro de la microred.
La orden incluyó una advertencia directa: de incumplir con las resoluciones vigentes, el Negociado podía considerar las peticiones como no presentadas conforme a los reglamentos aplicables.
Ese término venció hace más de dos semanas.
Una revisión realizada por INDIARIO al expediente oficial del Negociado refleja actualmente seis documentos disponibles. Ninguno corresponde a una resolución posterior otorgando a Sonnell Power Solutions la certificación como compañía de servicio eléctrico ni aprobando finalmente el registro de la microred.
Esto no significa necesariamente que Sonnell haya incumplido ni que la compañía estuviera obligada a tener completado todo el trámite antes de firmar el acuerdo con Vivienda.
De hecho, el propio Grant Agreement contempla que obtener la certificación correspondiente y el registro de la microred forma parte de las obligaciones y entregables que deberá completar la beneficiaria antes de colocar el proyecto en servicio.
Pero sí plantea una pregunta de política pública: ¿qué nivel de evaluación técnica y financiera realizó Vivienda antes de comprometer más de $15 millones con una empresa que todavía no había completado su proceso regulatorio ante el Negociado de Energía?
Fuentes señalan a Michael Ayala
A ese cuadro se añade ahora otro elemento.
Fuentes de INDIARIO vinculadas al proceso señalan al asesor y gestor gubernamental Michael Ayala Carrión como una de las personas que habría realizado gestiones para impulsar el proyecto de Sonnell dentro del Departamento de la Vivienda.
Según estas fuentes, Ayala mantiene un nivel significativo de influencia y acceso dentro de la agencia y habría intervenido en las gestiones relacionadas con la otorgación.
INDIARIO no ha obtenido hasta el momento documentos públicos que prueben que Ayala representó formalmente a Sonnell, que recibió compensación de la empresa o que intervino directamente en la decisión de adjudicar los fondos. Por esa razón, el señalamiento se presenta como información atribuida a fuentes y no como un hecho establecido documentalmente.
Sin embargo, la presencia de Ayala en gestiones ante Vivienda no sería un señalamiento nuevo.
Una investigación publicada en marzo por el Centro de Periodismo Investigativo indicó que cuatro fuentes distintas identificaron a Ayala como cabildero, pese a que no figuraba inscrito como tal en el registro del Departamento de Justicia. Dos de esas fuentes lo ubicaron realizando gestiones para IEM, empresa contratista del Departamento de la Vivienda en asuntos de reconstrucción. (Reportaje del Centro de Periodismo Investigativo)
Ayala mantiene además una relación profesional con el Gobierno.
A través de Stonepath Solutions, aparece vinculado a un contrato de $144,000 con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para prestar servicios que incluyen relaciones intergubernamentales y legislativas, coordinación de reuniones y manejo de “proyectos complejos”.
El CPI lo ha descrito además como colaborador cercano de la gobernadora Jenniffer González y amigo de Francisco Domenech.
Esos antecedentes no prueban una intervención en el caso Sonnell, pero refuerzan la pertinencia de determinar si Ayala participó en reuniones, llamadas, comunicaciones o gestiones relacionadas con la adjudicación del proyecto ER2.
Un proyecto que también cambió
El expediente revela además que el proyecto seleccionado originalmente sufrió modificaciones importantes después de la adjudicación inicial.
Sonnell informó al Negociado que luego de recibir la determinación de viabilidad de Vivienda propuso cambiar el combustible de gas natural licuado —LNG— a gas licuado de petróleo —LPG—, además de incorporar una fuente alternativa de combustible y unidades adicionales de CHP dentro del Parque Industrial Luchetti.
La compañía entregó a Vivienda un nuevo estimado independiente de costos, un alcance revisado, análisis de viabilidad técnica y financiera, planos actualizados y documentación ambiental modificada.
La secuencia abre otra interrogante: cuánto cambió el proyecto que originalmente compitió por los fondos frente al que finalmente quedó incorporado al acuerdo de julio de 2026.
En medio de otro escándalo energético
El acuerdo con Sonnell sale a la luz precisamente cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por otro proyecto de generación eléctrica: el contrato de generación temporera con Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor, posteriormente cancelado en medio de controversias sobre el proceso utilizado y las representaciones efectuadas durante su trámite.
Los casos son distintos.
El acuerdo de Sonnell es una subvención federal bajo CDBG-DR, no un contrato de compraventa de energía como el de Power Expectations.
Tampoco existe, hasta ahora, evidencia que vincule a Sonnell con las irregularidades alegadas en aquel caso.
Pero ambos episodios colocan nuevamente sobre la mesa el mismo asunto: la debida diligencia aplicada por el Gobierno cuando nuevos actores entran al negocio energético con proyectos financiados o respaldados mediante recursos públicos.
En el caso de Sonnell, quedan preguntas concretas.
- ¿Por qué el proyecto fue seleccionado inicialmente a través de Transporte Sonnell?
- ¿Qué criterios utilizó Vivienda para autorizar posteriormente el cambio hacia Sonnell Power Solutions?
- ¿Qué experiencia técnica acreditó la compañía?
- ¿Quiénes son sus contratistas, ingenieros y operadores?
- ¿Quién financia la parte del proyecto que no será pagada con fondos federales?
- ¿Qué ocurrió con el plazo del 6 de agosto ante el Negociado?
- ¿Y qué participación, si alguna, tuvo Michael Ayala en las gestiones que culminaron con la asignación?
Los documentos examinados por INDIARIO no establecen, por sí solos, una ilegalidad. Sí dejan abiertas preguntas relevantes sobre cómo una empresa con limitada trayectoria pública en el sector energético terminó recibiendo una asignación de más de $15 millones.
El expediente confirma que Vivienda comprometió esos fondos con una filial energética surgida de un grupo empresarial dedicado históricamente a la transportación; que el proyecto fue canalizado inicialmente mediante otra compañía del mismo grupo; y que la certificación como compañía eléctrica y el registro de la microred todavía no aparecen aprobados en el expediente público del Negociado de Energía.
A ese cuadro se suma ahora otro elemento: fuentes de este diario colocan a Michael Ayala entre las personas que habrían realizado gestiones relacionadas con el proyecto dentro del Departamento de la Vivienda.
Determinar cuál fue su participación, si alguna, requerirá revisar comunicaciones, calendarios, reuniones y documentos internos del proceso de evaluación y adjudicación. Esos documentos también deberán aclarar qué criterios utilizó Vivienda para validar la experiencia, capacidad técnica y estructura del proyecto antes de comprometer una asignación millonaria.
Hasta que esas respuestas aparezcan, el expediente deja una pregunta central sin resolver: cómo llegó Sonnell Power Solutions hasta una asignación de más de $15 millones, sin experiencia, y mientras todavía quedaban asuntos regulatorios pendientes y dudas sobre el proceso que la llevó hasta allí.
